El tono de las críticas crece. La intención del Gobierno de aprobar su contrarreforma laboral en el Consejo de Ministros del próximo viernes ha disparado las alertas en el sector empresarial. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha rechazado este lunes las formas en las que el Gobierno ha planteado cambios laborales por la vía del Decreto Ley, que ha tachado de "electoral" y de "contrato de adhesión" que no les deja "estar en la palabra o en el diálogo social".
Antes de intervenir en Sevilla en un desayuno de trabajo con el presidente de ATA, Lorenzo Amor, Garamendi ha dicho a los periodistas: "No es que se llegue a un acuerdo o no, lo que no se puede es plantear un diálogo social y que te manden un papel el viernes y que el miércoles te digan que el viernes va a ir un decreto ley". A su juicio, "eso no es un diálogo social", un diálogo social es hablar y es dialogar, y la diferencia entre un proyecto de ley y un decreto ley es que en un proyecto de ley existe "la capacidad de audiencia" para explicar, al tiempo que se pueden cambiar las cosas, mientras que un decreto ley "es un contrato de adhesión.
Asimismo, CEOE y Cepyme recordaron la semana pasada que la Constitución Española limita el recurso al real decreto-ley a los supuestos en que concurra "una extraordinaria y urgente necesidad", además de excluir una serie de materias para poder legislar mediante esta figura, especialmente "los Derechos, Deberes y Libertades de los ciudadanos regulados en el Título 1". Por ello, según los empresarios, el recurso a este instrumento cuando ya se ha anunciado la disolución de las Cortes supone "la relegación del poder legislativo a un papel pasivo y empobrece la calidad democrática del país".
Por su parte, Lorenzo Amor también ha acusado este lunes al Gobierno de "poner en riesgo la calidad democrática" de las instituciones al intentar sacar adelante cambios en materia laboral y de pensiones cuando se han disuelto las Cortes Generales en España. Amor ha criticado la "urgencia" del Ejecutivo de Pedro Sánchez para aprobar dichos cambios mediante reales decretos en el "minuto de descuento de la legislatura" al estar convocadas las elecciones generales para el 28 de abril.
Al estar disueltas las Cortes funciona la Diputación Permanente en el Parlamento, pero, según el responsable de ATA, efectuar dichos cambios laborales y de pensiones de esa forma es "secuestrar la capacidad democrática de las Cortes" y también el diálogo social. Por ello, ha arremetido contra la intención del Gobierno de "legislar a golpe de Real Decreto en el último minuto por oportunismo electoral" y ha abogado por esperar a que pasen las elecciones para hacer cambios de ese calado.
En este sentido, Lorenzo Amor ha apostado por recuperar el "espíritu de la Transición" para alcanzar acuerdos en los grandes asuntos, ya que a España "le ha ido bien con ese modelo" desde los Pactos de la Moncloa. Ha deseado que tras las elecciones generales salga un gobierno fuerte, aunque ha reconocido que nos enfrentamos a una "situación delicada desde el punto de vista económico y político en los próximos meses".