No habrá recomendación oficial del Pacto de Toledo en esta extrañísima legislatura. Al menos para eso ha servido esta última pirueta de Pedro Sánchez, adelantando de forma inesperada la cita con las urnas.
También le hemos podido sacar fruto a la negativa de Podemos a aceptar los principios económicos más básicos. En sus cinco años de existencia, dinamitar este acuerdo es lo más útil que ha hecho el partido morado por la sociedad española. Cierto, lo ha conseguido por la vía del absurdo: para imaginar lo descabelladas que eran las pretensiones de los de Iglesias sólo hay que saber que el resto de los partidos se han negado a suscribirlas. Si este PSOE (o los nacionalistas catalanes o Compromis) no te sigue en este tema es que ha llegado el momento de pasar por el psiquiatra o por clase de matemáticas de tercero de primaria. Probablemente, por los dos.
El Pacto de Toledo se ha convertido en la gran mentira de la democracia española. Se instituyó, hace más de veinte años, con el objetivo declarado de traer a nuestro país algunas de las buenas prácticas de los Parlamentos de las democracias del norte de Europa. En parte, era esa manifestación de catetismo ilustrado que tanto gusta a los políticos españoles; pero también tenía un lado bueno. Lo habían hecho los suecos a comienzos de los 90 -una reforma en profundidad de su Estado de Bienestar, su sistema tributario y su modelo de pensiones, con muchos acuerdos, participación de los técnicos y un nivel de demagogia controlado- y alguien debió pensar que quizás podía funcionar aquí también.
Ya sabemos que no es cierto. El Pacto de Toledo se estableció, en teoría, con un triple objetivo (despolitizar el debate – aprobar reformas a largo plazo – dar información al ciudadano)… que nunca se cumplió.
Para empezar, no hay ningún tema más politizado que el de las pensiones. Ninguna otra cuestión que esté más presente en campaña, que genere más demagogia y en la que las cifras reales importen menos.
Sobre las reformas a largo plazo, más de lo mismo. Ya no es sólo que sea evidente que ningún partido lo pretende; es que, además, las dos únicas veces en las que un Gobierno se ha visto obligado a hacer algo (y en los dos casos lo hicieron a regañadientes y empujados por Bruselas) el principal partido de la oposición votó en contra y se subió al carro del populismo de las pensiones. En 2011 fue el PP y en 2013 el PSOE: en los dos casos, demostraron que la solidad a largo plazo del sistema les importa una higa.
Y sobre lo de la información al ciudadano, sería para reírse si no fuera tan trágico. De la "hucha" a la "separación de las fuentes de financiación": todo lo ocurrido desde mediados de los 90 se resume en una ficción retórica. Es que ni siquiera lo de la carta lo han cumplido, esa promesa de enviar cada año un resumen con las cifras reales de la pensión futura.
Todo es mentira. ¿Habría sido bonito ver en España una reforma a la sueca? ¿Con acuerdo, cifras reales, un cambio sustancial en el sistema y reparto de costes entre generaciones? Pues quizás sí. Pero ya sabemos que no lo habrá, así que lo mejor es dejarnos de historias. Que lo cierren de una vez por todas y se acabe ya este paripé.
Las propuestas
De hecho, lo filtrado a la prensa en los últimos días es sólo la confirmación de lo peor que ha traído a nuestra vida política este Pacto de Toledo. Muy pocos cambios reales, nula perspectiva a medio-largo plazo, ninguna intención de tocar un tema sensible como es el reparto de las cargas entre generaciones y mucho humo para ocultar al ciudadano las consecuencias reales de las únicas medidas racionales planteadas. Un humo que desbarata esas mismas medidas, porque si no le dices al jubilado del futuro cuál será su situación, una propuesta razonable (ampliar al período de cálculo) acaba convirtiéndose en una trampa.
Lo normal es que ahora comience la ceremonia de la confusión habitual en estos casos. Con todos los partidos intentando que los periodistas les compren su versión y acusando al de enfrente de haberse cargado el Pacto por haber obligado a incluir las medidas más polémicas o por haber vetado alguna propuesta todavía más electoralista.
No es nuestro objetivo entrar en ese juego. Por eso, vamos a partir de las 19 medidas que le filtraron a EFE y que la agencia publicó el pasado martes. Salvo que alguien diga lo contrario (y hasta ahora nadie lo ha hecho) es razonable suponer que era el documento base sobre el que casi hay acuerdo. De hecho, no hay más que leer esas propuestas para intuir, tras su mediocridad, el sello del Pacto de Toledo: habría sido un documento digno hijo de tal padre.
En realidad, hablamos de 19 medidas que se convierten en 18, porque una de ellas no tiene un reflejo directo en el sistema. Es la petición de "rendir cuentas al Pacto de Toledo: que el Gobierno de turno cada año dé cuenta del cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo e informe de las medidas que piensa implementar para cumplirlo".
Las demás, podemos clasificarlas en seis grandes apartados (el orden es nuestro):
i) Trilerismo presupuestario
1. Déficit de la Seguridad Social: acabar con el déficit y con la política de préstamos del Estado en 2025 y valorar que el Estado contribuya a financiar los déficit de los regímenes especiales.
2. Separación de fuentes de financiación: el Estado abonará con transferencias directas los gastos impropios del sistema, como bonificaciones y prestaciones como maternidad o paternidad, complementos a mínimos y ayudas universales de sanidad o servicios sociales.
3. Aportación del SEPE: estudiar la conveniencia de redistribuir los porcentajes de cotizaciones sociales elevando los destinados al sistema de pensiones y reduciendo el dirigido al SEPE (Servicio Público de Empleo).
4. Deuda histórica: resolver la situación de los préstamos concedidos por el Estado a la Seguridad Social, analizando compensarlos con el traspaso de patrimonio e inmuebles a las administraciones (Comunidades Autónomas) sin menoscabo de los derechos económico-patrimoniales de la Seguridad Social.
5. Pensiones de viudedad: las mejoras en la base de reguladora deben ser financiadas por transferencias del Estado. Deben mejorar para mayores de 65 para los que sea su principal fuente de ingresos y, en cambio, establecer una prueba de rentas que evalúe la situación financiera de la unidad familiar en el resto de los casos.
La primera medida, ésa que habla de "acabar con el déficit de la Seguridad Social" ya nos debería poner sobre aviso. Porque esto no quiere decir contener el gasto o incrementar los ingresos. Lo que proponen los miembros de la Comisión es mandar al Presupuesto General del Estado todas las partidas posibles para que allí se paguen vía impuestos. Y lo mismo ocurre cuando hablan de que el Estado se haga cargo de "los gastos impropios" del sistema.
Decir esto sin incluir al mismo tiempo qué otros capítulos del Presupuesto hay que reducir o qué impuestos hay que subir se parece mucho a un mero juego contable. Trilerismo presupuestario y algo demagógico. Pasarle la patata caliente a otro.
No es que esté mal racionalizar algo la organización del Presupuesto. Los parches sucesivos, las medidas de medio pelo y las promesas sin financiación han logrado que nadie sepa muy bien qué ingresos y qué gastos tiene el sistema. También es verdad que, como decía Cristóbal Montoro hace sólo unos meses, al final todos los impuestos van al mismo sitio y de allí salen también todos los gastos.
El problema no es, por lo tanto, mover cajas en el Presupuesto. El problema es que eso (que no es más que una cuestión de organización) se venda como parte de la solución y se use para mandar el mensaje de que el déficit de las pensiones se ha resuelto. Eso es lo que quieren los partidos con su "separación de fuentes", eludir los titulares anuales de "el déficit de las pensiones asciende a XXXX millones" y lograr, de esta manera, que la presión para una reforma se modere. No son remedos de Marie Kondo buscando un poco más de claridad en los números; es demagogia oculta tras una falsa reforma.
ii) Nuevas reglas
6. Período de cálculo: se amplía más allá de los 25 años a los que se llegará en 2022, llegando incluso a toda la vida laboral, y permitiendo escoger los años más favorables en casos de largas carreras de cotización.
7. Edad de jubilación: acercar la edad real de jubilación a la edad legal, endureciendo los requisitos para acceder a la anticipada e incentivando el envejecimiento activo.
Las dos únicas medidas realmente imprescindibles de todo lo conocido hasta ahora. En un sistema de reparto como el español, con la demografía que tenemos y que tendremos, eran ineludibles.
¿Cuál es el problema? Pues de nuevo, la retórica. Lo que se dice y lo que no. Para empezar, que alguien debería reconocer lo obvio: esto es una quiebra, con quita e incumplimiento de promesas, de la Seguridad Social. ¿Imprescindible? Sí. ¿Necesaria? También. Pero quiebra al fin y al cabo. Al menos que lo digan para que sepamos que en esto consiste el sistema. Si una entidad privada intentara hacer lo mismo, sus responsables acabarían en prisión.
Pero hay más. Este cambio en las reglas del juego tendrá una consecuencia: pensiones más bajas cada mes para los afectados, los trabajadores que se jubilen dentro de 10-15-20 años. Las tasas de sustitución respecto al último salario que disfrutaron sus padres ya no volverán. No tendrán el 75-80% del sueldo; iremos más bien a un entorno del 50-60%. Si nadie se lo dice (otra vez la famosa carta) muchos sólo lo sabrán poco antes de su retiro, con poco margen para hacer algo. Por eso lo decíamos anteriormente, incluso en lo que está bien se esconde una trampa muy peligrosa.
iii) Brindis al sol
8. Revalorización de las pensiones según el IPC real (con la media de la inflación anual).
9. Suficiencia: concretar qué es una pensión suficiente, con un mecanismo que puede ser una tasa de sustitución que relacione la pensión media del sistema con el salario medio de los trabajadores.
10. Fondo de Reserva: situar su dotación mínima en el 7% del gasto anual en pensiones contributivas y sujetarlo a una regla endurecida de disponibilidad.
Esto es, directamente, la nada. Prometer a los trabajadores que las pensiones del futuro no bajarán nunca de tal cantidad o que se revalorizarán con el IPC es mentirles. No porque no vaya a suceder (quizás lo consigan, aunque yo lo dudo) sino porque es algo que nadie tiene en su mano. Las pensiones se pagan con cotizaciones; por lo tanto, habrá pensiones mientras haya 20-22-24 millones de puestos de trabajo y sueldo altos. Si no hay cotizaciones, diga lo que diga el Pacto de Toledo, habrá que bajar las pensiones. En Grecia no había una ley que dijera que los pensionistas podían perder el 40% de su prestación… y eso es lo que ha ocurrido.
El colmo de la demagogia llega con esa mención al Fondo de Reserva (la hucha que no es tal) y su propuesta de que tenga una dotación del 7% del gasto anual (unos 10.000 millones). Como si eso fuera a ser una garantía de algo. Mantener la ficción de la hucha con tal de no decir la verdad al pensionista de ahora y al del futuro. Si algo define al Pacto de Toledo son estas tres propuestas.
iv) ¿Contributivo?
11. Pensiones mínimas: incremento hasta un umbral mínimo pero de forma equilibrada, para que las nuevas cuantías complementarias no sean superiores a las que marquen las mínimas de las pensiones no contributivas para no desincentivar la cotización.
Puede parecer una discusión filosófica, pero tiene su importancia. De nuevo, el acuerdo facilón y el titular electoralista: "Subirán las mínimas". Sin tener en cuenta lo que ocurre. Porque además no es sólo esta medida. Suben las mínimas, se mantienen capadas las máximas y se van subiendo año a año las bases de cotización. El modelo deja de ser contributivo, no de golpe, sino mordisco a mordisco, y parece que nadie se entera.
Y decían que el Pacto de Toledo tenía como objetivo incrementar la "transparencia" del sistema… pues eso.
(v) Ingresos como sea
12. Lagunas de cotización: el Estado debe compensar la falta de cotización de colectivos, como las mujeres que cuidan de personas dependientes, con medidas para evitar los vacíos de cotización involuntaria, permitiendo el "traslado o reparto" de cotizaciones.
13. Control del fraude: luchar contra la economía sumergida para que afloren empleos en ámbitos específicos, como el de empleados del hogar, y proteger a los colectivos vulnerables, como los becarios, trabajadores sin afiliación o autónomos económicamente dependientes (trade).
14. Jóvenes: garantizar las carreras de cotización de los jóvenes que trabajan de forma discontinua y mejorar el control de la inspección de trabajo sobre los becarios.
15. Autónomos: que los autónomos coticen por sus ingresos reales, mejorando también la protección del colectivo y con derechos como jubilación anticipada y el trabajo a tiempo parcial.
16. Sistemas especiales: culminar su integración en el Régimen General, analizando los incentivos (bonificaciones o reducciones) para ver si es necesario mantenerlos o reordenarlos y simplificarlos.
Hay que conseguir cotizaciones como sea. Fraude, autónomos, sistemas especiales… Es cierto que el queso gruyere en el que se ha convertido la Seguridad Social además es injusto, porque permite tratos privilegiados a determinados colectivos, a los que asegura prestaciones más altas que las que se merecen por sus cotizaciones. Eso sí, con dos advertencias: 1) esto no servirá de mucho, el extra de recaudación no dejará de ser un parche para un agujero mucho mayor; y 2) para estos colectivos supondría un coste añadido que, sobre todo en el caso de los autónomos, dañaría (y mucho) su negocio.
(vi) Novedades (si se pueden llamar así)
17. Previsión social complementaria: fomentar planes de pensiones empresa de pensiones vinculados a los organismos sin ánimo de lucro sin descartar incentivos fiscales.
18. "Impuesto al robot": encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales, teniendo en cuenta que la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no un aumento del empleo.
Una idea buena que, con esta redacción queda en nada, y una boutade absurda, de esas que llenan titulares pero no significan nada, que permiten frases grandilocuentes porque están vacías de contenido.
Lo primero, lo de impulsar los planes de empresa, podría ser el camino de la reforma que necesitamos. No saldría gratis (nada lo es, como recordaba el señor Friedman) pero podría ser una forma de que los jóvenes de 2020, los que van a tener que pagar unas pensiones muy altas que ellos no cobrarán (ni en términos de PIB ni en relación a su último salario) vayan llenando un pequeño colchón para ese momento. No es la panacea, pero algo es algo. El problema: ni siquiera una medida así, que no debería molestar a casi nadie, está encima de la mesa. Se intuye que, si se hace, se hará a medias, beneficiará a los trabajadores de las grandes empresas (los que menos lo necesitan porque ya tienen los sueldos más altos) y sin un esquema integral. Me gustaría equivocarme. Lo tienen muy fácil los partidos, con el sistema vasco, el británico, el holandés o el danés: modelos todos ellos muy sólidos con los que paliar (sólo paliar) el problema a medio plazo.
Sólo con que idearan algo imaginativo por aquí y lo mezclasen con un poco de información al jubilado del futuro y un reparto de costes entre generaciones algo más equilibrado (es decir, que los pensionistas del presente también sufran una pequeña merma en la revalorización), ya podría justificar el Pacto su existencia. Tampoco pedimos nada exagerado. Si en realidad, no hay muchas opciones. La realidad es la que es. Pues bien… ni eso.
Lo otro, lo del impuesto al robot, es tan absurdo que no merece la pena casi ni comentarlo. ¿Qué es un robot? ¿Una lavadora? ¿Un coche autónomo? ¿Qué empleos va a destruir? Si es cuestión de tener empleos a los que no les afecten los avances tecnológicos, podemos prohibir el tractor y las cosechadoras. Y volveríamos a sembrar, arar y cosechar a mano. En vez de un tipo sentado en una máquina y que se vale él solo para unas cuantas decenas de hectáreas, tendríamos a 35-40-45 personas para el mismo terreno. Ya hemos multiplicado el trabajo por 35. Lo voy a dejar aquí: para que los miembros de la Comisión tengan algo en lo que pensar este fin de semana.
No se engañen, detrás de la cortina de humo de los robots, lo que se esconde es la misma solución de siempre: subir los impuestos a las empresas para que sean ellas las que paguen el pato. Como si esto no fuera a tener efectos secundarios. Por cierto, que los países con más robots y más tecnología del mundo (de Corea a Singapur, pasando por Alemania, Japón o Dinamarca) no tienen precisamente problemas de empleo o sueldos bajos. Si todo lo que se les ha ocurrido, tras tres años de trabajos, es poner más trabas y costes precisamente al tipo de economía-empresa-sector que más necesitamos… está claro que la petición de cierre del Pacto de Toledo con la que comenzábamos este artículo es más necesaria que nunca.