Este viernes se ha producido en Madrid el desalojo de Argumosa, 11, un bloque de viviendas cuyos inquilinos habían dejado de pagar y cuyos propietarios están viviendo un calvario por el acoso de vecinos y plataformas antidesahucios, como contó Libre Mercado.
La Policía Nacional ha detenido al menos a seis personas que intentaban impedirles actuar. La zona ha sido acordonada para cumplir el lanzamiento, entre gritos de "vergüenza" de las más de 200 personas concentradas.
Varias personas han retirado los carteles reivindicativos que colgaban en los balcones de los pisos y a colocar videovigilancia.
En la protesta han estado el diputado de Podemos Raúl Camargo y el edil de Ahora Madrid Pablo Carmona, que han instado al Ayuntamiento de Madrid a expropiar el edificio para que tenga una "función social" y generar así un "símbolo" contra la especulación inmobiliaria.
Según Carmona (Ganemos), el inmueble se puede expropiar declarándolo de utilidad pública. En su opinión, defender un inmueble "atacado por la especulación inmobiliaria" y reclama que se valore está opción por parte de la Junta de Gobierno municipal, para crear así "un símbolo" de defensa al ciudadano ante intereses económicos.
Herramienta de propaganda gubernamental
En su comparecencia, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha colado el asunto entre los temas que habitualmente toca cuando resume los acuerdos del consejo de gobierno: "Lamentamos que la palabra desahucio vuelva a estar presente", ha dicho antes de lamentar que la política no haya "llegado a tiempo".
Según Celaá, su Gobierno habría evitado situaciones como la de hoy si hubiera logrado aprobar el decreto ley sobre el alquiler, que incluía, ha dicho, la elaboración de informes sobre vulnerabilidad de inquilinos y comunicación previa para que hubiera "soluciones antes de verse expulsados". "Las propuestas de nuestro Gobierno hubieran hecho imposibles imágenes y realidades como las de hoy", ha dicho la ministra.