Pedro Sánchez ha convocado elecciones para el próximo 28 de abril. Mejor tarde que nunca. Aunque, en este caso, cada día que pasa encarece la factura que vamos a pagar todos los españoles. Recuerdo defender hace siete meses la estabilidad institucional como principal argumento en contra de la moción de censura que Sánchez sacó adelante. Es cierto que el Gobierno de Mariano Rajoy había dejado de lado las reformas estructurales que le salvaron durante la primera legislatura. También es cierto que Luis de Guindos, el partícipe de las más relevantes, llevaba varios meses mirando hacia el Banco Central Europeo, y, por tanto, primando la paz social e institucional antes que los intereses del país.
Sin embargo, la recuperación comenzaba a llegar a la economía real. Los datos agregados de salarios marcaban máximos precrisis, el empleo privado crecía a un ritmo considerable y el sector exterior ejercía de motor económico, mostrando la capacidad reunida durante los años de crisis para mejorar nuestra competitividad exterior vía exportaciones de valor añadido.
Sólo siete meses después, la panorámica ha cambiado radicalmente. En los próximos meses España se enfrentará a una desaceleración internacional, en la que Europa se ve especialmente afectada, con un Gobierno como el de Pedro Sánchez, que no sólo ha sido incapaz de gestionarla, sino que la está importando al país.
Afortunadamente, los Presupuestos no han sido aprobados. Creo que, a pesar de las medidas de incremento del gasto ya implementadas -subida de sueldos públicos, revalorización de las pensiones, etc.-, la disyuntiva no era entre las dimensiones del ajuste fiscal. En realidad, el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados se votó entre la España más intervenida -y decadente- de las últimas décadas o seguir una inercia que nos sitúa entre interrogantes a nivel internacional.
La pregunta nunca ha sido a cuánto va a ascender el ajuste fiscal para cumplir los acuerdos con Bruselas. Más bien, las preguntas son otras: i) quién va a llevar a cabo dicho ajuste; ii) hasta qué punto una economía a medio reformar, como la nuestra, podía soportar incrementos de gasto consolidables para los próximos años por valor de más de 12.000 millones de euros.
La negativa a los Presupuestos Generales del Estado y la posterior convocatoria de elecciones generales es como una bengala divisada a lo lejos por un barco perdido en medio del océano y en mitad de la noche. La economía española ha dejado de presentar rasgos de estabilidad con perspectivas al alza a claras perspectivas a la baja. Y esto no es atribuible al entorno internacional, ni a los vaivenes comerciales entre Estados Unidos y China. Más bien es una dejadez de funciones en toda regla del Gobierno de Pedro Sánchez.
Los indicadores adelantados de actividad interna ajenos al ciclo electoral muestran patrones evidentes de agotamiento:
- La matriculación de vehículos, que ya advertíamos en el verano que iban a caer durante uno o dos meses por el efecto adelanto de las compras por el cambio de legislación medioambiental, en realidad, ha caído durante los últimos 4 meses del 2018 y un llamativo 8% en enero de 2019. El crecimiento acumulado durante 2018 asciende al 7%, frente al 8,5% de 2017
- Los indicadores de producción industrial también arrojan perspectivas a la baja. El índice de producción industrial lleva dos meses en terreno negativo, cifras contrapuestas a las mostradas los mismos meses de 2017. Llama especialmente la atención el desplome de la producción de bienes de consumo duradero, que caen un 5%.
- España nunca ha sido una economía orientada a la exportación, pero si alguna vez nos hemos acercado a ello ha sido durante la recuperación de la última crisis. Y lo que tanto trabajo nos ha costado construir se esfuma con una política que parece hecha a medida para desdibujar nuestra credibilidad internacional. Los últimos datos de exportaciones disminuyen a la mitad el ritmo de crecimiento de nuestro sector exportador en el mes de noviembre de 2018 con respecto al mismo dato de 2017. La tendencia es evidentemente a la baja.
- Esto tiene especial repercusión cuando los precios del sector industrial se desploman por un petróleo barato y pronto entrarán en la deflación. España nunca ha mejorado su sector exterior vía competitividad-precio, sino vía generación de valor.
- Con estos datos no es difícil saber qué está ocurriendo con la demanda de electricidad, uno de los indicadores adelantados más fiables para medir la actividad económica. El desplome del 4,4% en el mes de diciembre llama especialmente la atención cuando observamos el +4,1% del mismo mes de 2017. La tendencia desde septiembre habla por sí sola.
El PIB crece a un ritmo considerable porque la administración central y las administraciones regionales -únicas para las que existe información mensual- gastaron, respectivamente, un 4,8% y un 4% más entre enero y noviembre del año pasado. En lo que va de año, y hasta mayo, la compra masiva de votos con el dinero de todos va a continuar.
- Y así es cómo un país que ha vivido del sector exterior y de la demanda embalsada durante los años de crisis pasa de ser candidato a liderar el cambio de paradigma económico a serlo de competir con Italia por ser el epicentro de preocupación para la Eurozona. Ni tan siquiera la compraventa de viviendas, uno de los indicadores más fiables de la confianza de los agentes reales, evoluciona al alza. El dato de 2018 arroja un crecimiento del 10%. Un dato nada desdeñable, pero 7 puntos porcentuales por debajo de 2017. En la segunda mitad del año, el ritmo de crecimiento se ha reducido a la mitad con respecto al mismo período del 2017.
La economía pide a gritos unas elecciones que devuelvan a nuestro país a la gestión razonable de la desaceleración europea y de los retos internos. Afortunadamente, la convocatoria es apenas un mes antes de las elecciones municipales y autonómicas. Si el voto de los españoles así lo decide, tendremos gobierno con capacidad de reconducir al país hacia la senda de la prosperidad.