Parece que algo se mueve en el seno del Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria encargada de acordar reformas en materia de pensiones, y, por primera vez en mucho tiempo, en la línea correcta. Todavía es muy pronto para sacar conclusiones, pero el mero hecho de que el partido en el Gobierno esté por la labor de impulsar mecanismos privados para complementar la pensión apunta en la buena dirección.
La medida en sí todavía no se ha concretado, pero al menos los socialistas han formulado una declaración de intenciones. La Agenda del Cambio que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes a instancias del Ministerio de Economía, cuyo objetivo es reflejar la política económica del Gobierno a medio y largo plazo, incluye un total de 60 reformas de lo más variadas, y entre ellas destaca la siguiente:
En el marco del diálogo social con empleadores y empleados, y de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, reforma del sistema de la Seguridad Social para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo
- Medidas, entre otras, para el refuerzo de los ingresos, revisión de los gastos y de la cobertura de determinados colectivos y la adaptación de los diferentes parámetros del sistema.
- Junto al refuerzo del sistema público, desarrollar la previsión social en las empresas con sistemas de pensiones complementarias acordados entre empresarios y trabajadores.
- Reorganización de la Seguridad Social para dotar de mayor eficacia a la gestión con menores costes.
El segundo punto recoge la intención de "desarrollar la previsión social en las empresas con sistemas de pensiones complementarias acordados entre empresarios y trabajadores". En concreto, el Gobierno se da de plazo hasta 2024 para acometer una reforma de la Seguridad Social que refuerce el sistema público de pensiones, pero que también impulse la previsión social complementaria en el ámbito empresarial a través de la negociación colectiva.
¿Qué son los planes de empresa?
Se trata de los llamados planes de empresa, un modelo similar al que existe desde hace años en el País Vasco y cuya extensión ha permitido que cerca de la mitad de los trabajadores cuenten con instrumentos de ahorro privado para complementar sus pensiones públicas.
Es una especie de sistema mixto de pensiones, a medio camino entre el actual modelo público de reparto y el privado de capitalización, cuyo funcionamiento está vigente en numerosos países ricos. En líneas generales, funciona de la siguiente forma: existe un primer pilar obligatorio (pensiones públicas) con una cobertura más o menos moderada; un segundo pilar constituido por planes de empresa obligatorios o semiobligatorios; y un tercer pilar voluntario de ahorro individual (planes de pensiones y seguros). Los dos últimos pilares disponen de importantes incentivos fiscales.
El segundo pilar, el relativo a los planes de empresa, está muy poco desarrollado en España, a excepción del País Vasco. Estos planes consisten en que la propia compañía realiza una aportación a fondos de capitalización privados a nombre del trabajador para cubrir su futura pensión pública, a cambio de determinadas deducciones en las cotizaciones sociales o en el Impuesto de Sociedades.
El País Vasco fue pionera en el desarrollo de sistemas de previsión social complementaria en España, ya que su origen se remonta a los años 80 gracias a la creación de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), cuya competencia es foral. Son entidades sin ánimo de lucro de carácter voluntario que tienen por objetivo proteger a sus asociados frente a diferentes situaciones, como desempleo o enfermedad, aunque, básicamente, se dedican a complementar las pensiones de la Seguridad Social para aproximarse lo máximo posible al último salario percibido en activo.
Aunque se trata de un sistema voluntario, los fuertes incentivos fiscales que aplica el Gobierno foral y su introducción gradual en los convenios sectoriales ha permitido que el patrimonio de las EPSV alcance el 35% del PIB vasco, frente al escaso 10% que representan los planes de pensiones en todo el país, y que cubra a casi el 50% de los trabajadores, frente al 18% del resto de España a través de sistemas de empleo.
Lo que plantea ahora el Gobierno del PSOE es extender este sistema a nivel nacional a través de la negociación colectiva. El propio secretario de Estado de la Seguridad Social Octavio Granado, ya avanzó algo el pasado noviembre cuando apoyó una mayor "flexibilidad fiscal" para incentivar los planes de empresa. Ahora, se confirmaría esta intención.
Seguridad Social y mochila austríaca
Por otro lado, la Agenda del Cambio también habla de reformar, una vez más, el sistema de la Seguridad Social para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Y, entre otras medidas, señala la necesidad de reforzar los ingresos (subir las cotizaciones), pero también de revisar los gastos y la cobertura de determinados colectivos, así como de volver a modificar los parámetros del sistema, en línea con lo que ya avanzó Libre Mercado.
Por último, el Gobierno es favorable a implantar gradualmente a partir de 2020 la llamada mochila austríaca, un sistema de cuentas individuales de capitalización mediante la creación de un fondo. Este modelo permite a los trabajadores hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en el fondo de capitalización en los supuestos de despido improcedente, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de la jubilación. El Ejecutivo asegura que esta propuesta se abordará en el marco del diálogo social para que su diseño y aprobación cuente con los mayores consensos posibles.