En los años de la burbuja inmobiliaria, el desarrollo de obra nueva alcanzaba tasas de crecimiento interanual cercanas al 90%. El crédito barato hizo que dicho stock subiese de 195.000 a 650.000 residencias entre los años 2005 y 2009. Durante los años más duros de la crisis, las nuevas construcciones brillaron por su ausencia, hasta el punto de que el ritmo de construcción de nuevas viviendas entró en números rojos en 2010 y se ha mantenido en niveles recesivos desde entonces.
Lo vemos en el siguiente gráfico:
La ausencia de nuevos desarrollos ha coincidido con la recuperación de la economía, de manera que el stock de obra nueva acumula ya ocho años a la baja. Frente al máximo de 650.000 viviendas observado en 2009, las cifras del ministerio de Fomento para 2017 reducían esta rúbrica al entorno de los 475.000 domicilios. Lo vemos en el siguiente gráfico:
En buena parte del país, la oferta de obra nueva sigue siendo razonablemente elevada, puesto que la demanda sigue relativamente deprimida. Sin embargo, en los grandes polos de actividad económica vemos que el fuerte aumento de la demanda motivado por el crecimiento económico no se está traduciendo en una mejora del stock disponible.
En Madrid, como en Barcelona, la falta de obra nueva está fuertemente ligada a los obstáculos impuestos por el gobierno local. Desde 2015, el Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena ha impuesto todo tipo de trabas al desarrollo de grandes operaciones inmobiliarias. Aquí entran proyectos como la Operación Chamartín (17.000 viviendas), las PAU del Sur de la capital (100.000 viviendas), la Operación Campamento (15.000 viviendas) o los desarrollos de Valdebebas (4.000 viviendas). Solamente en estos cuatro casos, Carmena ha retirado del mercado potencial de Madrid un total de 136.000 nuevos domicilios.
A cambio, la alcaldesa comunista se comprometió a construir 4.000 viviendas públicas. Sin embargo, solo se han puesto en marcha las promociones previstas para Puente de Vallecas y Villaverde, lo que dejará el balance final de obra nueva municipal en algo menos de 1.000 domicilios. Por tanto, Carmena impide 136.000 viviendas y desarrolla 1.000 domicilios, para un saldo neto negativo de 135.000 pisos.
Esta situación es especialmente grave si tenemos en cuenta que, de acuerdo con datos de la Sociedad de Tasación, la capital española cuenta con apenas 3.000 viviendas nuevas en el mercado. Por tanto, el stock disponible es 45 veces menor de lo que sería si el Ayuntamiento hubiese aprovechado esta legislatura para impulsar las distintas promociones que se han puesto encima de la mesa desde el sector privado.
Si a todo esto le sumamos la subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la inseguridad jurídica motivada por la protección municipal al movimiento okupa, parece evidente que los continuos encarecimientos del alquiler y la venta de vivienda que está viviendo Madrid tienen mucho que ver con la agenda política del consistorio.