Papel mojado. Así es como se podría calificar el proyecto presupuestario del Gobierno para 2019 a la vista del análisis que han efectuado algunos de los principales expertos, tanto públicos como privados, del país, tales como el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la patronal CEOE, el Círculo de Empresarios o el think tank Civismo, entre otros.
Nadie se cree las grandes cifras que contienen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) elaborados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El principal problema es que, aún dando por buenas las previsiones de crecimiento para el presente ejercicio, situadas en el 2,2% del PIB, desdeñando pues los evidentes riesgos a la baja que presenta la actual coyuntura por la desaceleración de la zona euro y el menor crecimiento global, los números no cuadran.
España corre, por tanto, el grave riesgo de incumplir el objetivo de déficit público acordado con Bruselas, fijado en el 1,3% del PIB en 2019, y que supondría una reducción de 1,4 puntos con respecto al 2,7% registrado, probablemente, el pasado año. Esta semana han empezado las comparecencias en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados con motivo de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos para 2019 y, si bien el tono de los intervinientes ha sido más o menos moderado, la conclusión ha sido unánime: el proyecto del PSOE no es creíble.
Críticas del Banco de España
Uno de los más claros en sus críticas ha sido, sin duda, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Durante su intervención expuso tres grandes advertencias:
- Aunque cree que las previsiones de crecimiento recogidas en el cuadro macroeconómico de los PGE son "coherentes" con las del propio Banco de España, advierte de que están sujetas a importantes riesgos que llevarán a la institución a revisar sus propias estimaciones a la baja. Según advirtió De Cos, "se está acentuando la desaceleración económica global, en particular en el área del euro, lo que presenta riesgos a la baja sobre el escenario macroeconómico del Proyecto de PGE, al igual que sobre el del Banco de España". Es decir, la economía nacional, posiblemente, crecerá menos del 2,2% previsto inicialmente.
- La previsión de ingresos del Gobierno para este año está sujeta a "riesgos significativos" y calcula que el repunte de recaudación -descontado el cambio en la liquidación del IVA- se situará en el 5,6% en lugar del 6,9% interanual que recoge el Ejecutivo.
- Como resultado, y dado que el gasto público aumentaría en torno al 3% interanual, el déficit alcanzará el 2% del PIB, como mínimo, pudiendo situarse en el 2,4%, muy lejos del objetivo del 1,3%.
"La prolongación de la fase expansiva se enfrenta a riesgos que son ahora algo más elevados", tanto a nivel económico como presupuestario, y, por tanto, según De Cos, el Gobierno no debería "retrasar los esfuerzos para seguir mejorando la posición presupuestaria de las Administraciones Públicas y para introducir las reformas que permitan apuntalar la confianza de los distintos agentes de la economía y aumentar el potencial de crecimiento".
Las advertencias de la AIReF
El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, también compareció ante la Comisión el pasado martes, coincidiendo, al menos en parte, con el diagnóstico del Banco de España:
- La previsión de crecimiento del Gobierno del 2,2% es "prudente" en líneas generales, pero, igualmente, existen riesgos a la baja, como "la intensificación de las tensiones proteccionistas y los riesgos específicos ligados al Brexit y la situación en Italia".
- El aumento de ingresos que estima el Gobierno no es creíble. En concreto, la AIReF calcula que el impacto de las medidas fiscales recogidas en el proyecto presupuestario será muy inferior al estimado. Así, mientras que Hacienda calcula que las nuevas subidas de impuestos lograrán recaudar 5.654 millones de euros, esta entidad reduce el impacto a 2.908 millones.
- El déficit se situará en el 2,2% del PIB, muy por encima del objetivo del 1,3%. En el caso de la Administración Central, Escrivá cree que el déficit alcanzará el 1% del PIB pese a que su objetivo es del 0,3%. Tampoco la Seguridad Social logrará su objetivo, ya que llegará al 1,5% del PIB, cuando la meta es el 0,9%. En cambio, la AIReF ve "factible" el objetivo del -0,1% fijado para las CCAA y "muy probable" que el subsector local alcance un superávit próximo al 0,5%.
Enmienda a la totalidad de la CEOE
Y si estos importantes organismos públicos han dejado claro que las cuentas no cuadran, el análisis de las entidades privadas es mucho más duro con el proyecto del Gobierno, empezando por la CEOE. El presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la patronal, Íñigo Fernández de Mesa, señaló esta semana que los Presupuestos del PSOE "no son los que necesita la economía", ya que no están diseñados para impulsar el PIB, la inversión o la creación de empleo.
En su opinión, estas cuentas "son muy mejorables. Es tremendamente importante mantener la competitividad española, teniendo en cuenta que la inflación es baja, pero los salarios están aumentando más que la productividad". Además, Hacienda confía en que los ingresos financieros suban en 23.000 millones de euros, gracias a la mejora del ciclo económico, algo que "no va a ser", de modo que tales previsiones "están hinchadas" y "no son creíbles".
Asimismo, criticó que las empresas estén llamadas a absorber el 70% del aumento previsto de la tributación y recordó que el 0,2% de las 700 mayores empresas pagan la mitad del Impuesto de Sociedades, así que no es cierto que tributen poco, mientras que son las que más invierten en investigación y desarrollo, por lo que no se las debe penalizar.
"Ordeñando la vaca"
El Círculo de Empresario tampoco se queda atrás. Su directora de Economía, Alicia Coronil, expuso su visión en un contundente artículo bajo el título "ordeñando la vaca", en donde, entre otras perlas, advierte lo siguiente:
- El Gobierno, al elaborar los PGE 2019, no parece apreciar que "los cielos se oscurecen", en referencia a los riesgos que presenta la coyuntura económica internacional.
- Por su parte, Hacienda presenta "una previsión de ingresos tributarios poco realista, basada principalmente en aumentar la presión fiscal sobre las familias y las empresas, reduciendo la capacidad del sector privado para innovar, invertir, ahorrar, generar empleo y abrir nuevos mercados". En este sentido, la política económica del PSOE se refleja muy bien en las palabras de Winston Churchill: "Algunos ven al empresario como el tigre que hay que abatir; otros le ven como la vaca que hay que ordeñar. Pocos le ven como el caballo que tira del carro", recuerda Coronil.
- ¿Conclusión? Este proyecto, junto a las medidas aprobadas en el Real Decreto de 28 de diciembre de 2018, "reflejan nuevamente la visión cortoplacista y electoralista del Gobierno".
"No preparan para la futura crisis"
Por último, Javier Santacruz, director de Investigación de Civismo, lamina en un informe los pilares presupuestarios del Gobierno de Pedro Sánchez:
- "Dada la situación actual del ciclo económico y la evolución de los indicadores adelantados, la principal prioridad en la política fiscal debería ser preparar las cuentas públicas de forma adecuada para entrar en las mejores condiciones posibles en la próxima crisis. Ésta, probablemente, llegará entre el tercer y el cuarto trimestre de 2020".
- "La economía española no puede permitirse el lujo de afrontar la fase de recesión del ciclo con un déficit estructural enquistado por encima del 2,5% del PIB".
- "Los PGE presentados hacen peligrar el cumplimiento de los objetivos de déficit pactados" y, ante ese riesgo, "urge la aprobación de un plan de ajuste presupuestario".
- "Entre 2019 y 2020, el déficit público deberá descender desde el entorno del 2,8% en el que cerrará previsiblemente 2018 hasta el objetivo del 1,3% en 2019. Esto implica un ajuste de 1,65 puntos de PIB: casi 20.000 millones de euros nominales", aclara.
En definitiva, el proyecto presupuestario de Montero no sólo no es creíble, sino que resultaría perjudicial para la economía española, ya que dañaría la competitividad nacional y debilitaría aún más la solvencia de las cuentas públicas de cara a una coyuntura económica mucho más compleja a corto y medio plazo.