Lo que está ocurriendo a lo largo de los últimos días en Madrid y Barcelona es, sencillamente, penoso. Propio de un país de charanga y pandereta, que diría Pío Baroja. Por eso, hay que decir basta. Debemos poner una solución estructural al conflicto. Y ésta no pasa por más regulación al sector, sino por su liberalización. Con sólo cinco razones, el discurso político debería ser unívoco:
1. Un sistema libre protege… al taxista.
Los taxistas podrán ganar esta batalla, siempre que gobiernen políticos débiles y populistas, como es el caso de Barcelona. Pero, dadas las herramientas competitivas con las que cuentan actualmente, la guerra la tienen perdida. Hoy son UBER o Cabify, mañana serán UBAR o Cabafá los que vendrán con vehículos autónomos o, sencillamente, con una propuesta capaz de saltarse la regulación, y la partida volverá al punto de partida. Tenemos que entender que la iniciativa privada siempre irá por delante de la regulación. Por tanto, debemos darles las herramientas para competir a los taxistas, no quitárselas al resto.
Un sistema liberalizado es aquél en el que los vehículos de transporte con conductor, ya sean VTC o taxis, pelean en igualdad de condiciones por captar a un cliente, y éste elegirá dónde dejar su dinero en base a sus preferencias. De esta forma, se genera un sistema que, como veremos, favorece tanto a los transportistas capaces de generar valor como a los usuarios.
2. Equidad competitiva
Es necesario pasar de un sistema de guerra a uno de competencia. En este país hemos sido capaces de regular hasta la saciedad sectores estratégicos -banca, telecomunicaciones, energía, etc.- sólo para favorecer la aparición de más agentes en el mercado. Con ello el precio tiende a la baja, el producto mejora y las necesidades del cliente final se ven mejor cubiertas.
Es más. Hay un organismo estatal, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, cuyo objetivo es "garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios". Cuesta entender que se permita una concentración en un mercado clave como es el del transporte terrestre de viajeros, en el que el taxi acumula el 83% de las 79.000 licencias concedidas. Eso es un monopolio de facto que no se permite en prácticamente ningún mercado del país.
Díganme, ¿qué ha ocurrido con el mercado de las telecomunicaciones desde su liberalización en 1998? No sólo somos el país con mayor despliegue de fibra óptica de toda Europa, sino que los precios han bajado sustancialmente, la calidad de la red es infinitamente mejor y la atención al cliente una prioridad para todas las operadoras. Y éste sector no es una excepción. Lo mismo ha pasado con todos los sectores del país, sin excepción. La competencia es positiva para todas las partes y, por ello, no podemos permitirnos el mantenimiento de un monopolio gestionado a través de licencias públicas.
3. Justicia intergeneracional
Es entendible la posición del taxista que ha renunciado a comprar a una casa para adquirir una licencia, pero tiene que comprender que, aunque el coste de esa licencia haya sido de 150.000 euros, su valor es notablemente menor. ¿Cero? Probablemente no.
Lo que es evidente, es que la intervención pública, a través de la negativa a repartir nuevas licencias ante la creciente demanda, no sólo ha impedido la innovación en el sector, sino que ha adulterado un mercado cuya factura han pagado los taxistas. Pero seamos objetivos. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Perpetuar este modelo, que ya han sufrido durante generaciones, no es el camino.
4. Nuevos hábitos de consumo
Si los VTC han crecido exponencialmente sin una caída brusca en el precio de las licencias es porque existe una demanda latente con dos focos de acción diferenciados: i) Clientes de taxi desencantados con el servicio o que encuentran más valor en los VTC; ii) Nuevos clientes VTC que, ante una bajada de precios, aumentan su propensión a consumir este tipo de servicios.
Dinámicas ambas acentuadas por cambios en mercados adyacentes. Cada vez más gente está dispuesta a renunciar a un coste principalmente fijo, como es la compra de un coche, para pagar en función de lo que viaja.
Si nuestros legisladores quisieran mejorar nuestra calidad de vida y no cercenar nuestra libertad a través del intervencionismo salvaje, sabrían que una ciudad como Madrid, llena de VTCs, sería mucho más efectiva a la hora de gestionar adecuadamente la contaminación que Madrid Central, el protocolo anticontaminación que sólo la reduce cuando llueve y un largo etcétera.
5. Avance social, prosperidad e innovación
El verdadero problema del taxi es que su negocio sigue siendo el mismo que el de hace décadas. Pero más caro. Frente a esto, un vehículo que está en régimen de renting -y, por lo tanto, cada cuatro años se cambia-, con capacidades de distribución tecnológicas y una gran empresa por detrás garantizando el servicio puede resultar infinitamente más atractivo para según qué clientes.
Se llama innovación. Al taxi le han obligado a renunciar a ella durante décadas. Y, sin embargo, parte de una situación privilegiada para competir. Pero tiene que luchar por la supresión de barreras. Ya lo hemos comentado en esta columna. Estamos en un momento histórico en el que tenemos que elegir entre revolución tecnológica o estado de bienestar.
Ante la aparición de una propuesta disruptiva, solamente hay dos alternativas: la de una política acobardada y populista como la de Ada Colau, que solamente piensa en colectivizar problemas para sacar más votos, o la de la Comunidad de Madrid, que está dispuesta a defender la libertad y la prosperidad de todos.
Lo siento por los miles de trabajadores de las VTC que se van a quedar sin trabajo en Barcelona. Pero lo siento, incluso más, por todos esos ciudadanos que requieran un viaje y tengan que pagar más por un servicio que, en muchos casos, considerarán de baja calidad, porque no tendrán alternativa.
Libertad y sistema de compensación
Frente al monopolio, libertad para el ciudadano. Es decir, liberalización del sector. Libre entrada de agentes que cumplan una serie de requisitos operativos. Desde una óptica puramente mercantil, esto implicaría que el actual propietario de licencias quedaría expuesto a una depreciación de las mismas hasta que su valor estuviera cercano a cero. Como el que compró una casa en un pueblo perdido, cercano a la playa pero sin ella, en el 2006.
Sin embargo, debemos entender que, frente al inversor en vivienda, el taxista está sufriendo los efectos adversos en el valor de su licencia por decisiones puramente políticas mantenidas durante décadas. Por eso es importante considerar la licencia no como un activo prácticamente financiero, sino como un activo corriente, un recurso sin el cual no pueden producir.
Y por eso es importante valorar esa licencia a un precio objetivo y crear una bolsa para compensar al taxista. Pero tampoco sería justo que pagáramos los ciudadanos el coste de algo que, obviamente, está sobrevalorado. Como cualquier recurso de producción, ha de ser valorado considerando una vida útil y un período de amortización. Es decir, actuando como si las licencias actuales sólo tuvieran valor durante la vida laboral del taxista y luego no pudieran ser vendidas.
Dicha bolsa podría ser financiada al 50% por los VTC y al 50% por el presupuesto público. De esta forma, pagaríamos todos una parte del desajuste. Los taxistas, en forma de penalización por especular con algo que siempre debería haber sido un activo de producción; los ciudadanos, por permitir este desajuste con nuestro voto durante décadas; y los VTC, por ser la parte más favorecida con la liberalización.
Como ven, en un mercado liberalizado no hay ganadores ni perdedores por designio de una administración pública. Cualquier otra solución es un parche temporal o, aún peor, un avispero de fragmentación social por la parte vencida -probablemente, los VTC-.