Primero fue 2017. Luego 2019. Ahora es 2021… pero sin prisas. Bankia, el banco nacionalizado a toda prisa en la primavera de 2012 con el objetivo de calmar a los mercados y a las instituciones europeas, sigue siendo tan público ahora como entonces. Ya han pasado casi siete años. En teoría, el objetivo era sanearlo y ponerlo en el escaparate cuanto antes, para que el Estado recuperase el máximo de lo inyectado. Y, al mismo tiempo, para evitar el riesgo de que se eternizase como banca pública, lo que, aseguraban los promotores de la idea en aquel momento, era una pésima idea.
Decía Milton Friedman que "nada hay tan permanente como un programa temporal del Gobierno". El legendario economista de la Universidad de Chicago podría haber dedicado un apéndice especial de esa máxima para las nacionalizaciones de empresas o sectores. El proceso siempre es el mismo:
- primero se asegura que es imprescindible hacerlo así y que no hay otra solución debido a la gravedad de la situación (un banco en quiebra, una empresa que amenaza con cerrar una planta, una mina improductiva…)
- al mismo tiempo, se defiende que es una solución temporal, hasta que se estabilice la situación y se encuentre a un comprador que devuelva el negocio al mercado
- y diez años después, alguien se da cuenta de que aquello sigue igual, con una empresa pública en manos del Estado. Una empresa que, en el caso de un banco, es muy jugosa para cualquier Gobierno, sobre todo en momentos de crisis.
Nadie dice que con Bankia vaya a suceder esto. De hecho, la tesis oficial sigue siendo la misma que hace siete años: cuando se den las condiciones de mercado, el Frob irá vendiendo sus participaciones en el accionariado de la entidad. Pero, mientras tanto, estamos cerca de los siete primeros años de banca pública. Y contando...
Cronología
Todo comenzó en mayo de 2012. En aquel momento, España estaba al borde del colapso, con la prima de riesgo disparada, rumores de quiebra soberana cada día y la exigencia de Bruselas de que se hiciera algo. Las cuentas públicas estaban al límite, pero el principal temor entre los inversores se centraba en las cajas de ahorros. Se desconocía el tamaño del agujero que el ladrillo había dejado en la banca pública española. Y, por lo tanto, también era enorme la incertidumbre sobre el coste que tendría para el contribuyente el rescate de aquellas cajas.
Bankia no era, ni mucho menos, la que estaba en una situación más dramática en relación al tamaño de sus activos. Pero sí era la que centraba toda la atención por su tamaño: era una de las cuatro grandes entidades a nivel nacional. Por eso, en aquel momento, el Gobierno decidió cortar por lo sano: forzar la salida de Rodrigo Rato de la dirección de la entidad, llamar a José Ignacio Goirigolzarri para que le sustituyese e inyectar todo el dinero que el banquero vasco pidiera, para acabar de un plumazo con cualquier duda que pudiera haber sobre su balance. La solución no fue gratuita: aquello trajo consigo el rescate de España (quizás no un rescate a la griega o a la portuguesa, pero rescate al fin y al cabo).
A cambio de esos fondos, el Estado nacionalizó Bankia. En realidad, lo que hizo fue expropiar la entidad a sus propietarios (las siete cajas de ahorros que habían protagonizado la fusión). Luego, una vez que era pública, saneó el balance con una inyección de capital de más de 22.000 millones de euros. Aquí hay una discusión interesante sobre si era la única solución posible, si el coste fue excesivo o si se podían haber hecho las cosas de otra manera. Pero la realidad es que se hizo así y ya no tiene vuelta atrás.
Es evidente que en Bruselas, en 2012, la idea de una gran banca pública en España causaba pavor. Y es lógico. El euro había estado a punto de romperse por culpa de las cajas de ahorros (aunque no eran las únicas responsables, eso es verdad). Por eso, la nacionalización vino acompañada de una promesa: el Estado se desprendería de su participación en Bankia tan pronto como fuera posible.
La primera fecha límite era diciembre de 2017. Quedaban cinco años desde la nacionalización y se suponía que era un plazo suficiente como para que la situación se calmase y se pudiera encontrar un comprador. En febrero de 2014, se vendió el primer paquete de acciones: un 7,5% de la propiedad a cambio de 1.304 millones de euros. En diciembre de 2017 se colocó otro 7% del capital a cambio de 818 millones de euros. Y nada más, hasta el momento.
En la actualidad, tras las sucesivas operaciones (venta de acciones, integración con BMN…) el Estado posee, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el 61,4% de Bankia. Eso es lo que debería haber vendido y no ha hecho. De hecho, aunque como decimos la fecha límite era diciembre de 2017, el plazo ya se ha ampliado dos veces: primero hasta diciembre de 2019. Y hace un mes, de nuevo, hasta diciembre de 2021.
En teoría, nada ha cambiado. La intención sigue siendo la misma: vender Bankia cuanto antes. Por ejemplo, José Ignacio Goirigolzarri aseguraba en una entrevista en septiembre del pasado año que la banca pública "es un error" y que la entidad que presidía debía ser privatizada. De hecho, el banquero vasco ha sido muy claro al respecto. Siempre ha mantenido la misma versión: que su gestión al frente de Bankia sólo respondería a criterios de mercado con el objetivo de incrementar su valor y que el accionista principal (el Estado) pudiera recobrar el máximo de lo invertido. En la misma línea, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha asegurado que el Gobierno mantiene el "objetivo de privatización" de la entidad aunque, a los actuales precios de mercado, cree que no es el momento para realizar la operación. Mientras, en Bruselas y en Francfort (sede del Banco Central Europeo) están un poco más inquietos. No quieren que la situación se eternice. Por eso, el pasado octubre, a la conclusión de la décima visita de supervisión tras el rescate, pidieron al Gobierno que completase el proceso de privatización lo antes posible.
El resumen es que, aunque la posición oficial sigue siendo la misma de siempre por parte de todos los actores implicados –entidad, Gobierno, BCE, Comisión Europea–, en la práctica han desaparecido las urgencias. Bankia se privatizará si hay un comprador que ofrece un precio muy atractivo y si el momento político acompaña.
Las cuentas
Porque no hay que engañarse, éste sigue siendo uno de los principales obstáculos a la hora de vender Bankia: que ni de broma se intuye en el horizonte un escenario en el que el Estado pueda recuperar el dinero inyectado a la entidad. Las cuentas son las siguientes:
- Según la "Nota informativa sobre ayudas financieras en el proceso de reestructuración del sistema bancario español (2009-2017)" que publicó el Banco de España en noviembre del pasado año, el Estado ha inyectado en la actual Bankia (Bankia+BMN) 24.069 millones de euros.
- Hasta ahora, ha recuperado 3.083 millones: 2.122 millones con las dos ventas de acciones reseñadas anteriormente y 961 millones a través de los dividendos cobrados desde 2014.
- La capitalización bursátil de Bankia ronda los 7.800 millones de euros. Por lo tanto, a los actuales precios de mercado, la participación del Estado valdría unos 5.000 millones. Quizás, con una prima de adquisición, podríamos irnos a los 6.000 millones, pero no más.
- No es extraño, por lo tanto, que el Banco de España calculase, en la nota a la que hacíamos referencia anteriormente, un "importe recuperable estimado" de 9.857 millones en el caso de Bankia.
Es cierto que éste no es un precio cerrado. Dependiendo de cómo evolucione la Bolsa y el valor de la acción, podría subir. Sin ir más lejos, a comienzos de 2014, los títulos de Bankia cotizaban a más del doble de su valor actual (en términos equivalentes, teniendo en cuenta el contrasplit de 2017). Por ejemplo, según la ficha de Bankia en la web de Bolsa de Madrid, a finales de 2015 la capitalización bursátil de la entidad era un 60% más elevada que en la actualidad. Quizás haya quien se arrepienta de no haber aprovechado aquel momento para sacar al mercado una participación más grande.
Además, el Estado no sólo recuperará su inversión a través de la venta de las acciones, sino que cobra dividendos, como propietario, año a año. Ya van casi 1.000 millones por esa vía y el Plan Estratégico de la entidad mantiene un objetivo de distribuir un total de 2.500 millones a los accionistas entre 2018 y 2020: al Estado le tocarían algo más de 1.500 millones de esa cifra. La primera parte ya se anunció esta semana, durante la presentación de resultados de 2018, aunque el pago de un dividendo extra por el exceso de capital que ha acumulado la entidad se retrasará hasta tener claros los requisitos de solvencia que exigirá el BCE.
Las ayudas
Pero agua pasada no mueve molino. Y menos en los mercados. La realidad es la que es. Nunca Bankia ha estado cerca de una valoración que le permitiera recuperar las ayudas públicas. Es lógico que así sea. Si el Estado tuvo que meter 22.000 millones en 2012 (24.000 sumando lo inyectado en BMN) fue porque nadie más estaba dispuesto a hacerlo.
Digamos que las cuentas que pudieron echar sus rivales en aquellos meses de 2012 (y las hicieron… fueron momentos de mucho rumor sobre posibles fusiones) eran algo así como: "Bankia tiene un agujero de 22.000 millones en ladrillo, pero su negocio puede aportarme beneficios. ¿Es suficiente el potencial de ese negocio para el riesgo asumido?". Todos respondieron de forma negativa. Por eso nadie se quiso quedar con el banco. En resumen, nadie pensaba que el negocio bancario de Bankia valía 22.000 millones.
Ahora, el agujero del ladrillo no está. El nuevo propietario ha saneado el balance y Bankia vale lo que vale su negocio. ¿Y cuál es la estimación del mercado? Pues, en estos momentos, menos de 8.000 millones de euros. Esto quiere decir que la excusa de "recuperar el máximo de lo que pusieron los contribuyentes" puede estar ahí eternamente, a disposición de los ministros de Economía que quieran usarla en los próximos años.
En realidad, en este punto, el problema no es tanto financiero como político. El ministro de Economía y el Gobierno que decidan vender la entidad tendrán que soportar los titulares que digan "el Estado pierde de forma definitiva XX miles de millones en Bankia".
No será fácil explicar lo ocurrido. Menos ahora que la entidad está entre las más solventes de Europa. Aquí hay otra trampa argumental: esa solvencia se ha ganado gracias a las ayudas públicas. Sin los 24.000 millones inyectados, Bankia estaría directamente en quiebra. Y también el precio que se recupere viene en parte determinado por esas ayudas. Sin ese dinero, nadie pagaría nada por Bankia (que habría desaparecido engullida por su agujero inmobiliario). En las demás entidades intervenidas no se sacó nada o, incluso, se tuvieron que entregar gratis y con esquemas de protección de activos.
Además, la situación política tampoco ayuda. Los partidos de extrema izquierda, con Podemos a la cabeza, piden desde hace años que Bankia se convierta en el eje de una nueva banca pública. Sus pretensiones son incoherentes: por un lado, brama contra las ayudas a las cajas que fueron las que permitieron al Estado quedarse con las entidades. Y por otro exige que Bankia no se venda, lo que haría que el importe recuperado fuera igual a 0 (bueno, se recuperarían los dividendos que se paguen año a año). Pero que sean incoherentes no implica que sus argumentos no tengan cierto recorrido en buena parte del electorado por el que luchan Podemos y PSOE.
En sí mismo, esa propuesta de Podemos ejemplifica uno de los grandes peligros de las nacionalizaciones, que siempre se sabe cómo empiezan pero, como apuntaba Friedman, no cómo terminan. Por un lado, el paso del tiempo hace que todo el mundo (Bruselas, BCE, mercados…) se acostumbre a lo que en teoría era algo temporal. De hecho, Bankia no es un caso aislado: otros muchos bancos nacionalizados en Europa durante la crisis siguen sin ser privatizados casi una década después. Aunque no todos los países recibieron un rescate de la UE para sanear su sector financiero. Eso también pesará.
Tampoco podemos olvidar que un cambio de Gobierno puede echar al traste cualquier plan previo. Y eso sin contar con lo que pueda ocurrir en la próxima crisis y la tentación que tendrá cualquier político de tirar de un activo tan potente como el cuarto banco de España para insuflar crédito, apoyar tal o cual programa, incentivar la inversión… En los momentos de tranquilidad todos niegan que se les vaya a ocurrir hacer algo así. Pero eso sólo hay una manera de demostrarlo: que lleguen los malos momentos y se mantenga la palabra.
En cualquier momento podría cambiar la situación y aparecer un comprador. Por ahora, el plazo se amplía hasta 2021. A los competidores de Bankia no parece hacerles mucha gracia. En el pasado, ya han alzado la voz contra lo que consideran como una competencia no del todo justa: por ejemplo, cuando Francisco González criticó la decisión de la entidad de no recurrir en los tribunales algunas de las sentencias contrarias de los últimos años, insinuando que sólo un banco de titularidad pública se podía permitir una decisión así sin pensar en sus accionistas. También la absorción de BMN levantó algunos comentarios. Eso sí, por ahora, no hay cambios: la privatización de Bankia sigue siendo una historia sin final a la vista. Dentro de unos años, habrá que ver si Milton Friedman, también en esto, tenía razón.