Difícil, por no decir imposible. El cierre patronal que han organizado los taxistas para presionar a los políticos de comunidades autónomas y ayuntamientos con el único objetivo de expulsar del mercado a Uber y Cabify podría tener éxito en algunas regiones, tal y como ha sucedido en Cataluña, pero es pan para hoy y hambre para mañana. La desaparición del taxi, tal y como lo conocemos hoy, es cuestión de tiempo. Y no por el avance imparable de las nuevas tecnologías, que también, sino porque la prohibición de este tipo de plataformas por la puerta de atrás, que es lo único que persigue el taxi con la connivencia de ciertos partidos, es muy complicado desde el punto de vista jurídico.
Gobiernos autonómicos y locales pueden posicionarse a favor del taxi mediante leyes y decretos que limitan o incluso eliminan la competencia de los vehículos del alquiler con conductor (VTC), perjudicando con ello el usuario final, pero la gran ventaja del Estado de Derecho es que tales decisiones políticas deben ajustarse a la legalidad, tanto nacional como comunitaria, y ésta, sin embargo, está del lado de Uber y Cabify.
Así ha sucedido hasta el momento con las miles de licencias de VTC que se concedieron en España entre 2009 y 2015, mientras este sector estuvo liberalizado, pese a la oleada de denuncias y recursos de los taxistas, y todo apunta a que sucederá algo similar con la nueva ofensiva que ha lanzado este particular gremio. El taxi lleva años tratando de paralizar en los tribunales las licencias de VTC expedidas hasta 2015, en base a una serie de argumentos que se han demostrado falaces, como la ratio de una VTC por cada treinta taxis, pero la Justicia, en cumplimiento estricto de lo que dicta la ley, ha tumbado dichas reclamaciones. De hecho, el propio Tribunal Supremo avaló que las licencias de VTC concedidas entre 2009 y 2015 son legales y, por tanto, no pueden ser anuladas, levantando con ello la ira de los taxistas.
Y dado que la Justicia ha terminando dando la razón a Uber y Cabify, el taxi inició una nueva campaña de protestas para implantar la prohibición por la puerta de atrás, aprovechando la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez. Esta nueva operación, que comenzó el pasado verano con la convocatoria de huelgas masivas, acabó dando sus frutos, ya que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, decidió delegar en CCAA y ayuntamientos la regulación de las VTC, abriendo así la puerta a la imposición de restricciones adicionales e incluso segundas licencias que impidieran, de facto, el normal funcionamiento de estos servicios.
Dicho y hecho. Cataluña acaba de aprobar un decreto que exige una precontratación de hasta 1 hora de antelación, y algo similar solicitan los taxistas de otras grandes urbes, como Madrid, Sevilla o Valencia. Quizá esta regulación borre del mapa a la competencia, para júbilo de los taxistas, pero la cuestión es ¿por cuánto tiempo? La patronal de VTC ya ha anunciado que recurrirá ante los tribunales el decretazo anti-Uber de la Generalidad, hasta el punto de reclamar daños y perjuicios a los responsables políticos, y, muy posiblemente, los jueces vuelvan a darles la razón. Entre otras cosas, porque, tal y como denuncian las VTC, se trataría de una "expropiación" de licencias legales, en cuyo caso las Administraciones tendrían que desembolsar hasta un máximo de 4.000 millones de euros en concepto de compensación (justiprecio) al sector.
Nueva vía del Supremo
Y todo ello, sin descartar que la Justicia acabe derogando tales decretos. Valga como ejemplo lo que acaba de determinar el Supremo sobre las restricciones a los pisos turísticos impuestas por el Gobierno de Canarias. El Alto Tribunal anuló el pasado diciembre la prohibición de las viviendas de alquiler vacacional en las zonas catalogadas como turísticas, al estimar que esa limitación contraviene la libertad de empresa y solo busca "favorecer la oferta de productos alojativos tradicionales".
La normativa canaria impedía ofrecer ese tipo de alquileres en zonas catalogadas oficialmente como turísticas, lo que en la práctica vetaba esa actividad en buena parte de la comunidad autónoma o, como denunciaban los afectados, por lo menos en algunos de los lugares más demandados por los clientes de este tipo de alojamiento. El Supremo falla ahora que establecer esa prohibición contraviene la libertad de empresa que garantiza la Constitución Española y la libre prestación de servicios que consagra la Directiva Europea relativa a Servicios de Mercado Interior de 2006.
Y lo mismo ha sucedido con la prohibición de compartir habitaciones, que el Supremo anuló el pasado 25 de enero, ya que "la única explicación plausible a esta cortapisa es que con ello se trata de favorecer la oferta de productos alojativos turísticos tradicionales implantados mayoritariamente en estas zonas turísticas, vulnerando con ello la libre competencia en la prestación de servicios", tal y como determina el Supremo. Tales argumentos jurídicos podrían extenderse, igualmente, a las restricciones autonómicas y locales aplicadas a las VTC, de modo que el taxi seguiría teniendo los días contados por mucho que ahora se salga con la suya.
Competencia, contra el monopolio del taxi
En este sentido, cabe recordar que los reguladores también se han posicionado a favor de las VTC en esta particular lucha. Especialmente sólida y firme ha sido la posición que ha mantenido en los últimos años la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en contra del monopolio del taxi, ya que ha interpuesto varios recursos ante los tribunales contra los intentos del Gobierno por restringir las VTC.
Y no es el único, puesto que el regulador autonómico en Cataluña también se ha posicionado a favor de la competencia entre VTC y taxis. La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) interpuso un recurso contencioso administrativo contra el reglamento que aprobó Ada Colau en Barcelona el pasado año para tratar de limitar la actividad de las VTC en el Área Metropolitana de la ciudad, al entender que implicaba "graves restricciones" a la competencia.
La UE, a favor de la competencia
Ni siquiera a nivel europeo lo tendrán fácil los taxistas. El portavoz de Élite Taxi Barcelona, Alberto 'Tito' Álvarez, y el abogado Elpidio Silva viajaron el pasado miércoles a Bruselas con el objetivo de mostrar a las autoridades comunitarias la problemática del sector y la necesidad de restringir las VTC. Además de acudir al Parlamento Europeo, también exploran la posibilidad de que taxistas con sus vehículos simbolicen en Bruselas dicha reclamación.
Pero las autoridades comunitarias ya se han manifestado al respecto en diversas ocasiones... Y siempre a favor de la competencia. La Comisión Europea ya analizó en profundidad esta problemática y sus conclusiones fueron diáfanas: hay que favorecer la implantación "de nuevos e innovadores proveedores de servicios" al margen del taxi. Otro espaldarazo para Uber y Cabify.
Asimismo, un informe del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada publicado el pasado miércoles concluye que "el conjunto de normas y regulaciones que las diferentes administraciones públicas están aplicando para intentar solucionar el conflicto entre el sector del taxi y las empresas titulares de licencias VTC contradicen el fondo y la forma de la legislación comunitaria aplicable en España". Ergo son susceptibles de ser derogadas.
En concreto, el estudio señala que tales regulaciones vulnerarían dos normas comunitarias esenciales para el funcionamiento de la UE: la Directiva de Servicios, que ha sido traspuesta a la normativa española mediante la Ley 17/2009, y la Directiva sobre Unidad de Mercado, traspuesta mediante la Ley 20/2013.
"Las restricciones que se están aplicando a las empresas con licencias VTC para prestar servicios de transporte urbano, algunas disparatadas, dejan sin efecto el sentido de la norma comunitaria sobre liberalización en la prestación de servicios, que precisamente intenta eliminar burocracia y trabas administrativas e impulsa la competencia para mejorar servicios y generar empleo", aclara esta entidad. Por ello, se abren "múltiples opciones para poner en marcha recursos legales de todo tipo y ámbito". Además, la decisión del Gobierno de Sánchez de trasladar la regulación de los servicios de taxi y VTC a las CCAA "desbarata buena parte del sentido de la normativa europea de unidad de mercado", al crear en la práctica "diecisiete mercados diferentes para una misma actividad".
Así pues, el Instituto advierte de que "las posibilidades de conflicto con las autoridades de Bruselas por este motivo son claramente previsibles y España puede sufrir un fuerte impacto en su reputación si los tribunales europeos tumban todo este entramado normativo que se está poniendo en marcha para solucionar un conflicto concreto".
Y concluye: "Es un conflicto vano, estéril y perjudicial para intentar proteger a un sector instalado en un régimen de concesiones y licencias municipales donde la transparencia es muy limitada, lo que retrasará su inevitable reconversión a la modernidad, algo que finalmente le resultará muy lesivo. No gana nadie. Hay soluciones y propuestas equilibradas y razonables, sin escatimar ayudas y mecanismos de compensación material y temporal. Lo que no existe es la capacidad de restringir el futuro en las economías abiertas. Se podrá retrasar, encarecer o dificultar, pero no sería realista pensar que se puede eliminar". En definitiva, la desaparición del taxi llegará a España tarde o temprano.