El Gobierno de la Generalidad ha aprobado finalmente este martes el Decreto Ley que obliga a que los vehículos de alquiler con conductor (VTC), los que dan servicios a plataformas como Uber y Cabify, se contraten en Cataluña con una antelación mínima de quince minutos, tiempo que los ayuntamientos y entes supramunicipales podrán elevar además a una hora.
Para el sector de las VTC su negocio se hace inviable con este decreto anti-Uber que pretende hacer esperar al cliente, por lo que planean despidos masivos. El incumplimiento del decreto, comportará multas de hasta 1.400 euros.
Los taxistas de Barcelona acordaron la madrugada del pasado 24 de enero poner fin a la huelga que mantenían a cambio de que el AMB, con el aval de la Generalidad, impusiera a las empresas de VTC, que operan con plataformas como Uber o Cabify, un plazo mínimo de una hora de precontratación.
El decreto no menciona ese plazo de una hora de precontratación prometido por la AMB, pero sí establece los 15 minutos anunciados desde un primer momento y habilita ahora a la AMB a imponer ese margen extra de tiempo de acuerdo a sus competencias específicas. En concreto, el decreto ofrece esta posibilidad al AMB y a los ayuntamientos alegando que estos entes tienen competencias sobre utilización del dominio público viario, gestión del tráfico urbano, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación atmosférica.
En rueda de prensa tras la reunión del Gobierno catalán, el consejero de Territorio de la Generalidad, Damià Calvet, ha asegurado que el Gobierno regional "no regula a favor de unos y en contra de otros", sino que "aclara las reglas del juego" entre taxis y VTC.
Calvet ha presentado el plazo mínimo de precontratación de 15 minutos como una propuesta "responsable" y "proporcional", y "una oportunidad para la convivencia" entre taxistas y vehículos VTC.
El consejero ha dejado claro que el decreto no hace excepciones ni para el caso del aeropuerto de Barcelona ni para otros grandes equipamientos, por entender que los 15 minutos de precontratación son "perfectamente anticipables para el usuario".
Otra novedad del decreto es que cuando un ciudadano quiera desplazarse con un vehículo con licencia VTC –un Uber o un Cabify, por mencionar las plataformas más conocidas–, la geolocalización de la aplicación no podrá estar activa hasta que se haya contratado el servicio, aunque el Gobierno dejará "un mes" de margen a las empresas de VTC para adaptar sus sistemas tecnológicos.
Para controlar que se cumple el decreto, el Gobierno autonómico pondrá en marcha esta misma semana un registro de VTC donde las empresas del sector deberán darse de alta e informar de los servicios que están prestando sus vehículos diariamente, así como del origen y destino de los trayectos.