La Comisión Europea quiere arrebatar a los países miembros el poder de veto que ostentan en materia fiscal. Si finalmente prospera esta medida, Bruselas podría sacar adelante nuevos tributos comunitarios sin necesidad de contar con el "OK" de todos y cada uno de los veintiocho países miembros.
La iniciativa de la Comisión no fue presentada de manera abierta y transparente, sino que ha saltado a la palestra por la puerta de atrás. El 20 de diciembre, a las puertas de las pasadas navidades, Bruselas publicó en red un primer borrador del proyecto y abrió una ronda de consultas que se cerrará en la segunda mitad de enero.
En los últimos años, la Comisión Europea ha abierto la puerta a tres posibles tributos comunitarios. El primero sería una tasa aplicada a los servicios financieros, a la manera del gravamen que ya aplica Francia y que quiere implantar Pedro Sánchez en España. El segundo sería un impuesto sobre los servicios digitales, similar a la tasa Google que también defiende el Ejecutivo socialista de nuestro país. El tercero consistiría en la coordinación del Impuesto de Sociedades, que tendría un tipo mínimo en el caso de que salgan adelante los planes de Bruselas.
Anders Ydstedt, empresario y consultor sueco, fue uno de los primeros expertos que alzó la voz ante los planes de Bruselas. "En primer lugar, la Comisión abre la puerta a que los países más grandes acuerden por mayoría una subida de impuestos que luego afectará a todos los Estados miembros. En segundo lugar, esto supondría el fin de la competencia fiscal, de modo que veríamos una creciente armonización de impuestos. En tercer lugar, Bruselas se está extralimitando con esta propuesta, porque supone un tajo a la soberanía fiscal de los países miembros".
Quejas desde España
Desde España, la Unión de Contribuyentes ha expresado a la Comisión Europea su "oposición y rechazo a esta iniciativa que, en caso de prosperar, significará que los países más pequeños de la UE se verán obligados a adoptar las decisiones que acuerden los Estados miembros más grandes, lo que conducirá a una armonización tributaria y supondrá impuestos más altos".
Según ha explicado la Unión de Contribuyentes, "la sociedad española está fuertemente gravada y esta propuesta reconoce una amenaza para el contribuyente, porque abre las puertas a una tributación aún más discrecional y aún más confiscatoria. Bruselas se está saltando los derechos y los deseos de los contribuyentes".