El Gobierno ha aprobado este viernes en el Consejo de Ministros los proyectos de ley para la creación de los nuevos impuestos a los servicios digitales y a las transacciones financieras, con los que se prevé recaudar 1.200 y 850 millones de euros, respectivamente, y que iniciarán después su tramitación parlamentaria en el Congreso.
El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como 'tasa Google', gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. En concreto, en línea con la propuesta de la Comisión Europea, gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos. El Gobierno espera recaudar con este tributo 1.200 millones de euros.
Desde el Ejecutivo se argumenta que este gravamen se crea porque hay ingresos obtenidos en España por grandes empresas internacionales a partir de ciertas actividades digitales que escapan al actual marco fiscal. Quedan excluidas del gravamen la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario. Además, se excluyen del impuesto determinados servicios financieros.
Transacciones financieras
Igualmente, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley que crea el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como tasa Tobin, que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.
Se someterán a tributación las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición y deberá presentar una declaración anual del impuesto.
Quedan fuera del ámbito de la tasa Tobin la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados. El Gobierno calcula que ingresará unos 850 millones por esta nueva figura tributaria, que se destinarán a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social.