Uno de los grandes problemas que enfrenta la economía española es el reducido peso del empleo sobre el total de la población. Si tomamos los datos del Banco Mundial y analizamos cuántos ciudadanos mayores de 16 años están económicamente activos, encontramos que este porcentaje es de apenas el 58%.
Algo similar ocurre si comparamos los datos de población del Instituto Nacional de Estadística con los niveles de afiliación que registra la Seguridad Social. En la primera métrica, España se mueve en el entorno de los 46,5 millones de personas, mientras que en la segunda se registran datos ligeramente superiores a los 19 millones de cotizantes.
Evidentemente, una parte importante de esa brecha se explica por la población menor de edad, por los estudiantes universitarios o por las personas que ya se han jubilado. Sin embargo, también es cierto que las listas del paro son muy elevadas y alcanzan los 3,2 millones de inscritos, según los datos oficiales divulgados este mismo mes.
Tenemos, por tanto, una base muy estrecha de personas ocupadas, lo cual mina de manera directa la creación de riqueza necesaria para soportar el peso del gasto público. Como ejemplo, un botón: el sector privado cuenta con 13 millones de trabajadores… mientras que los sueldos y ayudas del sector público soportan a 14 millones de personas. Ante semejante situación, es fácil entender por qué España se sitúa entre los países europeos con un mayor esfuerzo fiscal.
Así las cosas, ¿qué suponen los planes presupuestarios del gobierno para ese reducido grupo de españoles que genera riqueza de forma activa en el mercado laboral? Libre Mercado ya avanzó en noviembre que el gobierno buscaba una subida fiscal cercana a los 30.000 millones de euros. Además, este diario estimó el pasado año que los nuevos objetivos de déficit anunciados por Sánchez se traducirían en 1.230 euros más de gasto por trabajador.
Pero, ¿qué suponen los nuevos datos incluidos en los Presupuestos Generales del Estado para 2019? ¿En qué medida se alteran las cifras preliminares una vez tenemos en cuenta los números definitivos presentados por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez? Y, para ser precisos, ¿qué significa el aumento del gasto por cada trabajador ocupado de nuestro país?
Para entender esta cuestión, debemos analizar primero el presupuesto consolidado de gastos, que asciende a 472.660 millones de euros y contempla un fuerte aumento de 23.000 millones en relación con el curso 2018. A continuación, debemos fijarnos en el volumen medio de ocupación planteado para este año, que alcanza 19,5 millones de personas.
Si hacemos este cálculo, encontramos que la factura del sanchismo económico llega a 1.200 euros por trabajador. Para ser precisos, el coste por asalariado del aumento presupuestario planteado para 2019 asciende a 1.195 euros.