La plataforma Smart Mobility, a la que pertenecen compañías de alquiler de vehículos de movilidad urbana como eCooltra, Scoot o Mobike, ha presentado un escrito de alegaciones ante el Ayuntamiento de Barcelona en respuesta a la reciente aprobación provisional de una tasa local por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal para bicicletas y motos compartidas. En el texto, se refiere, además, al Decreto de Alcaldía con el que se pretende establecer un sistema de licencias obligatorias para este tipo de servicios, y cuya aprobación definitiva está prevista en el mes de marzo.
La tasa, aprobada de forma inicial por el pleno del Ayuntamiento de Barcelona el pasado noviembre, establece el pago de 71,51 euros por vehículo y año para gravar el uso del espacio público que hacen los servicios de moto y bicicletas compartidas de iniciativa privada en la ciudad. Smart Mobility considera que esta norma es "desproporcionada" porque "su cálculo está basado en el tiempo que estos ocupan la acera, sin tener en cuenta que, de hecho, la mayor parte del día están en circulación. En segundo lugar, porque no contempla las peculiaridades de cada vehículo (asignando, por ejemplo, tanto a motos como a bicis dos metros cuadrados, cuando en el caso de la bicicleta el espacio ocupado es mucho menor)", explican.
Smart Mobility también cataloga la medida como "discriminatoria, puesto que no se aplica a otros usuarios (particulares y empresas) de ese espacio público, que siguen operando en el entorno urbano de manera gratuita, y advierte de que no tiene en cuenta el impacto positivo (social y medioambiental) de estos servicios compartidos para las ciudades". Además, defiende, una tasa de estas características "es contraria a la libertad de establecimiento que propugna el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea".
Les exigirá una licencia
"Por su íntima conexión y planificación conjunta municipal", Smart Mobility se pronuncia en sus alegaciones sobre la posible aprobación en primavera de un sistema de licencias. A su juicio, esta medida es "contraria a la Directiva Europea de Servicios y, de nuevo, a la libertad de establecimiento, ya que condiciona el acceso al mercado de los modelos de movilidad compartida y limita el número de prestadores de servicios, sin que exista ninguna razón imperiosa de interés general que justifique su creación".
Tanto la tasa como este sistema de licencias tendrían así un impacto directo sobre el desarrollo de los servicios de movilidad compartida. Al tratarse de un mercado joven, no maduro, la imposición de tasas (y, llegado el caso, licencias) hará que este modelo no sea rentable ni en el corto ni el medio plazo y ahogará estos modelos de negocio. "No sólo impedirá la entrada de nuevos operadores en el mercado, sino que además limitará el crecimiento e incluso expulsará a algunos de los prestadores ya existentes de este tipo de servicios", asegura Anna Merino, portavoz del colectivo.
"Esto va en detrimento de los usuarios, que tienen menos opciones de movilidad, pero también de las ciudades, en materia de seguridad, eficiencia y sostenibilidad. Y, todo ello, apunta el colectivo, en contradicción con el propio discurso público del consistorio sobre el fomento de la movilidad eléctrica, compartida, inteligente y de última milla", añaden.