La inseguridad jurídica desatada por el independentismo en Cataluña ha quedado patente a lo largo del año 2018. Aunque los fundamentales de la economía catalana están resistiendo el empuje separatista de la Generalidad, lo cierto es que la región ha salido muy maltrecha del referendo ilegal celebrado el pasado curso.
Empecemos por la entrada y salida neta de empresas. Según los datos del Colegio de Registradores, para los tres primeros trimestres del pasado ejercicio, 2.145 mercantiles hicieron las maletas y trasladaron su sede social a otros rincones de la geografía española. Considerando también la salida observada en 2017, a raíz del 1-O, vemos que el número total asciende a 4.681.
También hay malos datos en cuanto a la creación de nuevas empresas. De enero a noviembre, el total de mercantiles suscritas en Cataluña fue un 6,7% menor que el año anterior. Aunque la región mediterránea lideraba históricamente esta categoría, el desempeño ha cambiado a peor coincidiendo con el desafío soberanista. Mientras tanto, en Madrid han visto la luz cada vez más empresas, con un aumento del 7,3% en los once primeros meses del pasado año.
La entrada de inversión extranjera también se ha resentido notablemente. Los datos de la Secretaría de Estado de Comercio apuntan que las inyecciones de capital foráneo han bajado un 17% entre enero y septiembre de 2018. Dicho descenso contrasta con la subida del 88% que se observa en toda España o con el repunte del 182% que ha vivido Madrid en el mismo periodo.
La fuga de depósitos
¿Y qué hay de los ahorradores nacionales? Si nos fijamos en los depósitos de efectivo que cuentan las sucursales bancarias de la región también podemos constatar el cambio a peor que ha experimentado la economía catalana a raíz del pulso lanzado por el gobierno autonómico de Carles Puigdemont en 2017.
Según datos del Banco de España para el trimestre previo al 1-O, el total de depósitos que salió de la región rondó los 5.000 millones de euros. La retirada de ahorros se disparó entre octubre y diciembre, alcanzando más de 31.000 millones de euros. Pero el pulso se mantuvo en el primer trimestre de 2018, cuando otros 1.200 millones hicieron las maletas y pasaron a estar registrados en bancos de otras comunidades. Desde entonces solo se ha revertido un tercio de la salida, de modo que dos tercios de los depósitos que salieron siguen depositados en sedes bancarias de otras autonomías.