El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social se ha mostrado a favor de retrasar la edad efectiva de jubilación, pero en contra de alargar la edad legal. Esta medida, está en línea con la propuesta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
En concreto, en la actualidad, la edad efectiva de jubilación ronda los 62,7 años, mientras que la edad legal se sitúa en los 65 años y 8 meses para quienes tienen cotizados menos de 36 años y 9 meses, y en los 65 años si se ha cotizado más de 36 años y 9 meses. Así, la edad legal de jubilación con frecuencia difiere de la edad a la que efectivamente se jubilan los trabajadores españoles. Esto es debido a que los españoles se acogen a modalidades de jubilación anticipada, principalmente por cese involuntario.
Fuentes del Ministerio han afirmado que la intención, en los próximos 30 años, es incrementar la edad efectiva de jubilación hasta los 65,5 años. La edad legal de jubilación, por su parte, alcanzará lo 67 años una vez se aplique por completo la reforma de pensiones de 2011.
No obstante, en un comunicado, el Gobierno ha dejado claro que una cuestión así debe ir acompañada de una reflexión "profunda"sobre la tasa de reemplazo, sobre los incentivos a la continuidad en el mercado de trabajo y sobre la introducción de marcos flexibles entre actividad y jubilación.
Desde Trabajo, se ha resaltado que la evolución actual del mercado de trabajo hace que los trabajadores tiendan a jubilarse más tarde, ya que los puestos de trabajo son cada vez "menos penosos" y se automatizan más los procesos.Así, cada vez tienen más peso las actividades que se pueden hacer sin problemas a partir de una edad avanzada.
Elevar el período de cálculo
Por otro lado, el Ejecutivo también se ha mostrado favorable a extender el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión (ahora son 22 años y serán 25 años a partir de 2022). La AIReF recomienda en este punto elevar el periodo de cálculo más allá de los 25 años y hace una simulación sobre lo que supondría situar en 2027 este periodo de cómputo en 35 años: el gasto en pensiones se contendría en medio punto del PIB en 2048.
En esta línea, Trabajo se muestra favorable a esta medida porque acercaría la legislación española a estándares europeos y no debería producir "efectos negativos". Asimismo, el Gobierno ha afirmado que comparte las reflexiones de la AIReF publicadas esta semana en relación con la situación demográfica y considera que es necesario un refuerzo "considerable" de las políticas de familia y apostar por una política migratoria abierta.
Para el Ejecutivo, la inmigración no es un fenómeno negativo y considera que es imprescindible corregir esta percepción equivocada a través de las políticas públicas. "Las personas que piensan que la inmigración supone un riesgo están poniendo, de alguna forma, en riesgo la sostenibilidad de las pensiones", aseguran en el Ministerio.
Según las cuentas del Gobierno, la evolución del gasto en pensiones es similar a la proyectada por la AIReF y situaría el gasto en pensiones en un 13,4% del PIB en 2048. En este punto, se ha dejado claro que este incremento del gasto se debe al aumento del número de pensionistas y a las carreras de cotización durante la democracia conllevan mejores bases de cotización que las producidas durante el franquismo.
En este punto, el Ejecutivo ha afirmado que más de una cuarta parte de las personas que se jubilan lo hacen obligadas por normativas "inexplicables o a punto a extinguirse en su actual formulación", como es el caso de la jubilación parcial. La consecuencia final de esta acumulación de factores es "una evolución de déficit exagerada", que ha pasado del 0,1% del PIB en 2010 al 1,5% en los últimos años.