El nuevo ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, anunció esta semana que el gobierno de Jair Bolsonaro incluirá la creación de un régimen de capitalización individual dentro del proyecto de reforma de las pensiones que el Ejecutivo tiene previsto enviar al Congreso. Las declaraciones de Guedes van en línea con lo manifestado por Onyx Lorenzoni, ministro de la Presidencia, que también ha insistido en la importancia de garantizar la futura jubilación de las nuevas generaciones de trabajadores.
Aunque algunas voces anticipaban una reforma de limitado alcance, Bolsonaro ha dado el visto bueno a la propuesta de Guedes, que reivindicaba "cambios profundos" orientados a "evitar la quiebra del modelo actual e iniciar la transición hacia un nuevo modelo". Hay que recordar que la edad efectiva de jubilación en Brasil ronda los 55 años, de modo que los cambios no solo pasan por fortalecer el pilar de ahorro, sino por dejar esa rúbrica en el entorno de los 65 años.
Según explicaron Guedes y Lorenzoni, el objetivo es tener la propuesta lista en febrero. "Queremos cambiar las actuales reglas de jubilación, para que la Seguridad Social tenga reglas claras y robustas. Pero también buscamos crear un régimen de capitalización para incorporar a aquellos trabajadores que están entrando en el mercado de trabajo", apuntó Guedes.
"No vamos a dispersarnos: en vez de salir a la discusión parlamentaria con un ramillete de propuestas, vamos a perfilar una solución única e integral. Todo quedará recogido en una única Ley", explicó este tecnócrata afín a las tesis liberales que desarrollaron economistas como Milton Friedman en la Universidad de Chicago. La prensa brasileña ha interpretado la estrategia de incorporar todos los cambios en una misma ley con una maniobra que busca aminorar el coste político de negociar la reforma en el Congreso.
Aunque Paulo Guedes reconoce que la "transición" al modelo de capitalización puede resultar costosa, lo cierto es que el nuevo gobierno trabaja con la hipótesis de que el cambio puede ser posible en un horizonte de veinte años. Las reformas que planteó el gobierno interino de Michel Temer también se extendían durante dos décadas, pero solo planteaban un cambio del sistema de reparto, sin avanzar de forma concreta hacia la capitalización que ahora explora el Ejecutivo de Bolsonaro.
La capitalización como solución
"Estamos discutiendo todo, haciendo simulaciones y cálculos… Sabemos que el sistema antiguo que seguimos teniendo en pie hoy está como está: condenado. Por eso, buscamos evitar su quiebra y salvar la pensión de las futuras generaciones. Es una reforma doble: por un lado, evita el colapso del sistema existente. Por otro lado, genera un nuevo modelo de capitalización que opera de forma mucho más robusta", explicó Guedes.
Por su parte, Lorenzoni también ha dado su respaldo al cambio de modelo que busca Guedes. El número 2 de Bolsonaro afirmó ante los medios que "no es correcto seguir enviando a nuestros hijos y nietos a un sistema quebrado que a duras penas se mantiene en pie en la actualidad".
Chile, referente de cabecera
A finales de los años de 70, de la mano del entonces ministro de Trabajo, José Piñera, Chile empezó a desarrollar un sistema de capitalización basado en el ahorro individual. Bajo este modelo, el 10% del coste laboral se deposita en un fondo de ahorro vinculado al trabajador. Dichas aportaciones financian después la jubilación, evitando el agujero fiscal que enfrentan países como España o Brasil, donde las pensiones se pagan bajo un modelo de reparto.
La rentabilidad media obtenida por los fondos que gestionan los ahorros de los trabajadores alcanza el 9% anual, lo que ha permitido acumular recursos equivalentes al 80% del PIB. Más de dos terceras partes de dicho monto se deben a las rentabilidades conseguidas. Desde que entró en vigor el sistema, Chile ha disparado su PIB per cápita de 4.000 a 26.000 dólares, pasando de la pobreza al desarrollo en apenas tres décadas.
En Chile, los trabajadores que han aportado a su fondo de pensiones durante al menos treinta años obtienen después una pensión de jubilación que ronda el 70-80% de su último sueldo. Existe un pilar solidario, que financia con impuestos el pago de pensiones mínimas que sirven como complemento a quienes no llegan a ahorrar lo suficiente para jubilarse. Se estima que las pensiones serían un 50% más bajas si el viejo modelo de reparto hubiese seguido en pie.