La Comisión del Pacto de Toledo trabaja en un documento en el que se propone calcular la pensión de viudedad en función de la situación financiera de la unidad familiar del beneficiario, en lugar de la cuantía fija existente en la actualidad.
Según informa elEconomista, los partidos políticos estudian introducir nuevos elementos en el cálculo de la pensión que podrían reducir su cuantía para los nuevos viudos como, por ejemplo, tener en cuenta los periodos de cotización acreditados por el causante con una fórmula similar a la utilizada para el cálculo de la pensión de jubilación, así como la eventual introducción de una prueba de rentas como criterio de acceso a la prestación, en el que se tendría en cuenta la situación financiera de todo el núcleo familiar, a imagen y semejanza de lo que ocurre en otros países de la UE. De este modo, la cuantía de las futuras prestaciones de viudedad quedaría supeditado al nivel de renta o las necesidades familiares de cada caso.
Aumenta la base reguladora
Con la llegada del nuevo año, la base reguladora de la pensión de viudedad sube desde el 56% al 60% para las personas con 65 o más años que no perciban otra pensión pública, tal y como se estableció en un Real Decreto aprobado por el Gobierno el pasado julio. La base reguladora de la pensión de viudedad ya aumentó desde el 52% al 56% en agosto, lo que implicaba una subida del 7,7% en la cuantía de la pensión, según los cálculos que facilitó el Ejecutivo. Este nuevo incremento de la base hasta el 60% conllevará una subida similar en el importe de los pensionistas beneficiarios, del 7,1%.
Con esta mejora de la base reguladora se desarrolla la disposición adicional trigésima de la reforma de pensiones de 2011, en la que se contemplaban subidas para las pensiones de viudedad de mayores de 65 años con menores ingresos. El Gobierno de Mariano Rajoy fue aplazando su cumplimiento año tras año a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En concreto, dicha disposición establecía que el Gobierno adoptará las medidas reglamentarias oportunas para que la cuantía de la pensión de viudedad a favor de pensionistas con 65 o más años que no perciban otra pensión pública equivalga al 60% de la base reguladora, siempre que no perciban ingresos por la realización de un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia ni tampoco rendimientos o rentas que, en cómputo anual, superen el límite de ingresos que esté establecido en cada momento para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad.
La disposición establecía que la subida hasta el 60% de la base reguladora se llevaría a cabo de forma progresiva y homogénea en un plazo de ocho años. Finalmente, y según lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y en el Real Decreto de julio, se decidió proceder a esta subida en dos años para cumplir con los plazos establecidos: la base reguladora aumentó desde el 52% al 56% el 1 de agosto de 2018 y sube desde el 56% al 60% con la llegada de 2019.
Para la Seguridad Social, la aplicación de la base reguladora del 56% supuso un aumento del gasto estimado de 301,31 millones de euros desde el 1 de agosto hasta finales de 2018. A partir de 2019, con la subida al 60%, el aumento del gasto anual para el sistema de la Seguridad Social será de unos 1.382 millones de euros al año, según los cálculos del Ejecutivo.
En el caso de que sean pensiones complementadas a mínimos, no percibirán variación en la paga, ya que el Estado complementa adicionalmente su pensión hasta un mínimo que se fija anualmente en los Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, esta mejora se absorbe parcial o totalmente en el complemento que abona el Estado. La mejora de la base reguladora de la pensión de viudedad es independiente de la subida de las pensiones que se aplicará este año (1,6% con carácter general, menos las pensiones mínimas y no contributivas, que aumentarán un 3%).