A mediados de 2016, Libre Mercado sacó a la luz la caza de brujas que había iniciado entre los funcionarios el entonces edil de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato. La primera gran víctima de aquella operación fue la Interventora General del consistorio, Beatriz Vigo, que fue cesada en plena "purga ideológica".
La funcionaria no se quedó de brazos cruzados y optó por defender su honorabilidad ante los tribunales. Su primer triunfo llegó a comienzos de 2018, con una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 17 de Madrid resolvió que la motivación aportada por Sánchez Mato para el cese de la Interventora fue "genérica y en nada concreta".
El Ayuntamiento presentó un recurso de apelación, suscrito también por la Interventora que Ahora Madrid colocó en el puesto de Beatriz Vigo. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado los argumentos del gobierno "podemita" y ha insistido en que el gobierno local actuó de forma arbitraria.
En virtud de la sentencia del TSJM, el gobierno madrileño deberá pagar las costas del juicio, hasta un límite de 2.000 euros, y también tendrá que readmitir a Beatriz Vigo como Interventora, puesto que la funcionaria tiene ahora el respaldo de la Justicia para volver a ocupar el cargo del que fue apartada.