La economía española está creciendo cada vez menos. Tras varios años en el entorno del 3,5%, el PIB se va a mover cerca del 2% a lo largo del próximo año 2019. Sin embargo, el deterioro de las condiciones macro no parece preocupar a Manuela Carmena, que no solo no gestiona con mayor prudencia los caudales públicos del Ayuntamiento de Madrid, sino que vuelve a plantear un aumento del gasto municipal.
El plan presupuestario de Carmena para 2019 contempla una subida del gasto no financiero hasta los 3.644 millones de euros. Si comparamos estos números con el año 2014, último ejercicio completo de Gobierno de Ana Botella, encontramos que el gasto del consistorio se dispara en 704 millones de euros, un incremento del 19% en apenas una legislatura. Así lo refleja un demoledor informe elaborado por el Partido Popular con los datos oficiales del consistorio.
Teniendo en cuenta este fuerte aumento del gasto, no sorprende que el Gobierno local haya incumplido de forma reiterada la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En 2015, el consistorio rebasó en 17 millones de euros los niveles permitidos por la Regla de Gasto. En 2016, el desfase negativo fue de 233 millones. Un año después, en 2017, la liquidación incumplió la norma fiscal en 106 millones. Para 2018 se espera un exceso de gasto de 220 millones, mientras que en 2019 se podrían alcanzar los 357 millones.
No obstante, una parte importante del aumento del gasto desarrollado por Carmena y su equipo ha terminado consignada a la amortización de deuda y no a los proyectos anunciados por el consistorio. Entre 2002 y 2014, el Gobierno local ejecutó de media el 74% de sus presupuestos, lo que supuso un gasto efectivo de 628 millones anuales. Sin embargo, desde 2015 se ha venido observando un progresivo descenso en la ejecución presupuestaria, hasta el punto de que en 2017 solo se invirtieron 33 de cada 100 euros anunciados por el Gobierno. En términos monetarios, el gasto efectivo medio ha sido de 279 millones, tres veces menos que bajo los gobiernos del Partido Popular.
De manera que, aunque el gasto total aumenta con fuerza, el Gobierno local es incapaz de ejecutar sus propios proyectos. Por ejemplo, apenas hay avances en iniciativas como la reforma de la Plaza de España o del antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi. Por eso, las inversiones del consistorio no benefician de manera efectiva a los madrileños, sino que el gasto extra termina consignado a costosas adquisiciones (por ejemplo, la compra de Alcalá 45 anunciada en los últimos días de 2016 por la friolera de 104 millones de euros), a fuertes transmisiones de recursos a empresas municipales (el crédito a los entes dependientes del consistorio ha subido un 106% durante la legislatura) o a operaciones de amortización de deuda municipal (práctica que numerosos altos cargos de Ahora Madrid habían criticado reiteradamente en los años de Ana Botella, al considerar que se trataba de una política "neoliberal" y de "austeridad salvaje").
Sobre este último punto, hay que recordar que un tercio de la reducción de la deuda observada desde 2015 corresponde a superávit no ejecutado por el consistorio. En 2015, la amortización anticipada que firmó el entonces delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato, fue de 324 millones de euros. En 2016, 2017 y 2018, esta partida ha sido de 346, 59 y 225 millones, respectivamente. No obstante, hablamos de operaciones que ya habían sido aprobada por el anterior Gobierno.