El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes en Barcelona la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros mensuales por catorce pagas a partir del 1 de enero, lo que supone un aumento del 22,3% respecto a su actual cuantía, de 735,9 euros al mes.
Este incremento del SMI es fruto del acuerdo que alcanzó el Ejecutivo con Unidos Podemos para los Presupuestos Generales del Estado de 2019 y, según destacó hace unos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se trata de un incremento que "impugna la devaluación salarial" sufrida en los últimos años como consecuencia de la reforma laboral de 2012, realizada por el Gobierno del PP.
La cuantía del salario mínimo se aprueba habitualmente por decreto a finales de diciembre, para su entrada en vigor el 1 de enero del año siguiente. La subida del salario mínimo en un 22,3% para 2019, un alza histórica -la mayor desde 1977-, ha generado malestar en la CEOE por haberse pactado "a espaldas" del diálogo social.
El Banco de España ha advertido de los efectos negativos que suele tener la subida del SMI en el empleo. En concreto, el organismo avanzó en su día que, si se extrapolara el efecto de las últimas subidas a la aprobada para el próximo año, ello se traduciría en una pérdida del 0,8% del empleo total, equivalente, en la actualidad, a unos 150.000 puestos de trabajo.
Aumento de sueldos públicos
Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha dado luz verde a la subida salarial de los empleados públicos para 2019, que será como mínimo del 2,25%, cifra a la que podrá sumarse un 0,25% ligado a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales. En total, en un escenario de máximos, la subida salarial podría alcanzar el 2,75%, aunque para ello el PIB tendría que crecer el próximo año un 2,5% y la previsión es que lo haga un 2,3%. El coste de este incremento podría ascender a cerca de 3.400 millones de euros el próximo ejercicio.
Este incremento del salario de los empleados públicos es fruto de un acuerdo que los sindicatos alcanzaron con el Gobierno del PP y que el Ejecutivo socialista se comprometió a aplicar. Los sindicatos de la Función Pública venían reclamando desde hace semanas al Gobierno que procediera a aprobar esta subida por decreto ante el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 y la consiguiente prórroga presupuestaria de los de 2018.
Las organizaciones sindicales no querían demoras en la aplicación de la subida salarial para los empleados públicos. Dejar ésta en manos de los Presupuestos de 2019 o de un decreto posterior al mes de enero habría supuesto su aplicación con efectos retroactivos, una fórmula que ya se ha utilizado en otras ocasiones y que los sindicatos no querían que se repitiera.
Carreteras y cuencas mineras
Asimismo, el Gobierno ha autorizado contratos de obras en carreteras de Cataluña por un valor de 113 millones de euros, así como un convenio que desbloqueará 1.800 millones de euros destinados a carreteras para Canarias. Igualmente, se ha aprobado una línea presupuestaria de 350 millones de euros dirigida a la formación de ocupados en toda España. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, avanzó esta semana en el Congreso de los Diputados que esta partida presupuestaria se pondría en marcha antes de finalizar el año y que capacitará a los agentes sociales para impartir cursos de formación a los trabajadores.
Por último, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado el real decreto-ley de medidas urgentes para una "transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras". En concreto, este texto formaliza el acuerdo marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027 que firmaron el pasado 24 de octubre el Gobierno, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de los Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO) y la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión).
El acuerdo se alcanzó para dar respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión tomada en 2010 por el Consejo Europeo, que obliga al cierre antes del 31 de diciembre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018. En términos generales, el acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores y la creación de una bolsa de trabajo para empleados no prejubilados, en la que también podrán participar los trabajadores de las subcontratas.
Así, podrán prejubilarse los empleados con, al menos, 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado. El resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad. Además, se determina la asignación, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2019, de 100 millones de euros procedentes de las subastas de derechos de emisión de efecto invernadero (CO2), que serán destinados a las políticas de transición justa y de lucha contra el cambio climático.