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Los mayores enemigos del conductor: estas son las autonomías que más encarecen la gasolina

Tan sólo seis de las diecisiete comunidades autónomas se abstienen de gravar fiscalmente la gasolina y el diésel.

Tan sólo seis de las diecisiete comunidades autónomas se abstienen de gravar fiscalmente la gasolina y el diésel.

El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad, incluye un estudio específico del impacto que tienen los impuestos regionales sobre la venta de hidrocarburos. De acuerdo con dicho informe, apenas seis de las diecisiete comunidades autónomas se abstienen de gravar fiscalmente la gasolina y el diésel.

El IACF recuerda que "la gasolina representa un gran gasto para los propietarios de vehículos particulares, pero también para muchas empresas. Por tanto, la introducción de cuotas adicionales que se suman a las cargas estatales generan un clima fiscal menos competitivo en todo lo relacionado con la compra-venta de dichos carburantes".

Además, el informe subraya que "el Impuesto sobre la Venta de Hidrocarburos forma parte de la base sobre la cual se aplica posteriormente el IVA, de modo que la introducción de este gravamen a nivel autonómico incrementa por partida doble el precio final que paga el consumidor, puesto que acarrea una tasa adicional y también empuja al alza el IVA".

Actualmente, hay seis territorios que no aplican este gravamen o que lo mantienen con un tipo equivalente a 0. Es el caso de Cantabria, Canarias, Castilla y León, La Rioja, Navarra y País Vasco. Sí hay otras comunidades autónomas en las que se aplican tasas inferiores al máximo permitido. Así, en Madrid, Aragón y Extremadura se paga un recargo inferior a los 4,8 céntimos por litro que pueden llegar a introducir los gobiernos regionales.

Por el contrario, hay siete comunidades que aplican el recargo regional más alto que permite este impuesto. Se trata de Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y Murcia. Por este motivo, el IACF destaca a estos territorios como los que peor tratan fiscalmente a los particulares y las empresas que llenan el depósito de sus automóviles con gasolina o diésel.

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