ERE, Palau, Pokemon, Gürtel, Palma Arena, Campeón… Numerosos casos de corrupción han salido a la luz en España durante los últimos años, generando un clima de preocupación en la sociedad. De hecho, la moción de censura de Pedro Sánchez salió adelante con la promesa de regenerar la política en nuestro país, haciendo especial hincapié en la poca integridad y honorabilidad del Partido Popular para dirigir el Poder Ejecutivo, a pesar de que en Andalucía se registra el mayor número de casos de corrupción de nuestro país.
La desconfianza actual sobre los políticos queda manifiesta en el último barómetro publicado por el CIS, en el que la corrupción y el fraude se situaron como el tercer mayor problema existente en España. Más concretamente, el 12,2% de los encuestados consideraron que los comportamientos poco responsables de los políticos son más perjudiciales que el paro o la situación económica.
Que la corrupción inquiete a los ciudadanos es lógico, y es que en numerosos trabajos empíricos se ha encontrado un impacto negativo de esta lacra en el desempeño económico de los países. Por ejemplo, algunos trabajos han estimado una relación positiva entre los niveles de corrupción y de desigualdad; otros autores han calculado que un incremento en un 10% de los niveles de corrupción puede llegar a reducir en un 7,86% el PIB real per cápita; al mismo tiempo, se ha hallado una relación negativa entre la corrupción y la salud de las finanzas públicas.
Por tanto, es evidente que es necesario conocer cuánto cuesta la corrupción en nuestro país, en tanto en cuanto esto puede afectar a nuestras propias posibilidades económicas, al mismo tiempo que permite a los electores castigar de manera más eficaz a aquellos partidos en los que los comportamientos sean más irresponsables; además de poder realizar un análisis coste-beneficio de las políticas a implementar para combatirla de la manera más adecuada y eficiente posibles.
En este sentido, Los Verdes Europeos acaban de publicar un informe en el que se indica que la corrupción le cuesta a los españoles 90.000 millones de euros anuales, el 10% de toda la corrupción existente en la Unión Europea, y del que se han hecho eco numerosos medios de comunicación. Pero, ¿realmente la corrupción nos cuesta un 8% del PIB?
El mito de los 90.000 millones
Ante el alud de noticias acerca del citado informe, uno espera encontrarse con estimaciones complejas y un gran trabajo de investigación. Sin embargo, el estudio presentado por los Verdes no es más que el uso retorcido de unas cifras ofrecidas por un trabajo publicado por el Parlamento Europeo y presentado de una forma más impactante para llamar la atención, cosa que han conseguido. El coste de la corrupción en España no es de 90.000 millones de euros, al menos de manera exacta, ya que es algo difícilmente cuantificable.
Para empezar, el informe del Parlamente Europeo referenciado realiza una estimación teniendo en cuenta varios escenarios posibles en base a tres índices que no cuantifican la corrupción, sino que se usan a modo de aproximación a los niveles reales, siendo conscientes de la gran dificultad de obtener los verdaderos datos.
Así pues, parece una temeridad afirmar que a cada español le corresponderían 1.900 euros si desapareciera la corrupción, ya que el trabajo en cuestión admite sus propias limitaciones al respecto: "Cualquier investigación sobre corrupción enfrenta desafíos en la medición de los niveles de corrupción. Debido a la naturaleza ilícita de la corrupción, esta es difícil de detectar y medir. Las estadísticas oficiales y otras medidas proporcionan solo una explicación parcial de la extensión y naturaleza de los fenómenos".
Dos de los citados indicadores de referencia tienen en cuenta la percepción de la corrupción,es decir, miden los niveles de corrupción en el sector público a través de la realización de encuestas directas a los ciudadanos; mientras que el tercero es un indicador riesgo de país calculado en función de las probabilidades de tener que realizar sobornos y otro tipo de corrupción incrustada en el sistema político.
En ningún caso, por tanto, pueden usarse estos indicadores para medir el nivel de corrupción existente en un país, puesto que el sesgo de disponibilidad puede distorsionar los resultados, ya que dos naciones con una misma puntuación pueden reflejar situaciones completamente distintas, dependiendo del estado de la democracia o la salud de la libertad de prensa. Todo ello evidencia que "la percepción [vía encuestas] no refleja de manera precisa el nivel actual nivel de corrupción en diferentes regiones".
Por ello, los 90.000 millones de euros citados se obtienen de inferir el coste por no obtener la máxima puntuación dentro de los países de la Unión Europea. De hecho, en otros escenarios, el coste de la corrupción en España puede ir desde los 1.000 millones de euros si la puntuación en los indicadores de referencia alcanzasen la media de la UE a los algo más de 35.000 millones de euros si lo que se toma de referencia es la puntuación obtenida por el mejor país con características institucionales similares a las de España (Bélgica).
¿Cuánto cuesta la corrupción en España?
Como se acaba de explicar, cuantificar el coste de la corrupción es difícil porque precisa de una definición concreta para una casuística muy variada, algo que ha recalcado la literatura académica a la hora de hacer trabajos con este propósito. Además, suponiendo que seamos capaces de ofrecer un marco de clasificación para los comportamientos irresponsables por parte de los políticos, el siguiente paso es investigarlos y cuantificarlos, por lo que la tarea es muy compleja y farragosa, además de que, justamente, por ser actos ilícitos, no es posible acceder a toda la información necesaria.
Aún así, en un monumental trabajo de investigación, los periodistas Eva Díaz, Joaquín Vidal y el escritor Francisco Castañón han estimado que entre 1978 y 2015 la corrupción ha costado algo más de 7.500 millones de euros, derivados de 175 tramas y causas abiertas, muy lejos, por tanto de los 90.000 millones anuales que señalan los Verdes.
En definitiva, la corrupción en España no cuesta 90.000 millones de euros al año. Es muy difícil poder dar una cifra exacta, debido a lo complejo de poder encontrar una definición exacta de qué comportamientos se pueden considerar corruptos como de acceder a la información sobre el montante final que acaba repercutiendo en los ciudadanos. Lo que sí parece evidente es que para reducir los niveles de corrupción es necesaria una Justicia más eficiente y eficaz a la hora de combatir este tipo de casos, con condenas disuasorias, además de reducir el poder arbitrario de los políticos, puesto que nadie puede comprar favores a alguien que no puede venderlos.