El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el lunes que subirá cien euros el salario mínimo y que bajará impuestos a los pensionistas y a los trabajadores, en un discurso en el que trató de responder a las demandas del movimiento de los "chalecos amarillos". Macron reconoció que sus palabras "han herido a algunos" en el pasado y consideró justificado el descontento que han provocado las protestas, por lo que anunció un "estado de emergencia económico y social" para hacerle frente.
En su alocución televisada, de 13 minutos de duración, admitió que el país afronta "un momento histórico" y pidió a las grandes empresas que participen en el esfuerzo necesario para cambiar la situación. Macron indicó que el aumento del salario mínimo entrará en vigor en 2019 "sin que le cueste nada al empleador", y añadió que las horas extraordinarias estarán exentas de impuestos y cargas también a partir del año que viene. El mandatario solicitó además a los empresarios "que puedan" que entreguen a sus empleados una prima de fin de año que también quedará exonerada.
Asimismo, recalcó que los jubilados que ganen menos de 2.000 euros mensuales verán anulada la subida de la Contribución Social Generalizada (CSG), un impuesto proporcional sobre los ingresos profesionales o de capital que financia la Seguridad Social. Sin embargo, no aceptó reinstaurar el impuesto sobre la fortuna (ISF) para los que tuvieran un patrimonio neto imponible superior a los 1,3 millones de euros y que fue sustituido por un impuesto sobre la fortuna inmobiliaria (IFI).
"Queremos una Francia donde una persona pueda vivir dignamente de su trabajo. Pido al Gobierno y al Parlamento que hagan lo necesario", concluyó sobre las medidas previstas, que acompañó de una condena a los actos de violencia registrados en las protestas.
Coste de hasta 10.000 millones
Las medidas anunciadas por Macron para apagar el descontento de los "chalecos amarillos" tendrán un costo para las arcas públicas de "entre 8.000 y 10.000 millones de euros" y aumentarán el déficit público, según explicó este martes el Gobierno.
El portavoz del Ejecutivo, Benjamin Griveaux, hizo esta primera evaluación en una entrevista en el canal BFMTV, sin precisar si esa cifra incluye los 4.000 millones de euros que se dejarán de ingresar por la anulación la semana pasada de la subida de impuestos sobre los carburantes que debía entrar en vigor en enero de 2019.
El ministro de la Transición Ecológica, François de Rugy, reconoció que "en un primer momento" esas medidas implicarán un aumento del déficit público y lo justificó señalando que el objetivo es "que vuelva la paz social", en entrevista a Radio Classique.
Preguntado si eso implica renunciar a los compromisos europeos sobre el déficit, Rugy dijo que hay que tener en cuenta que las cosas han cambiado por la situación en diferentes países europeos, y citó la crisis del 'brexit' en el Reino Unido, el Gobierno italiano o el alza de la extrema derecha en Alemania y en España. "¿Alguien se cree que a nivel europeo se puede hacer como si no ocurriera nada?", dijo, antes de añadir que habrá que organizar en la Unión Europea "una discusión para tener en cuenta todos esos parámetros".
Aunque para Rugy a largo plazo deben controlarse las finanzas públicas, consideró que "la primera prioridad" no es "ir a discutir a Bruselas, sino ir a discutir con los franceses". Hasta hace una semana, el objetivo de déficit público del Gobierno para 2019 era del 2,8% del PIB. Fuentes del Ejecutivo citadas por Les Echos consideraron que si no van acompañadas de medidas de ahorro, todos esos anuncios harían subir el déficit hasta el 3,6% del PIB.