Los expertos se pasan el día hablando de bases de cotización, déficit del sistema, equilibrio financiero, reglas paramétricas o fuentes de financiación. Pero en la calle, en lo que tiene que ver con las pensiones, todo esto se resume a dos grandes dudas: cuánto cobraré en relación a mi sueldo y cuándo podré jubilarme.
Sobre lo primero hay pocas certezas: España es ahora mismo uno de los países de Europa con una tasa de sustitución pensión /último salario más elevada (también si se mide respecto al sueldo medio de nuestra economía) y parece evidente que esa cifra irá cayendo según pasen los años. Lo segundo, el momento de la jubilación, parecía más claro: tras la reforma de 2011, la edad legal se establecía en los 67 años a partir de 2027, aunque aquellos que hubieran acumulado más de 38 años y medio mantenían su derecho a jubilarse a los 65 con el 100% de su pensión.
Sin embargo, de forma sorpresiva, en los últimos días el debate ha vuelto a estar de actualidad. Primero fue Pedro Sánchez el que sacó el tema, cuando aseguró que su Gobierno trabajaba en la recuperación de la jubilación forzosa. Luego, fue su secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, el que le corrigió, luego le apoyó y luego se corrigió a sí mismo en apenas 10 minutos, los que duró su discurso en las jornadas sobre pensiones que organizó el Congreso el pasado viernes 30 de noviembre. En medio, lo que queda es un debate complejo, en el que los objetivos a corto y largo plazo pueden ser contradictorios, y en el que ningún político quiere reconocer lo obvio: también en esta cuestión será necesario que aceptemos que tendremos que hacer algo.
La contradicción
Sánchez incluyó el tema de las jubilaciones forzosas en su "agenda del cambio". En realidad, ésta es una reivindicación clásica de la izquierda. El argumento sería algo así como: "No puede ser que en un país con una tasa de paro juvenil como la que tiene España, haya personas que se eternicen en su puesto de trabajo. Tenemos que dejar paso a los jóvenes". ¿La herramienta? La jubilación forzosa, es decir, otorgarle el derecho a la empresa a despedir sin indemnización a cualquier trabajador que haya alcanzado la edad legal de jubilación y tenga derecho a cobrar el 100% de su pensión (incluso aunque el trabajador quiera seguir en activo).
Sindicatos y patronal están de acuerdo en recuperar esta figura, que quedó anulada en la reforma laboral de 2012. Los defensores de la medida recuerdan los casos de trabajadores de muy elevada remuneración y puesto directivo, que permanecen en su empresa el máximo posible esperando una indemnización elevada si la compañía quiere deshacerse de ellos. Pero no hay que engañarse, la mayoría de los afectados no serían directivos, sino trabajadores normales que cumplen 65 años y quieren seguir trabajando (por ejemplo, en el sector de la automoción hay numerosos casos).
El problema con la jubilación forzosa es que también tiene costes. Para empezar, porque lo normal es que el trabajador que sustituye al que se marcha tenga menos sueldo y, por lo tanto, pague menos impuestos y cotizaciones. Pero, además, porque aunque en la estadística sean dos números, dos trabajadores no tienen por qué ser perfectamente intercambiables. Vamos, que si la solución al paro juvenil fuera jubilar a 2 millones de sesentañeros, todo sería muy sencillo: pero alguien tendrá que pagar entonces las pensiones de estos nuevos jubilados y alguien tendrá que hacer su trabajo (y cubrir su experiencia y saber acumulado). En ninguna economía hay un número tasado de empleos, entre los que se pueda mover, como si fueran peones de ajedrez, a unos trabajadores que difieren mucho entre sí en cuanto a expectativas, formación, experiencia, objetivos... El objetivo debe ser crear más empleos, no repartir los que ya existen.
En este sentido, hay que recordar que obligar a jubilarse a trabajadores que quieren seguir en activo es contradictorio con las recomendaciones de todos los organismos internacionales y con el camino emprendido en 2011 por la reforma del propio PSOE. Quizás por eso tuvo tantos problemas para explicarse Granado, el pasado día 30 en el Congreso:
- primero empezó diciendo que el Gobierno quería "fórmulas flexibles" para que, los que quieran, puedan jubilarse más tarde (por ejemplo, con medias jornadas o compatibilizando sueldo y pensión);
- luego aseguró que él nunca defendería "que la gente se jubile cada vez más pronto" y que su principal objetivo era "retrasar la salida del mercado de trabajo";
- entonces puede que se diera cuenta de que le estaba enmendando la plana a su jefe y cambió de tercio, diciendo que también le parecía "razonable" recuperar la jubilación forzosa para que alguien que cumple 65 años y tiene una carrera laboral completa sea solidario y deje su sitio a los jóvenes;
- y para terminar, afirmó que en realidad lo que diga el BOE no tiene tanta importancia porque "la gente se jubila cuando quiere, y normalmente suele querer cuando puede".
¿Es compatible todo esto? Pues parece complicado.
Las cifras
Mientras Sánchez y Granado llegan a un acuerdo sobre este tema, probablemente sean las cifras del mercado laboral y la Seguridad Social las que más luz puedan arrojar al respecto:
- Edad de jubilación real y oficial: la edad de jubilación oficial en España será de 67 años en 2027 (va subiendo año a año desde 2013). Pero esto no deja de ser en buena parte una ficción. Como decíamos antes, para todos aquellos (y son muchos) que acumulen más de 38,5 años de cotización, la referencia siguen siendo los 65 años.
Y eso si hablamos de normativa. Si miramos las cifras de la edad efectiva, estamos casi más cerca de los 60 que de los 65. En la siguiente tabla recogemos la edad efectiva y la legal de jubilación en 15 países europeos. Cuando hablamos de legal-normal, nos referimos a aquella a la que se puede jubilar un trabajador que comenzó su carrera laboral a los 20 años y ha cotizado desde entonces.
Como vemos, nuestro país está entre los que tienen una edad efectiva y "normal" (así la llama la OCDE) más baja de entre los países ricos. En general, los países europeos tienen un reto en este tema. En esta tabla sólo hemos incluido a los países del Viejo Continente más ricos. Si hubiéramos metido también al resto de los miembros de la OCDE (EEUU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón…) podríamos ver que lo que ocurre en la UE en cuanto a la edad de jubilación es una excepción: los europeos nos jubilamos mucho antes de lo que es habitual en esos otros países ricos. Pues bien, España está entre los que tienen una edad de jubilación efectiva más baja también en ese subgrupo europeo.
- Tasa de actividad de los mayores de 50 años: éste es otro elemento para la reflexión. También aquí estamos a la cola de los países ricos. En la siguiente tabla comparamos las tasas de empleo a diferentes edades en España, Suecia, Dinamarca u Holanda. Estos tres países no son los que tienen una tasa de actividad y empleo más elevadas (la primera posición del ranking corresponde a Islandia) aunque están muy bien clasificados. Para esta comparación, los hemos escogido porque suelen estar entre los ejemplos más usados por nuestros políticos cuando se trata de políticas públicas y porque sus modelos de pensiones también están siempre, en todas las listas internacionales, en los primeros puestos en cuanto a sostenibilidad, suficiencia y solidez.
- Esperanza de vida tras la jubilación: los españoles son, junto a los japoneses, los habitantes del planeta con una mayor esperanza de vida. Según el INE, en estos momentos, a los 65 años los hombres españoles tienen una esperanza de vida de 19,4 años y las mujeres de 23,6. En Dinamarca (por ejemplo), las cifras son 18,2 y 20,8. En Holanda, 18,5 y 21,1. Los españoles vivimos más y con mejor calidad de vida que en los países más ricos y prósperos de Europa.
La noticia es fantástica desde un punto de vista social, pero en términos financieros tiene unas implicaciones muy claras: hay que pagar la pensión de cada vez más jubilados que, además, se retiran con mejores derechos adquiridos que las personas que fallecen (las pensiones medias de las nuevas altas en el sistema son muy superiores a las de las bajas). Por poner un ejemplo de lo que esto supone: a comienzos del siglo XX, cuando en la mayoría de los países se estableció la edad de jubilación a los 65 años, sólo un tercio de los europeos occidentales llegaba a vivir hasta ese momento; ahora mismo, ese indicador (edad a la que llegan vivos un tercio de los habitantes de un país) en España se sitúa alrededor de los 89-90 años. Esto no quiere decir que haya que trabajar hasta esa edad, pero sí nos dice claramente que los 65 años comienzan a estar desfasados.
- Tasa de dependencia: número de personas mayores de 65 años por cada 100 personas en edad de trabajar (de 20 a 64 años). España ya está por encima de la media de la OCDE (30,7 frente a 27,9). Y las previsiones demográficas apuntan a que a mediados de este siglo seremos el segundo país del mundo, tras Japón, con un mayor número de personas de la tercera edad respecto a la población en edad de trabajar, con una tasa de dependencia de 77,5% (según la OCDE). Está claro que de aquí a 2050 pueden pasar muchas cosas (inmigración, natalidad…) pero no nos engañemos, incluso en el mejor de los supuestos, cada trabajador español tendrá que soportar un peso mucho más elevado en forma de impuestos sólo para pagar las pensiones (y el gasto sanitario también se disparará).
La realidad
Con todas estas cifras sobre la mesa, probablemente todo quede más claro que escuchando a Sánchez o a Granado. Nos pongamos como nos pongamos, si no cambia mucho la situación en lo que tiene que ver con la demografía o con la tecnología, nos tendremos que jubilar mucho más tarde que en la actualidad. Habrá diferencias entre sectores y ocupaciones. Pero incluso los trabajadores de actividades muy exigentes o peligrosas lo normal es que tengan que mantenerse en activo, aunque sea cambiando de tareas según van envejeciendo.
Esto no tiene por qué ser malo. Quizás lo primero que hay que cambiar es ese discurso que demoniza cualquier incremento en la edad de jubilación.
Precisamente, sobre pensiones y reto demográfico Libertad Digital acogerá en los próximos días un interesante desayuno informativo que, como siempre, nos ofrecerá café La Mexicana, y que contará con grandes expertos como Miguel Ángel García, analista de Fedea y ex director general de ordenación de la Seguridad Social, John Müller, periodista, y José María Rotellar, ex viceconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Dicho esto, hay muchas cuestiones interesantes sobre la mesa. Lo primero es quién le pone el cascabel al gato. Viendo lo ocurrido con Sánchez y Granado, queda claro que lo razonable para el largo plazo (ir subiendo poco a poco la edad de retiro) puede ser muy contraproducente en el cortoplacismo electoral en el que se mueven nuestros políticos.
También es verdad que en este tema hay mucho margen para la trampa y lo normal es que los partidos intenten explotarlo: como hemos comentado en otras ocasiones, se puede subir la edad real de jubilación sin tocar la edad oficial. Por ejemplo, endureciendo los requisitos de acceso a la pensión y dando "flexibilidad" para que cada uno decida cuándo retirarse. De esta manera, a nadie se le obliga en teoría, pero el que quiera cobrar una pensión que sustituya de verdad a su salario tiene que trabajar varios años más de lo que preveía. Lo que sí parece evidente es que esos 65 años que todos tenemos grabados a fuego en la mente o los 67 de la última reforma ya son sólo una referencia. Ningún trabajador de menos de 40-45 años debería tener demasiadas esperanzas al respecto.