El Gobierno impondrá a las empresas que reciban ayudas obligaciones para que mantengan el empleo y su actividad productiva, según anunció la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
El Ejecutivo aprobó este viernes un real decreto-ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, en el que se incluye una batería de medidas para ayudar a las empresas electrointensivas a mantener su competitividad y cuota de mercado frente al impacto del precio de la electricidad, entre las que se encuentran la creación del Estatuto de Consumidor Electrointensivo y la figura de la red de distribución de energía eléctrica cerrada.
Maroto señaló que el Gobierno quiere incorporar a las empresas beneficiarias de este tipo de ayudas la obligación de mantener su actividad productiva por un periodo de tres años, así como un nivel de plantilla del 85%. La ministra destacó que es "relevante" vincular las ayudas a estas obligaciones para "mantener el tejido productivo y dar continuidad" a la industria, evitando así casos de cierres y marchas de empresas una vez expirado el periodo de caducidad de esas subvenciones.
En los últimos meses, el tejido industrial español ha visto como varias multinacional han anunciado el cierre de plantas en el país, como Alcoa, con sus plantas de A Coruña (Galicia) y Avilés (Asturias), que emplean a casi 700 trabajadores; Vestas con su fábrica de Villadangos del Páramo (León), que finalmente será relanzada por Network Steel; o la cementera Cemex. Maroto subrayó que esta medida permitirá que las empresas "se arraiguen con el territorio" y que las ayudas concedidas tengan por objetivo "generar y mantener el empleo".
Compensación de costes de CO2
Asimismo, la titular de Industria adelantó que antes de que finalice el año se procederá al pago de las ayudas de compensación de costes de CO2, una de las peticiones de la industria electrointensiva. De esta manera, se desbloqueará la partida de 150 millones de euros que fue incluida en los Presupuestos General del Estado (PGE) para 2018 para compensar a la industria electrointensiva por esos costes indirectos por emisiones de dióxido de carbono (CO2).
El Gobierno también procederá a prorrogar la vida útil de las instalaciones de cogeneración, que benefician especialmente a la industria. Estas medidas se producen tras los anuncios de cierre por la multinacional Alcoa en A Coruña (Galicia) y Avilés (Asturias), que emplean a casi 700 trabajadores.
Asimismo, se limitará la venta a pérdida en el comercio minorista para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea e incorporar "certeza y protección" al conjunto de prácticas comerciales. De esta forma, las ventas a pérdidas se considerarán desleales cuando sean susceptibles de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento; tengan por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajeno, o formen parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado.