El Gobierno ha relanzado a través de un Real Decreto Ley de medidas urgentes elcontrato de relevopara la industria manufacturera, una figura "de especial incidencia" para el sector de la automoción, que demandaba una renovación.
Dentro del Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para el impulso de la Competitividad Económica de la Industria y el Comercio aprobado este viernes por el Consejo de Ministros se prorroga hasta el 1 de enero 2023 la aplicación de la normativa relativa a la jubilación parcial con simultánea celebración de contrato relevo, dado que el 31 de diciembre de 2018 finaliza el plazo de aplicación de la Disposición Transitoria cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo asegura que es "necesario" y "urgente" alargar su periodo de aplicación para lograr los objetivos de esta modalidad de jubilación parcial: rejuvenecer las plantillas, fomentar la contratación indefinida, incrementar la productividad de las empresas y contribuir a la transición ecológica de la industria, manteniendo su actividad y sus empleos.
A través de esta medida, la industria española renovará su plantilla y tendrá capacidades adicionales para abordar su necesaria digitalización y eficiencia energética. Así, con esta prórroga, el Ejecutivo espera poder asegurar alrededor de 70.000 puestos de trabajo en los próximos cinco años.
El contrato de relevo es aquel que suscribe una empresa con un trabajador en situación de desempleo o con un contrato de duración determinada para sustituir a otro que ha solicitado jubilarse de manera parcial. Esta modalidad contractual tuvo un gran impulso en los años de la crisis económica aunque en los últimos ejercicios ha ido descendiendo su uso debido a los cambios experimentados en la regulación de la jubilación parcial.
Extensión de la moratoria
El Gobierno del PP endureció en 2011 y posteriormente en 2013 las condiciones para acogerse a la jubilación parcial, lo que perjudicó la realización de contratos de relevo. No obstante, ante las demandas del sector de la automoción, en 2015, en el marco de una disposición transitoria en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se estableció una moratoria, que finalizaba el próximo 31 de diciembre, para que la legislación anterior a 2011 se siguiera aplicando en determinados supuestos, como por ejemplo el formar parte de planes de jubilación parcial recogidos en convenios o acuerdos de empresa.
Dicha moratoria se prorroga ahora hasta el 1 de enero de 2023, con el objetivo de ayudar a las empresas de la industria manufacturera, especialmente a las del sector del automóvil, a mejorar su competitividad y rejuvenecer plantillas. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta mejora "sustancial" del contrato de relevo generará una competitividad en la industria española y empleo de calidad para los jóvenes. "Esta medida ayudará a generar oportunidades y a combatir dos grandes desafíos que identifica este Gobierno: la digitalización y la transición ecológica", apuntó.
Por su parte, Maroto ya defendió en su día que un nuevo impulso a esta modalidad de contrato, inscrito en el Marco Estratégico para la España Industrial 2030 del Gobierno y las Agendas Sectoriales que lo desarrollan, es "muy importante" para las plantas de producción del sector automovilístico.
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) señaló a Europa Press que, a expensas de conocer el texto al completo una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la ampliación de la moratoria en cinco años es una medida "positiva" para el sector del automóvil y que este lleva persiguiendo desde hace "mucho tiempo". "Permitirá rejuvenecer las plantillas, mantener el empleo y fomentar la formación", subraya la patronal de fabricantes.
Homologación de vehículos
Además, el Ejecutivo ha modificado la Ley 21/1992 de Industria en lo que se refiere al régimen sancionador de homologación de vehículos, con el objetivo de estar en condiciones de adaptar las reglamentaciones estatal y autonómica al marco comunitario de reglamentos en materia de homologación y vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos.
"Se refuerza la supervisión y control del sistema de homologación europeo y se imponen obligaciones estrictas en cuanto a la vigilancia de los productos comercializados en el mercado", apunta el Gobierno.