El Gobierno de Pedro Sánchez se acaba de sacar de la manga un nuevo proyecto estrella contra el paro juvenil que, pese a la estridencia de su anuncio y lo abultado de su financiación, no solo no logrará sus objetivos, sino que protagonizará un nuevo episodio de despilfarro público. Dentro de la tragedia que supone mantener una tasa de paro próxima al 14%, una de las más elevadas del mundo desarrollado, la peor parte se la llevan los jóvenes, donde el desempleo todavía asciende al 33%, llegando incluso a rondar el 50% en los peores momentos de la crisis.
El Ejecutivo, en su maniquea estrategia de anunciar medidas con el único fin de alimentar la campaña electoral del presidente, ha aprobado este viernes un amplio programa destinado a combatir esta lacra, en el que se incluyen 50 medidas y varios ejes de actuación. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se ha esmerado en la explicación de este plan ante los medios de comunicación mediante una larga y detallada intervención tras la reunión del Consejo de Ministros. Sin embargo, pese al esfuerzo dedicado, casi todo se resume en destinar otros 2.000 millones de euros y cerca de 3.000 funcionarios convertidos en "orientadores" a esta finalidad, con la vana esperanza de que la tasa de paro juvenil caiga hasta el 23% de aquí a 2021.
En realidad, el texto no es más que un conjunto de vaguedades y buenas intenciones en el que se recogen recetas fracasadas e ineficaces para solventar este grave y crónico problema. Por desgracia, el intento, una vez más, resultará infructuoso, con la consiguiente frustración de los jóvenes y sus familias y el no menos sangrante coste que deberá afrontar el sufrido bolsillo de los contribuyentes. El PSOE sigue sin entender que el paro no se reduce regando de dinero los chiringuitos de sindicatos y patronales, engordando aún más la estructura del antiguo INEM o poniendo en marcha iniciativas políticas que, pese a lo rimbombante de sus nombres, no tienen el más mínimo sentido.
La solución, por el contrario, es otra muy distinta. En primer lugar, acometer una reforma en profundidad del sistema educativo y, muy especialmente, del ámbito universitario para que la formación se adapte a la demanda real del mercado mediante la colaboración activa de las empresas en el mundo académico, al tiempo que se potencia la Formación Profesional, donde las tasas de colocación son más elevadas. En segundo término, es necesario reducir los costes de contratación a nivel general, pero, específicamente, entre los más jóvenes, ya que su escasa experiencia complica la búsqueda de trabajo. España está a la cabeza de la OCDE en impuestos laborales. Urge, por tanto, reducir esta pesada tributación para dinamizar la creación de empleo. Asimismo, es imprescindible flexibilizar mucho más la regulación laboral, en línea con la reforma de 2012, y reducir o eliminar el salario mínimo interprofesional para impulsar la colocación de los jóvenes.
Y, por último, pero no menos importante, ya es hora de reformular el papel que juegan los Servicios Públicos de Empleo, cuya única tarea consiste en abonar la prestación del paro. Su teórica función de orientar y recolocar desempleados ha cosechado un rotundo y constante fracaso. Estos servicios deberían ser externalizados para que sean las agencias y empresas de trabajo temporal las encargadas de formar y colocar a los parados, tal y como sucede en otros estados de la UE. El plan que ha aprobado el Gobierno no es más que otro anuncio electoral pagado con el dinero de todos.