Las empresas españolas no crecen. Tanto en proporción con el empleo generado como si miramos a su peso en el PIB, España es un país de pymes. Hablamos de pequeñas empresas (en muchos casos micro-pymes), que se esfuerzan cada día por salir adelante, con mucho trabajo y determinación; de emprendedores a los que, en muchos casos, les encantaría dar un paso adelante y convertirse en grandes empresas. El problema es que no les dejamos. Más de 130 normas empujan a estas compañías hacia atrás, para que sigan siendo pequeñas, inestables, frágiles… Y sí, eso tiene consecuencias en términos de productividad, riqueza y empleo. De todas las reformas de las que no se habla, ésta podría estar en el primer puesto de la lista de las más necesarias.
La semana pasada, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) presentaron sus informes anuales sobre la economía española correspondientes a 2018. Se trata de dos documentos muy completos, con decenas de tablas, gráficos y análisis en los que se resumen los principales retos de nuestro país. También hay, recomendaciones: un puñado de reformas con las que se anima al Gobierno a continuar mejorando las condiciones de nuestro tejido productivo.
Y entre estas recomendaciones destaca una que se repite en los dos documentos. No es novedad de este año, ni mucho menos. Desde hace décadas, es un clásico de los informes que analizan la economía española. Lo que llama la atención, en este caso, es una doble circunstancia de la propuesta que le da una enorme actualidad: la primera es que es una de las pocas reformas planteadas (quizás la única) neutral desde un punto de vista presupuestario. No habría que hacer nada con las cuentas públicas: ni ingresos ni gastos se verían afectados.
La segunda razón por la que merece la pena volver a poner el foco en este tema es que las propuestas de los expertos de ambos organismos marchan exactamente en la dirección contraria a la emprendida por el Gobierno de Pedro Sánchez. No es que no se esté haciendo nada para favorecer el crecimiento de las empresas; si acaso, todo lo aprobado y anunciado en estos meses de Ejecutivo socialista apunta en la dirección contraria.
La 'trampa' del tamaño
Los expertos en mercado laboral, ayudas sociales y gasto público hace tiempo que alertan sobre los efectos no deseados de determinadas políticas. Uno de los casos más conocidos es el que podríamos denominar como "trampa de la pobreza": con esta denominación se refieren a aquellas situaciones en las que las ayudas a colectivos vulnerables acaban convirtiéndose en un lastre que termina perjudicando a aquellos a los que quería ayudar. Por ejemplo:
- imaginemos una ayuda a las personas sin empleo que se termina en el momento en el que esa persona tiene un trabajo, por muy precario que éste sea
- la lógica nos dice que si a una de estas personas le sale una oportunidad (quizás un trabajo por horas durante un mes) debería aceptarla, porque puede ser el primer paso para integrarse en el mercado laboral
- sin embargo, la experiencia nos enseña que, si esa ayuda pública que recibe no está bien diseñada (por ejemplo, para permitirle compatibilizar el salario y la ayuda o con un esquema que reduce la ayuda de forma proporcional a los ingresos), puede acabar transformándose en una barrera en el acceso a ese empleo
- esta persona preferirá la seguridad de la subvención a un puesto de trabajo que no sabe cuánto tiempo mantendrá: y así se cronifica el problema original (la necesidad de una ayuda pública)
- la subvención es una barrera y no un empujón hacia el mercado laboral
Pues bien, algo así ocurre con las pymes. La teoría nos dice que muchas empresas pequeñas tienen una potencial gran empresa en su interior. No todas quieren pasar de ser una tienda en el centro de La Coruña a convertirse en Inditex, pero hay muchas de estas compañías que sí querrían ir creciendo y consolidando su negocio poco a poco. Y aquí es donde entra en juego la trampa del tamaño: en nuestro país, hay numerosas normativas que sólo se aplican a las empresas si éstas se mantienen por debajo de un determinado umbral (en número de sus empleados o su facturación).
Estas medidas, diseñadas en principio para ayudar a las pymes y micro-pymes (empresas de menos de 10 empleados) acaban convirtiéndose en la cuerda que asfixia su crecimiento. Superar el umbral legal supone un problema para muchas empresas, en términos de costes extras o de pérdida de ayudas-ingresos. A muchas no les merece la pena. Y se quedan en 9-49 empleados o, incluso, dejan pasar proyectos atractivos para no saltar del tope permitido de facturación. El problema es que una empresa que no pasa de 9 a 11 trabajadores tampoco llegará a tener 20-25-30… o 200 empleados. ¿Cuántos proyectos empresariales se habrán visto frustrados por este juego de incentivos perversos? ¿Cuántas pequeñas empresas que cayeron durante la crisis habrían aguantado si hubieran llegado a ese punto siendo más grandes, con una cartera de clientes más diversificada, con más mercados? Esta última pregunta es muy importante. Impedir el crecimiento de una empresa no sólo tiene un impacto en el conjunto de la economía o en las estadísticas de productividad: aunque a corto plazo esa empresa agradece la subvención por ser pyme (o el descuento en el Impuesto de Sociedades), a medio plazo puede ser una píldora envenenada, que la hace más frágil y menos resistente.
Los informes de la OCDE y el FMI son muy claros al respecto:
OCDE: Las normas que se aplican en función del tamaño, es decir, las que se hacen depender del tamaño de las empresas (a menudo en términos del número de trabajadores como con el volumen de negocio), pueden crear obstáculos al crecimiento. Por ejemplo, en Francia las leyes laborales que se aplican en función del tamaño de las empresas se asocian a distorsiones significativas en la distribución de las empresas por tamaños y a pérdidas de eficiencia superiores al 5% del PIB (Garicano, Lelarge y Reenen, 2013).
OCDE: En un reciente estudio realizado por el Gobierno español sobre las normativas estatales horizontales, se identificaron más de 130 normas aplicables en función del tamaño de la empresa, en relación tanto con el número de trabajadores como con el volumen de negocio, a razón un número umbral de 250, 50 y 10 trabajadores, y de 10, 6 y 2 millones de euros de volumen de facturación, respectivamente. Estos umbrales deberían ser suprimidos gradualmente según convenga y debería restringirse la creación de otros nuevos.
OCDE: En los casos en que no sea posible suprimir esos umbrales, serían en cualquier caso preferible [establecer] los umbrales ligados a la edad de la empresa. La justificación de ayudar a las empresas pequeñas y antiguas es endeble, habida cuenta de que son las empresas jóvenes, y no las antiguas, las más importantes para la creación de empleo.
FMI: Han sido identificadas más de 100 regulaciones relacionadas con el tamaño que, potencialmente, crean incentivos para la ‘trampa de las pymes’. Sin embargo, el plan presupuestario para 2019 propone reintroducir un nuevo tramo en el Impuesto de Sociedades para ciertas pymes, que podría dañar el crecimiento y la productividad de estas empresas. Es necesario modificar o eliminar las regulaciones relacionadas con el tamaño de la empresa con el objetivo de terminar con los desincentivos al crecimiento y mejorar su capacidad para innovar.
FMI: La agenda de reformas estructurales requiere de un nuevo impulso para elevar la productividad de las empresas españolas. La brecha de productividad de las empresas españolas con respecto a sus competidores europeos es grande, especialmente entre las pequeñas empresas y las microempresas. Los esfuerzos deben centrarse en eliminar los desincentivos para que las empresas crezcan, mejorar el acceso al mercado y ampliar la capacidad de innovación de la empresa.
Las consecuencias
Como hemos dicho anteriormente, éste no es un problema sólo en lo que respecta al tamaño de las empresas. Esa estadística está ligada a muchas otras que tienen un impacto directo en el bienestar y los ingresos del conjunto de la economía española.
Como vemos en este gráfico, la productividad de las empresas está muy relacionada con su tamaño. Esto también puede verse en las estadísticas de exportaciones, una cuestión clave: las empresas que venden al exterior suelen ser más estables ante las crisis y presentan mejores tasas de crecimiento y creación de empleo. Pues bien, en España, incluso tras el impulso exportador de la última década, que ha sido muy importante, todavía tenemos una asignatura pendiente a este respecto, sobre todo en lo que afecta a las pymes.
Lo dicho en este artículo no se aplica sólo a España. En todos los países, las compañías más grandes son más productivas y eficientes. De hecho, si miramos el gráfico 1, el de la productividad, vemos que las grandes y medianas empresas españolas (representadas por el triángulo y el círculo sobre la línea roja) no están nada mal clasificadas respecto a sus rivales. Es decir, a igualdad de tamaño, nuestras empresas compiten bien con sus rivales. ¿El problema? Pues que, como podemos ver en el siguiente gráfico, la proporción de empleo generado por las pymes españolas está entre las más elevadas de toda la OCDE.
Hablamos de productividad, competitividad o exportaciones. En todos los casos, el tamaño de la empresa lastra las posibilidades para adentrarse en el mercado global y competir de tú a tú. Esto puede parecer una cuestión técnica, más adecuada para una discusión de expertos. No es así: estas estadísticas tienen un reflejo tangible en términos de empleo, salarios y condiciones laborales.
No hay más que mirar cualquier EPA (el cuadro anterior está sacado del último informe de Decil de Salarios del Empleo Principal de la EPA 2017): los sueldos crecen según aumenta el tamaño de las empresas. La retórica contra las multinacionales de partidos y medios de comunicación siempre obvia este punto, pero los salarios medios que pagan las grandes empresas son muy superiores a los de las pymes: el 23% de los trabajadores de las empresas de más de 250 empleados están en el decil superior (cobran más de 3.367 euros al mes) y sólo el 2,2% de los empleados de estas empresas está en el decil inferior (cobran menos de 717 euros al mes). Entre las micro-pymes, las proporciones se invierten: el 20,8% de los empleados de las empresas con 1-10 trabajadores está en el decil inferior y sólo el 4,4% está en el decil superior.
Y lo mismo ocurre con las condiciones de ese empleo (hay mucho más empleo temporal o de jornada reducida entre las pymes) y con la estabilidad de esos puestos de trabajo (cuando llegan las crisis, la destrucción de empleo se ceba con las empresas de menor tamaño). Lo mismo ocurre con los llamados "beneficios sociales" o con el gasto en formación por empleado: a más tamaño, más crecen todas estas categorías relacionadas con la calidad del empleo.
Por eso, todos los organismos internacionales repiten desde hace décadas el mismo mantra: mucho cuidado con las normas destinadas, en teoría, a ayudar a las pymes, porque muchas de ellas se acaban convirtiendo en la cuerda que las termina ahogando. Una cosa es incentivar y apoyar la creación de nuevas empresas y otra muy distinta es limitar su potencial de crecimiento. Hasta ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado varias medidas contra las grandes empresas: la más importante, ése nuevo apartado del Impuesto de Sociedades que les impone un tipo mínimo del 15%. En estos anuncios, sólo se salvan las pymes, a las que se promete excluir de los perjuicios de las nuevas normativas o, incluso, a las que se anuncia una nueva regulación pro-pymes y una rebaja de impuestos en función del tamaño o la facturación. La OCDE habla de "más de 130 normas en función del tamaño". A este ritmo, en el informe de 2019, esa cifra puede haberse quedado muy corta.