El Congreso ha aprobado este jueves el informe sobre su investigación de la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro, un documento que ha sido respaldado por todos los grupos parlamentarios a excepción de Unidos Podemos, que se ha abstenido, y de Ciudadanos, que ha votado en contra por sus discrepancias en relación con las cajas de ahorro.
El informe es uno de los bloques del dictamen que se somete a votación este jueves en comisión, y en él se contiene un relato de la investigación llevada a cabo por el Congreso, con citas y datos a partir de los documentos aportados por cada uno de los grupos. Además de este informe, la comisión ha aprobado un bloque de antecedentes, con una relación de la documentación solicitada por la comisión y la relación de comparecientes solicitados, tanto los que finalmente acudieron a rendir explicaciones, como las de aquellas personas que no lo hicieron.
En tercer lugar, los grupos también deben votar las conclusiones de la investigación y las propuestas de futuro que han presentado los grupos: las que se aprueben, se integrarán en el texto final del dictamen y las que no podrán ser defendidas como votos particulares ante el Pleno del Congreso, en un debate final que se calcula para el mes de febrero.
Reprobación del Banco de España
En su relato, al que ha tenido acceso Europa Press, la comisión de la crisis financiera reprueba la gestión realizada por el Banco de España y el resto de organismos de supervisión pues considera que "no hicieron frente a sus obligaciones" para actuar contra la burbuja de crédito y la burbuja inmobiliaria.
Así, considera que "había herramientas disponibles" para actuar por parte del Banco de España, pero que estas herramientas "no se usaron por falta de voluntad política" y carga contra el supervisor en su gestión sobre las preferentes pues cree que "propició" su venta pese a tener "constancia sobre la aversión a estos productos por parte de los inversores institucionales".
Además de supervisores y sector financiero, el informe apunta también a los gobiernos de Felipe González y José María Aznar por la aprobación de diferentes leyes. Al presidente del PP le achacan la Ley del Suelo, que "favoreció el aumento de suelo urbanizable disponible, y al socialista la regulación de fondos de titulización, que permitió que los créditos no figuraran en las cuentas de entidades y así no asumir el riesgo.
"El sistema normativo vigente en ese momento creó el marco propicio para el hipercrecimiento e hiperfinanciamiento del negocio inmobiliario y constructivo", reza el documento, en el que la comisión rechaza que la crisis surgiera "porque los ciudadanos vivieran 'por encima de sus posibilidades'". "Fueron las entidades financieras las que prestaron muy por encima de sus capacidades, y fueron los entes reguladores y supervisores los que obraron muy por debajo de sus responsabilidades", sostiene.
Entre 2000 y 2008, expone la comisión, el crédito al sector de la construcción y promoción aumentó en un 661% y el crédito hipotecario en un 335%. El 63% de todo el crédito al sector privado estaba concentrado en esos años en actividades inmobiliarias.
Errores "particulares", no por la politización
El informe también subraya que las "malas prácticas se dan generalizadas en todo el sector, incluyendo bancos y cajas" y que la crisis "afectó por igual a cajas y bancos", si bien, apostilla el texto, "la resolución de los problemas asociados no fue la misma en uno y otro caso".
"Del fracaso de las cajas no cabe concluir el éxito de los bancos. A estos últimos les salvó su diversificación internacional, mientras que en España también experimentaron dificultades y ayudas puntuales", abunda el informe, que pone de ejemplo el creciente peso del negocio internacional en las dos mayores entidades, Banco Santander y BBVA.
Respecto a los diferentes modelos de gestión, gobernanza y una posible politización de las entidades, el informe señala que "las decisiones erróneas son tomadas por personas particulares o grupos de personas, independientemente de su profesión o filiación", y también la existencia de "incentivos perversos que promueven la toma de decisiones erróneas". Así, asegura que "lo que hay detrás de las malas praxis que se dieron en muchas entidades de crédito, tanto bancos como cajas de ahorros, son determinados grupos de personas muy concretos con motivaciones e intereses particulares", y niega que la diferente titularidad de cajas respecto a los bancos haya sido "un factor determinante en su diferente exposición a la crisis".
Por otro lado, defiende que "la profesionalidad de los altos directivos de las cajas de ahorros era similar a la que tenían los cuadros de dirección de los bancos". "La asunción de malas prácticas y la toma de decisiones erróneas no dependía, así, del nivel de capacitación, sino de otras motivaciones e inercias", subraya.
En este sentido, atribuye las malas prácticas en el sector a la búsqueda de mejoras en la cuenta de resultados "de manera creciente y continuada" y al "establecimiento de sistemas de remuneración e incentivos ligados a la consecución de objetivos". Una apuesta que, a su juicio, "promueve una visión cortoplacista de la gestión y un abandono de la toma en consideración de otros criterios relacionados con la asunción de riesgos, la ética o la propia sostenibilidad del sistema".