La Fundación Artemisan y la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) se han basado en un informe de las universidades de Extremadura y de Castilla-La Mancha para solicitar al Gobierno un cambio en la Ley de Parques Nacionales. En el texto se puede leer que desde que el Parque Nacional de Monfragüe fue considerado como tal en 2007, los 14 municipios del entorno han perdido un 2% de población y de renta familiar disponible, al tiempo que se ha registrado un aumento del 82% en el número de desempleados.
Por este motivo, tanto Artemisan como Fedexcaza aseguran que se está poniendo en peligro el futuro socioeconómico de estos municipios y la propia conservación de los Parques Nacionales debido a la densidad creciente de especies silvestres. Por eso, solicitan que se pueda permitir la actividad cinegética dentro de estos entornos naturales. El Parque Nacional de Cabañeros, que recibió está consideración en 1995, ha tenido un impacto muy parecido al del Monfragüe. Los 6 municipios del entorno han perdido un 19% de la población y el paro ha aumentando un 40% en la última década.
El informe destaca que "la declaración de Monfragüe y Cabañeros como Parques Nacionales fue un hito en sus respectivas comunidades autónomas en cuanto a conservación de la naturaleza en general y del monte mediterráneo en particular, por los altos valores naturales que los justifican y representan en ambos casos. Sin embargo, desde el punto de vista del desarrollo del territorio, y tras el análisis de los datos sociodemográficos antes expuestos, se detectan problemas estructurales de gran entidad que no parecen haber disminuido con la declaración y gestión de ambos espacios protegidos".
La ley contempla la prohibición de la caza en todos los espacios del territorio español considerados como Parques Nacionales. En la última década, la normativa solo contempla acciones de control poblacional llevados a cabo desde el sector cinegético. Sin embargo, para el año 2020, la propia ley prevé suprimir el control poblacional en estos parques, "de forma que tendrá que ser la propia Administración la que tendrá que asumir y costear estas acciones", explican en el comunicado de la Fundación Artemisan.
"De esta manera, al gran impacto socioeconómico que ya están sufriendo estas zonas, se suma el daño medioambiental generado por la excesiva densidad de especies silvestres como el ciervo y el jabalí, que sigue incrementándose de manera exponencial a pesar de estos controles, tal y como reconocen los informes de las propias administraciones.", argumentan.
Pero tanto en la Fundación Artemisan como en la Federación Extremeña de Caza señalan que la prohibición de la caza en estos entornos contradice la propia Ley de Parques Nacionales. Lo cierto es que en el artículo número 5 de la norma se puede leer lo siguiente: "El desarrollo sostenible de las poblaciones implicadas, en coherencia con el mantenimiento de los valores culturales, del patrimonio inmaterial y de las actividades y usos tradicionales consustanciales al espacio". "¿No es tan importante la protección de las personas de un territorio como la de sus recursos naturales? ¿Queremos Parques Nacionales habitados y con fauna y flora silvestre o sólo con flora y fauna silvestre? Porque ése es el dilema real al que nos enfrentamos", han señalado Artemisan y Fedexcaza.
De momento, este informe, junto a sus conclusiones, ya ha sido presentado en el Congreso de los Diputados y en las próximas semanas será trasladado también a los parlamentos y administraciones regionales de Extremadura y Castilla-La Mancha, dado que, aunque se trata de una norma nacional, la gestión de los parques nacionales corresponde a las comunidades autónomas.