El gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado su intención de revisar al alza la fiscalidad del sector tecnológico. Desde 2014, el mandatario socialista venía defendiendo la introducción de un gravamen pensado exclusivamente para las empresas digitales. Ahora que el político madrileño ha llegado a la presidencia del gobierno, su objetivo es desarrollar esta medida en 2019, bien con su inclusión en unos Presupuestos Generales, bien con su tramitación y aprobación parlamentaria.
El tributo está pensado para empresas que ingresen 750 millones de euros a nivel global y 3 millones de euros a nivel doméstico. Esto excluiría a algunas compañías de menor tamaño, pero cargaría las tintas sobre gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Facebook o Twitter, que ya han empezado a mover ficha para intentar detener los planes del Ejecutivo.
Moncloa quiere recaudar 1.200 millones de euros aplicando a estas empresas un tipo del 3% sobre las ventas de servicios de publicidad, intermediación online o venta de datos. A nivel comunitario, Bruselas llegó a estudiar la introducción de un gravamen similar, si bien la falta de unanimidad ha terminado devolviendo el asunto a los gobiernos nacionales.
Así las cosas, ¿qué países han optado por aplicar un "impuesto digital" como el que ha anunciado Pedro Sánchez? La Tax Foundation ha estudiado esta cuestión en profundidad y ha concluido que apenas tres países de la UE-28 han introducido un impuesto con estas características:
- En 2014, Hungría aprobó un impuesto sobre las ventas de publicidad online. El tipo es del 7,5% y se aplica a negocios con una facturación de más de 300.000 euros anuales.
- En 2017, Italia introdujo un gravamen del 3% a los servicios digitales. Se cobra este impuesto a compañías que realicen más de 3.000 transacciones en el país transalpino.
- En 2018, Eslovaquia modificó su Impuesto de Sociedades para canalizar a través del gravamen empresarial por excelencia las ventas de servicios digitales.
Reino Unido, que prepara su salida de la Unión Europea, podría aplicar una tasa del 2% a las empresas que vendan servicios digitales e ingresen anualmente más de 600 millones de euros. La norma estaría ajustada a ventas, pero sujeta a la obtención de beneficios durante el curso del año fiscal.
Fuera de las fronteras de la Unión, solo tres economías desarrolladas han desarrollado impuestos digitales: Corea del Sur, India e Israel. La lista puede crecer en 2019 si Chile y Australia siguen adelante con su plan de aplicar gravámenes de este corte. En cualquier caso, la abrumadora mayoría de los países de la UE-28 y la OCDE parecen mantener su compromiso de no crear gravámenes adicionales orientados a obtener más impuestos de la actividad de las empresas digitales.