La oleada de protestas que, a lo largo de los últimos años, han protagonizado miles de españoles contra el Impuesto de Sucesiones y Donaciones ha permitido rebajar de forma sustancial este tributo en varias CCAA, algunas de ellas gobernadas por el PSOE, como es el caso de Andalucía. Sin embargo, otras todavía se resisten e incluso aspiran a que el Gobierno central armonice este impuesto al alza en toda España, rechazando así su completa eliminación.
Los partidos que defienden el mantenimiento de esta figura en España se escudan en una serie de argumentos que no se sostienen, según un reciente estudio realizado por El Club de los Viernes en colaboración con la asociación Stop Impuesto Sucesiones. El texto en cuestión, incluido en un informe más amplio sobre la situación económica de Andalucía, desmonta las grandes mentiras que suelen esgrimir los políticos a favor de este impuesto.
1. "Está presente en toda Europa"
Falso. El impuesto está siendo progresivamente eliminado, no existiendo en más de la mitad de los países de la Unión Europea y, en aquellos que aún lo mantienen, cumple, en muchos casos, una función más reguladora que impositiva, estando prácticamente exentos de tributar los familiares directos.
2. "Se aplica de forma justa"
Falso. Es un impuesto que no tiene en cuenta la capacidad económica real del heredero para hacerle frente, que o bien renuncia previamente a lo que por derecho le pertenece o, en caso de aceptar de buena fe la herencia y no poder pagar el impuesto (entiéndase recomprar su herencia), se enfrentará a graves problemas con la Administración, como multas, intereses desproporcionados o embargos.
3. "Redistribuye la riqueza"
Falso. La misma Administración que "expolia herencias al ciudadano de a pie, facilita que las personas con sobrados recursos económicos, asesorados por caros gabinetes de especialistas, puedan crear sociedades instrumentales, patrimoniales y productos de ingeniería financiera que eludan el impuesto, recursos que, por supuesto, no están al alcance de las familias trabajadoras, que son las que realmente, sufren el expolio que este tributo conlleva".
4. "Las renuncias son por deudas"
Falso. Las Administraciones ocultan las renuncias que se producen cuando las familias carentes de la liquidez necesaria no pueden acceder a créditos que les permitan abonar el impuesto. Antes de la aprobación de algunas rebajas parciales, el Consejo General del Notariado reflejaba que la renuncia a las herencias se disparó en las regiones con el tributo más alto, especialmente en Andalucía, con un aumento acumulado del 420% desde el estallido de la crisis.
Y estas renuncias no son por la deudas de los difuntos, sino por el coste de heredar, ya que antes de la crisis había un número similar de "herencias con cargas". Por norma, las personas fallecen a edad avanzada, justo en el momento de la vida en el que ya cuentan con un patrimonio consolidado y libre de cargas. Además, en 2017, cuando Andalucía redujo el impuesto, las renuncias todavía alcanzaron el 18,2% del total de herencias.
5. "Se tributa por el valor real de los bienes"
Falso. La Administración andaluza, por ejemplo, cuantifica los bienes inmuebles mediante la fórmula resultante de aplicar al valor catastral (que fija cada ayuntamiento) más un coeficiente multiplicador específico para cada localidad, añadiendo, además, "para asegurar la mordida", un 3% adicional del llamado ajuar, "otro eufemismo para tapar la realidad, pues da igual que se trate de una vivienda vacía, un local o un campo", según el estudio. "Esto provoca una sobretasación de los bienes que puede inflar exponencialmente su valor real de mercado, obligando así al pago del tributo máximo".
6. "Financia la Sanidad y la Educación"
Falso. "Es una de las más demagógicas mentiras repetidas por los políticos", destaca el texto. La recaudación real de este tributo es meramente testimonial, de apenas un 1% en el mejor de los casos, del total del presupuesto manejado por la autonomía de turno, y menos del 0,2% con respecto al PIB.
"Si la sanidad y la educación dependieran, por tanto, de su recaudación, estarían en quiebra técnica", añade el texto. Además, "dichos servicios básicos son, curiosamente, de más calidad en aquellas autonomías que tienen bonificado el impuesto al 99% que en las que esquilman a sus ciudadanos por sistema".
7. "El Gobierno central debe dar una solución"
Falso. El impuesto está transferido a las CCAA. La Ley estatal únicamente establece cómo calcular la base imponible del impuesto, pero el cálculo de la base liquidable (lo que realmente hay que pagar) depende de cada región, en función de sus gravámenes o bonificaciones. "Es precisamente esta facultad legislativa la que provoca enormes diferencias entre las autonomías".
En cualquier caso, "la pretendida armonización a nivel nacional, que será, sin duda, siempre al alza con respecto a quienes prácticamente lo tienen suprimido, sólo contribuiría a mantener, de una forma u otra, el expolio con todas sus consecuencias". Por ello, "únicamente la derogación del mismo puede ser considerada como solución definitiva a este drama social y económico".
8. "Ya se ha eliminado"
Falso. "Es la más sangrante y falsa de todas las mentiras", según el estudio, por varias razones:
- Las rebajas anunciadas no obedecen a una voluntad política real, ya que los gobernantes se vieron forzados a adoptarlas en un "desesperado intento por acallar el clamor social despertado".
- En ningún caso se eliminó el impuesto, tan solo se maquilló en forma de bonificaciones, aplicadas, además, únicamente sobre los familiares directos. El resto de grados de parentesco, al igual que las donaciones, tributan en los valores máximos de la escala.
- Todos estos cambios tienen además un carácter temporal. En algunos casos, como en Andalucía, con una vigencia de solo un año por tratarse de un "apaño político entre el PSOE y Ciudadanos para aprobar unos presupuestos. No olvidemos que mientras no sea derogado a nivel nacional, todo dependerá de los pactos cambiantes de los gobiernos y coaliciones de turno".
- "Hacer justicia es corregir la injusticia". Miles de familias se encuentran en la más absoluta ruina, sometidas a expedientes de embargos, multas y altos intereses por no poder hacer frente al impuesto de las herencias recibidas con anterioridad a la rebaja. "El legislador pretende abandonarlas a su suerte enterrándolas en vida, negándose, no ya a la retroactividad, sino también a arbitrar medidas complementarias para paliar el drama sufrido", denuncia el informe.
"Una batalla crucial"
Como consecuencia, estas asociaciones no dudan en seguir batallando para lograr la total eliminación de este impuesto en toda España. "La lucha contra el Impuesto de Sucesiones es una batalla crucial en la política española que supera el ámbito fiscal y se adentra en el corazón de la democracia, desvelando comportamientos opresivos y despóticos, ajenos a la decencia y a la ética", concluye.