El proyecto de Ley de Cambio Climático que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez es un auténtico despropósito, una barbaridad desde el punto de vista energético, económico y social, cuya factura podría elevar exponencialmente el desastre que, en su día, supuso la burbuja renovable creada bajo el mandado de José Luis Rodríguez Zapatero.
Dicho plan pretende, en primer lugar, reducir las emisiones de CO2 por encima incluso de los objetivos que marca la UE, habiendo además incumplido las metas acordadas previamente, de modo que el esfuerzo para minimizar estos gases sería titánico. Y para ello los socialistas proponen, entre otras medidas, prohibir por completo la matriculación de vehículos que emitan C02 a partir de 2040, así como peatonalizar el centro de las ciudades, imponer puntos de recarga eléctrica en las gasolineras o contar con un sistema energético 100% renovable en 2050.
Más allá de que muchos de estos objetivos se antojan irreales o, como mínimo, inviables desde el punto de vista económico, su mero planteamiento evidencia, una vez más, el profundo delirio en el que se encuentra inmerso el PSOE desde hace años. Para empezar, porque imponer un arbitrario, ineficiente y costosísimo modelo de transporte y de energía a golpe de decreto, siendo ambos sectores clave para el conjunto de la economía, es el vivo ejemplo de la sinrazón y el sectarismo más rancio y radical, equiparable, únicamente, a los modelos de planificación comunista que tan ruinosos resultados han cosechado a lo largo de la historia. El hecho de no tener en cuenta siquiera la opinión de los operadores afectados, como es el caso de los fabricantes de coches y gasolineras, ni de los consumidores, que son los únicos que deberían marcar el devenir del mercado, constituye, además, una nueva muestra de la fatal arrogancia en la que, por desgracia, suelen caer los políticos, solo que en el caso de Sánchez es mucho más grave. Y todo ello sin contar con la opinión de la oposición, a pesar de la importancia y la extensión en el tiempo del proyecto formulado.
El gran problema de fondo, sin embargo, es que el absurdo y contraproducente ecologismo que profesa el Gobierno parte de una gran mentira, como es el origen antropogénico del calentamiento global, cuyos fundamentos no han sido demostrados. Por si fuera poco, la izquierda se olvida de que España, al igual que otros países ricos, goza de unos altos niveles de salud medioambiental y atmosférica, de modo que los miles de muertos atribuidos a la contaminación no son más que otro cuento propio del alarmismo mediático y político que se ha instalado en la sociedad. Curiosamente, EEUU, contrario a los acuerdos climáticos, es la potencia que más ha reducido sus emisiones de CO2 en los últimos años -gracias al fracking-, mientras que Suiza, adalid del capitalismo, es el país más ecológico del mundo, sin necesidad de imposiciones sectarias.
De llevarse a cabo este proyecto, el daño para la economía nacional sería, simplemente, colosal. En primer lugar, porque la automoción, que representa casi el 40% de la industria española y emplea a cerca de 250.000 personas, vería lastrada sus ventas de forma irremediable por culpa de las prohibiciones descritas, provocando con ello el desmantelamiento de fábricas y una sustancial destrucción de empleo. En segundo lugar, porque imponer el coche eléctrico, sin posibilidad de elegir ni de desarrollar otras posibles alternativas, encarecería de forma drástica el transporte por carretera -estos vehículos cuestan hoy el doble que los de combustión-. Y, en tercer lugar, porque el cierre de las nucleares y la instauración de un sistema 100% renovable para hacer frente al histórico aumento de la demanda que supondría este plan dispararía, aún más, el precio de la luz, hasta el punto de convertirlo en un bien de lujo.
Los socialistas no aprenden. Si en su día Zapatero alimentó una burbuja renovable, cuya herencia es tener que soportar hoy una de las facturas eléctricas más altas de Europa, Sánchez pretende ahora superar ese hito, multiplicando por cien ese gravísimo disparate.