El Instituto de Crédito Oficial (ICO) recupera su actividad financiera con las administraciones públicas territoriales, con un importe máximo de 250 millones de euros anuales, ampliables a 500 millones. De esta forma, volverá a financiar proyectos de inversión realizados por comunidades autónomas, entidades locales y organismos dependientes en sectores de especial interés, como el tratamiento de aguas, la mejora de la eficiencia energética de edificios, planes de rehabilitación urbana y rural, vivienda social para alquiler o movilidad sostenible.
Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha confirmado que el ICO retoma su actividad de financiación a los ayuntamientos después de que este organismo dejó de financiar a las administraciones territoriales en 2012 tras una orden del Consejo de Ministros, debido al "alto riesgo" en las líneas de crédito. Celaá ha explicado que tras mejorar desde entonces la situación de sus fondos, el ICO retoma de nuevo su actividad de financiación con los alrededor de 8.000 ayuntamientos existentes en España.
"Es muy importante normalizar el acceso a los mercados y los recursos de financiación de estas administraciones territoriales", ha enfatizado Celaá, quien ha recordado que el ICO financia proyectos finalistas, no siendo nunca el financiador mayoritario, sino que actúa en colaboración con otras entidades públicas y privadas. "Nos parece de mucha importancia retomar esta política", ha añadido.
El Ministerio de Economía ha destacado que esta medida es "relevante" porque apoya la entrada de las administraciones territoriales en los mercados financieros de forma gradual. Asimismo, impulsará la movilización de recursos del sector privado o instituciones financieras internacionales, puesto que el papel del ICO en la financiación de estos proyectos tendrá siempre un carácter complementario, favoreciendo el desarrollo de esquemas de colaboración público-privada. El ICO participa en estas operaciones en condiciones de mercado.
La puesta en marcha de mecanismos extraordinarios de financiación durante la crisis –Fondo de Pago a Proveedores y Línea de Financiación directa a CCAA– produjo un incremento "muy significativo" del peso relativo de las administraciones en el balance de ICO, recuerda Economía, que señala que, actualmente, la ausencia de saldos vivos de estas operaciones deja sin efecto esta restricción.