El Gobierno le ha puesto fecha a la muerte de la gasolina y el diésel. El Ejecutivo socialista prohibirá por ley a partir del año 2040 la matriculación y venta de vehículos que utilicen estos dos combustibles en nuestro país. Para 2050, ni siquiera dejará circular a los coches antiguos.
Además, en su guerra contra la contaminación, el PSOE pretende obligar a las gasolineras a implantar puntos de recarga eléctrica en sus instalaciones. Así lo recoge el borrador de la Ley de cambio climático y transición energética que presentó el pasado martes. Según el texto, las gasolineras tendrán un plazo de dos años para adaptarse a esta nueva exigencia, bajo la amenaza de recibir sanciones de hasta 30 millones de euros.
El plan ha cogido por sorpresa al sector de la automoción, que ha mostrado su descontento con los nuevos propósitos del Gobierno."Un inversor quería poner una gasolinera y ya me ha dicho que con esto no pone", lamenta el secretario general de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio (AEESCAM), Víctor García, en declaraciones a Libre Mercado. Este tipo de medidas "desincentivan las inversiones y generan mucha incertidumbre", asegura.
"No hay demanda"
Como representante del sector de las gasolineras, a García la parte de la norma que más le preocupa es la obligatoriedad de instalar cargadores eléctricos en sus negocios. "Esto es una frivolidad, ¿quién va a pagar la fiesta?", se pregunta. "Establecer un punto de carga rápida cuesta entre 60.000 y 70.000 euros, más otros 500 euros de costes fijos que vienen todos los meses en la factura eléctrica. Nosotros, que no estamos pasando precisamente por nuestro mejor momento, no nos lo podemos permitir", asegura.
Para el presidente de AEESCAM, imponer los cargadores en las casi 12.000 gasolineras que hay en España, "que no sé si será en todas porque no nos han enviado ni el documento", es inviable. "Poner un punto de recarga que te cueste 70.000 euros para que te pase un coche al día es carísimo. No hay demanda".
"Primero, no todo el mundo puede comprarse un coche eléctrico y, segundo, el 95% de los que lo tienen lo cargan en su casa y si son empresas en la base", explica García. Para llenar el depósito eléctrico con un cargador rápido al 80% se necesita al menos media hora, por lo que es poco probable que un conductor decida pasar ese tiempo esperando en la gasolinera. "No es el sitio", insiste García.
El presidente de AEESCAM critica que el Gobierno "quiera hacernos volver al monopolio y a decirnos lo que tenemos que ofrecer a nuestros clientes. En una economía de mercado no nos pueden obligar a vender algo que no necesitan nuestros clientes". Consciente de que "tenemos que ir hacia una transición energética", García no descarta que la tecnología pueda cumplir con los plazos que se ha marcado el Gobierno en el futuro, "pero ahora acabar con la gasolina y el diésel sería imposible". Además, actualmente, "los coches nuevos de gasolina y diésel contraminan tres cuartas partes menos que los de hace 10 años. Los que contaminan son los coches viejos", insiste.
Disgusto entre los fabricantes
En una línea similar ha ido la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). En un comunicado, la patronal, en la que están desde BMW a Renault, declara que "rechaza de plano el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética" por considerarlo "excesivo en sus objetivos y acelerado en sus plazos".
"La Ley establece que, a partir del año 2040, no se permitirá la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono. Esto supone la prohibición directa de comercialización de vehículos diésel, gasolina, GNC y GLP e híbridos en todas sus tipologías. En la práctica, esto significa ir en contra del principio de neutralidad tecnológica defendido al máximo por la Unión Europea", aseguran.
La industria está "totalmente comprometida con la descarbonización del parque automovilístico, pero la transición hacía una movilidad cero y bajas emisiones ha de ser ordenada, justa y rentable, desde el punto de vista social y económico", declara su vicepresidente ejecutivo, Mario Armero. En la redacción de la norma lamentan que el Gobierno "no haya contado con su opinión".
Empresas como Toyota también han mostrado su disgusto. La compañía japonesa cree que los plazos del PSOE son "excesivamente exigentes", superando incluso los plazos establecidos en otros mercados europeos donde las tecnologías de cero emisiones tienen un desarrollo superior al español, ha informado en un comunicado. La firma japonesa considera que este anuncio genera "confusión" e "incertidumbre" en los consumidores, lo que afectará directamente al mercado y ralentizará la "necesaria" renovación del parque automovilístico.