En el "Día sin IVA", los clientes pagan el IVA. Y en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) que abonarán a Hacienda los bancos, también lo harán, de una u otra forma, sea quien sea el obligado tributario.
No está claro si Pedro Sánchez, doctor en Economía, conoce la obra de Richard Thaler (premio Nobel de Economía en 2017), Daniel Kahneman (premio Nobel de Economía en 2002) o su colega Amos Tversky. Por lo visto este miércoles por la mañana en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de la Moncloa, parecería que sí; que el presidente o sus asesores han leído y estudiado al menos un poco sobre psicología económica, heurísticas, sesgos o comportamiento del consumidor.
O quizás ha sido sólo casualidad. En cualquier caso, sea cual sea la razón, lo cierto es que el planteamiento que ha realizado Sánchez en su comparecencia sorpresa tras la sentencia del Tribunal Supremo parece sacado de uno de aquellos juegos que han hecho famosos a Thaler o Kahneman: uno de esos experimentos en los que el fondo del asunto apenas cambia, pero sí lo hace la percepción de los jugadores implicados (en este caso contribuyentes y votantes). Si eso es lo que se busca, arañar unos votos, puede que el objetivo se cumpla; sobre el coste real y final de las hipotecas que pagan los españoles, hay mucho más que hablar.
El debate generado en España en las últimas 24 horas demuestra dos cosas: el mínimo conocimiento de los principios económicos más básicos de muchos políticos y tertulianos; y que Kahneman, Tversky y Thaler tenían razón cuando decían que debemos tener mucho cuidado con la forma en la que nos presentan la información, porque por debajo del envoltorio del lenguaje lo que se oculta es, en demasiadas ocasiones, sólo un intento de engaño.
Esto no quiere decir que la banca vaya a poder trasladar el 100% del impuesto al cliente de forma directa (con una nueva comisión) o en qué porcentaje lo hará. En realidad, esto es (casi) imposible de medir. Lo que quiere decir es que en la concesión de nuevas hipotecas, desde ya, las entidades financieras tendrán en cuenta el cambio legislativo aprobado por Sánchez y actuarán en consecuencia. ¿Cómo? Pues haciendo lo que siempre han hecho todos los empresarios del mundo: poner en una columna los costes asumidos (cantidad del préstamo, riesgos, costes de constitución) y en otra los ingresos necesarios para alcanzar la rentabilidad buscada. Si en la primera columna les ponen más costes y quieren mantener esa rentabilidad, pues de alguna forma tendrán que cobrárselo al cliente.
El cómo lo hagan dependerá de muchos factores: desde la competencia en el mercado hipotecario a la salud de sus balances, de cómo se solape el cambio en el AJD con los cambios que se anuncian en la Ley Hipotecaria o de cuál sea su tipo de cliente o el tipo de producto en el que es fuerte esa entidad (las hay más centradas en hipotecas, otras que ponen el foco en los fondos o en depósitos). Pero lo que está claro es que los agentes económicos, ya sean familias, empresas, bancos o políticos, actúan en función de las circunstancias que les rodean y del entorno en el que se mueven. Y una clave de ese entorno es la legislación.
La realidad
No hablamos sólo de una construcción teórica sin anclaje en la realidad. No hay más que ver lo ocurrido en el último mes para comprobar que la lógica de esta proposición es inexorable.
Por ejemplo, el pasado 18-19 de octubre, tras la sentencia de la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que este martes enmendaba el Pleno de esa misma Sala, los bancos reaccionaron con inmediatez. Aquella sentencia decretaba (como lo hace la nueva normativa que ha anunciado este miércoles Sánchez) que eran las entidades las que debían pagar el impuesto. ¿Y qué hicieron los bancos? En primer lugar, paralizaron la firma de hipotecas, algo lógico, dada la inseguridad jurídica que se generó: tenía sentido que se diesen unos días para ver quién era al final el obligado al pago del impuesto. Pero, además, hicieron algo mucho más significativo: dejaron de ofrecer hipotecas; de hecho, fue noticia que aquel viernes y durante el fin de semana las webs de varias entidades estuvieron caídas en lo que hace referencia a los préstamos hipotecarios. Esos días no había oferta. ¿Por qué? Pues está claro, porque, a la vista de las novedades los bancos estaban recalculando las condiciones que podían poner sobre la mesa a sus clientes.
Siguiendo la "doctrina Sánchez", las entidades no deberían haber hecho nada: por qué, si sólo cambia el pago del impuesto… en teoría el resto de condiciones deberían mantenerse igual. De esta manera, el presidente, cuando este miércoles le han preguntado en la rueda de prensa si pensaba que las entidades cambiarían sus ofertas a partir de ahora, ha dicho que esperaba que no y ha señalado a la competencia del mercado como mecanismo para evitar que trasladen el coste a los clientes. Pero lo ocurrido hace unas pocas semanas apunta exactamente en la dirección contraria. Aquel 18 de octubre los bancos supieron que tendrían que afrontar costes nuevos y comenzaron de inmediato los cálculos para repercutirlos a sus clientes (en realidad, lo más preciso sería decir que comenzaron a hacer cálculos para adaptarse a la nueva situación).
La segunda prueba de que el decreto anunciado en Moncloa hace mucho más ruido que nueces hay en su interior la podemos encontrar en los gráficos bursátiles de la jornada de este miércoles. En las últimas semanas, cada noticia sobre la sentencia del Tribunal Supremo ha generado enormes subidas y bajadas de la banca en la bolsa. Este mismo martes, por ejemplo, las entidades financieras del mercado español cerraban muy a la baja ante los rumores de que el Pleno de la Sala III respaldaría la sentencia de la Sección Segunda. Del mismo modo, el miércoles por la mañana se disparaban las cotizaciones de los bancos en la apertura, después de conocerse la decisión final (que se publicó el martes a última hora, con los mercados ya cerrados).
Sin embargo, tras la noticia de que Sánchez comparecía en Moncloa (y en ese momento ya se anticipaba el contenido de lo que diría) y tras las palabras del presidente, los movimientos en estos valores han sido los habituales en cualquier sesión. Ni un indicio de grandes subidas o bajadas. El anuncio no ha afectado apenas a los bancos. ¿Y eso? ¿El presidente anuncia un coste extra de 2.000-3.000 euros por hipoteca y el mercado no reacciona? Pues no, porque el mercado descuenta que ese coste no se quedará en la banca. Una cosa es una posible sentencia retroactiva, como se planteó el pasado 18 de octubre: en ese caso, el coste era muy elevado y dañino, porque hacía referencia a contratos ya firmados, sobre los que no se pueden cambiar el resto de las condiciones (tipos, comisiones, plazos). Pero sobre los contratos hipotecarios del futuro no hay ningún problema, porque los inversores saben que los bancos pueden adaptar (y lo harán) sus ofertas a la nueva realidad.
Las opciones
Llegados a esta situación, la única duda reside en saber cómo repercutirán los bancos este coste y cómo afectará en un mercado que, como el presidente ha recordado, es muy competitivo. Hay muchas opciones. La más evidente, la que todos tenemos en la cabeza, es una subida de los tipos de interés: así, una entidad que ahora mismo ofrezca el Euribor+0,9% (por ejemplo), podría pasar a Euribor+1,0%. Es un diferencial pequeño pero que le puede compensar por el sobrecoste. De hecho, no es descartable, ni mucho menos, que al final el cliente acabe pagando más, porque ese extra en los tipos a lo largo del contrato supere a lo que hasta ahora suponía el impuesto.
Otra alternativa es la de las comisiones de apertura. En los últimos años, habían bajado mucho (o incluso habían desaparecido) pero podrían volver a nuestras vidas igual que se fueron. El único problema para las entidades es que siempre están a expensas de que un juez, en el futuro, determine que estas cláusulas son abusivas o excesivas. Por muy claros que están estos costes o la redacción del contrato, las entidades financieras ya han experimentado en carne propia en los últimos años este fenómeno. Las razones argumentadas para tirar las cláusulas suelo no son muy diferentes de las que se podrían usar contra las comisiones de apertura. Pero para las entidades que quieran arriesgarse y publicitar un tipo más bajo, puede ser una opción: mantengo el 0,9% y subo lo que cobro por comisión de apertura.
La siguiente posibilidad es que las entidades mantengan los precios pero sean más restrictivas en la concesión de estos préstamos: pidiendo más garantías, exigiendo unos ingresos superiores a los clientes o dando un menor importe en la hipoteca en relación al precio de la vivienda. Algo de esto ya lo estamos viendo en los últimos años. Lo normal es que la tendencia se acentúe. Cuanta más inseguridad jurídica o más costes tenga que asumir el banco, más opciones hay de que sólo quiera contratar con aquellos clientes que le garantizan, casi al 100%, la devolución del préstamo (ésta es otra manera de obtener más beneficios: aunque se gana menos por cliente, también se reduce al máximo el riesgo de impago).
Al final, lo más normal es que cada banco se organice de una manera, en función de sus circunstancias. Lo lógico es que, según el cliente, el préstamo y la vivienda en cuestión, acuda a una combinación de todas las posibilidades apuntadas en los párrafos precedentes: ¿un tipo un pelín más alto, con una comisión de apertura algo más elevada y unos criterios de concesión de créditos un poco más estrictos?
De sofás y gasolineras
En este punto, tenemos que volver a Tversky, Kahneman, Thaler y al resto de maestros de la economía conductual. Y a todos los experimentos que han realizado con consumidores, precios, rebajas, ofertas y costes extras. Porque el hecho de que el fondo del asunto no cambie en lo sustancial, no implica que no vaya a haber cambios en lo accesorio. Por ejemplo, todos sabemos que cuando una tienda de muebles nos ofrece un sofá "con transporte y montaje gratuito" por 800 euros, en realidad estamos pagando ese transporte y montaje. No lo dice en ningún sitio, pero no hace falta: sabemos que el que paga el coste es el cliente y que la tienda hace un cálculo global (costes vs ingresos) para saber si le sale a cuenta. Pero incluso aunque lo sepamos, es un buen truco comercial hacernos un paquete completo del que tenemos la sensación de estar sacando un buen trato (y puede ser así, porque al cliente le costaría mucho más buscar y contratar el montaje por su cuenta).
Este ejemplo de las tiendas de muebles es bueno para el caso que nos ocupa porque también hay tiendas (normalmente más baratas) que no incluyen ese servicio de montaje o lo cobran aparte. Por ejemplo, Ikea. Si mañana el Gobierno aprobara una ley que obliga a todas las tiendas de muebles a asumir el coste del montaje de los mismos, ¿qué pasaría? Pues parece muy claro que subirían los precios en esas tiendas que ahora mismo no ofrecen el servicio. Que la ley les obligue a pagar de forma directa no quiere decir que no puedan cobrar más al cliente para cubrir ese nuevo coste.
Otro ejemplo, en este caso sobre cómo dos situaciones equivalentes pueden parecer muy diferente según cómo se presenten. Imaginemos una gasolinera que tiene el precio del litro de la gasolina a 1,4 euros y pone una oferta de 1,35 euros/litro a todos los que pongan más de 50 litros; ¿qué pasaría si esa estación de servicio pone el precio de partida a 1,35 euros/litro pero le añade un recargo de cinco céntimos a los que no consuman al menos 50 litros? La realidad económica es la misma; pero la reacción de los consumidores sería completamente diferente. Quizás lo que el Gobierno busca es eso: simplemente que el consumidor piense que no paga por algo que sí está pagando, aunque de forma encubierta. La forma de vender algo también es importante y en el equipo de Sánchez lo tienen claro. El gancho para el consumidor-contribuyente es clave: parecido a esas famosas ofertas de los "días sin IVA", que en realidad tienen IVA igual que los demás días del año. Lo único que ocurre en estos casos es que el precio de venta es un 21% más bajo: no deja de ser un descuento promocionado con un lema con tirón.
Por eso, en esta cuestión de las hipotecas, quizás lo más interesante y curioso no sea tanto discutir si los bancos repercutirán los costes (algo que tendrán que hacer si no quieren que se hundan sus beneficios) sino cómo lo harán. Para eso habrá que esperar a las próximas semanas. Y no descarten alguna campaña publicitaria del tipo: "Mantenemos las condiciones (tipos) anteriores al cambio legal y pagamos nosotros el impuesto íntegro". No sería para nada incoherente con lo dicho en este artículo: nos encontraríamos ante una entidad que trata de incrementar su volumen a costa de sus márgenes, una táctica comercial que se ha usado en millones de ocasiones en el pasado.
Dicho todo esto, que los bancos repercutan el coste al cliente no quiere decir, ni mucho menos, que el gesto del presidente no tenga su relevancia en términos políticos. Al igual que la llegada del Aquarius no cambió apenas nada en la política fronteriza (España sigue teniendo vallas y fronteras, sigue expulsando inmigrantes, sigue sin acoger a todos los refugiados que piden asilo…) pero sí logró el objetivo buscado: foto y titulares.
Del mismo modo, Sánchez toma esta semana la iniciativa con un cambio legal muy llamativo pero que, desde el punto de vista económico, en el fondo del asunto (el coste de un contrato hipotecario), apenas tendrá repercusiones. Por eso, Nadia Calviño, el sector financiero y Bruselas no podían estar más tranquilos este miércoles. De hecho, como apuntamos, las pocas consecuencias que tenga, en la comercialización y los costes de los contratos hipotecarios, ni siquiera está claro cuáles serán y cómo se sustanciarán.