La más que cuestionable gestión del debate sobre el impuesto de las hipotecas ha dañado también la imagen de Carlos Lesmes. Sin ir más lejos, la progresista Jueces y Juezas para la Democracia ha pedido este miércoles su dimisión. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, máximo representante de la judicatura, se ha pronunciado en la toma de posesión del general consejero togado Carlos Melón Muñoz como nuevo presidente del Tribunal Militar Central.
Más allá de su pensamiento –la situación ha provocado que rompa relación con el presidente Luis Díez-Picazo–, Lesmes ha defendido a los componentes de la Sala de lo Contencioso-Administrativo: "Ayer, en el Tribunal Supremo, por el Pleno de la Sala Tercera, se tomó una decisión en Derecho; participaron en la toma de decisión los 28 magistrados que forman parte del Pleno, que ayer podían formar parte del Pleno; todos ellos actuaron, y que no tenga dudas la sociedad, con absoluta libertad e independencia de criterio, tanto los que sostuvieron una postura como la otra, y lo que vinieron a resolver era una cuestión controvertida, como todos ustedes saben".
Según el presidente del Alto Tribunal, que negó en un primer momento que el Pleno fuera a corregir la doctrina emanada de la Sección Segunda, "la forma de resolver cuestiones controvertidas con trascendencia en el Tribunal Supremo, como en otros, es mediante la celebración de plenos jurisdiccionales. Estas son las reglas del juego en nuestro Estado de Derecho y, por lo tanto, de nuestra propia democracia. A veces se producen discrepancias y se resuelven votando. La postura de todos es legítima, tanto los que resolvieron en un sentido como los que resolvieron en otro sentido".
En cualquier caso, Lesmes admite que "las decisiones de los jueces son decisiones de poder público y, en cuanto tal, las decisiones del poder público están sujetas a escrutinio de la opinión pública, y por tanto de la crítica, que nosotros aceptamos".
Aunque el máximo representante de la carrera judicial señala al Poder Legislativo: "En el presente caso, se produce esta situación, como todos ustedes saben, por una falta de claridad en la ley. Durante 35 años, la jurisprudencia del Supremo y, por tanto, de muchísimos magistrados, ha venido interpretando la ley en un sentido. Se produce un cambio y se entiende, por parte del presidente de la Sala, que esta discrepancia frente a lo que se venía diciendo con anterioridad lo debería resolver un Pleno, obteniéndose una mayoría en un determinado sentido".
Lesmes cree que "las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, tienen una magnífica oportunidad, porque hay varios proyectos de ley en trámite que afectan a estas materias, para clarificar de forma definitiva quién tiene que ser el sujeto pasivo en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria. Se producen problemas de interpretación cuando las leyes no son claras; existe ahora la oportunidad de que la ley se aclare, se diga definitivamente quién es el que debe pagar y yo creo que nos debemos atener a lo que diga el Legislador, que en definitiva siempre es quien tiene la última palabra a través de la ley".