En 2013, el gobierno británico que encabezaba David Cameron anunció un plan inmobiliario enfocado en apoyar con dinero público a los compradores de vivienda. Conscientes del dinero extra del que iban a disponer sus clientes, los propietarios subieron precios con aumentos de entre el 18% y el 22%. Un programa pensado para facilitar el acceso a la vivienda terminó teniendo el efecto contrario.
Theresa May puso fin a la iniciativa Help to Buy, que expirará por completo en 2020 y pondrá fin a un experimento fallido que ha obligado a los dirigentes británicos a replantearse su estrategia en el terreno inmobiliario. Trasel fracaso de las políticas de estímulo de la demanda, llega el momento de promover el aumento de la oferta.
En esa dirección van las nuevas propuestas que baraja ya el gobierno tory. Todo ha surgido a raíz de una iniciativa del Institute of Economic Affairs, el think tank que en su día impulsó Margaret Thatcher y que hoy opera como el centro de estudios más influyente de la derecha británica. Dicha organización viene de presentar al gobierno un nuevo sistema de planificación urbana centrado en reducir el intervencionismo vigente en el mercado del suelo.
Los números respaldan esta forma de afrontar la situación. De 1967 a 1991, Reino Unido vivió la construcción de 5,7 millones de viviendas mientras la población creció en 2,5 millones de personas. Sin embargo, de 1991 a 2016 vemos que el número de domicilios subió en 3,5 millones, pese a que la población creció en 8,2 millones de habitantes.
Los informes de los expertos inmobiliarios de la London School of Economics respaldan esta tesis y apuntan que las trabas burocráticas que intervienen el mercado explican el 35% del encarecimiento de la vivienda. Si a ello le sumamos el insuficiente número de nuevas promociones, encontramos que hasta el 70% del encarecimiento de la vivienda tiene causas políticas.
Estas medidas intervencionistas hacen que los dividendos del sector se hayan disparado, hasta el punto de que las cinco principales empresas del sector han disparado por cuatro sus beneficios desde 2010. Los obstáculos de las Administraciones Públicas han terminado creando un mercado urbanístico insostenible, con precios cada vez más altos como resultado de las restricciones de oferta.
Está por ver si el nuevo sistema de planificación urbana que propone el IEA termina siendo implementado por el Gobierno,pero, pase lo que pase, las lecciones británicas deben servirnos también para el debate sobre el encarecimiento de la vivienda en España. Y es que, como ya explicó Libre Mercado, la oferta de nuevas promociones se ha desplomado un 86% en nuestro país.