Desde el comienzo de la presente legislatura, el gobierno de Estados Unidos se marcó como objetivo la simplificación del entorno normativo en el que se mueven las empresas. Para cumplir este propósito, el presidente Donald Trump fichó para su equipo a la prestigiosa jurista Naomi Raoy puso en funcionamiento una estrategia que, en apenas un año, logró eliminar o suspender la aplicación de 1.600 normas.
Superado el primer puerto de montaña, el equipo que encabeza Rao ha entrado en su segundo año de trabajo con ánimos renovados. De hecho, según los documentos que acaba de publicar la Casa Blanca, el curso 2017-2018 se ha saldado con 176 medidas desregulatorias que, de forma acumulada, ahorrarán 23.000 millones de dólares a las empresas del país.
Rao compareció ante la prensa para poner en valor los logros de su gabinete. "En la era moderna hemos visto que el Estado Administrativo ha expandido su poder de forma intensa, creando nuevas cargas a las empresas y limitando el crecimiento económico, la innovación tecnológica, la libertad de elegir de los consumidores… Esa evolución es contraria al imperio de la ley y también va contra los límites al poder que fija nuestra Constitución", lamentó.
Para favorecer el día a día de las empresas norteamericanas, la Administración Trump ha reducido con fuerza el número de regulaciones, cuyo coste está valorado en más de 100 millones de dólares. En la Era Bush, el promedio anual de este tipo de dictados era de 465, frente a los 647 de los años de gobierno de Barack Obama. Una y otra cifra se quedan muy por encima del número en el que se está moviendo el actual Ejecutivo: 229.
La clave para estos avances está en la Orden Ejecutiva 13771, firmada por Donald Trump apenas diez días después de su llegada a la Casa Blanca. Dicha norma exige que los distintos ministerios y agencias del gobierno federal eliminen al menos dos regulaciones por cada nueva norma creada. Además, la Orden Ejecutiva 13771 instaura también un "tope" al coste acumulado de las reglas emitidas anualmente desde Washington.
Pero, al margen de las cláusulas recogidas en la Orden Ejecutiva 13771, Trump también se ha comprometido públicamente a que el coste neto de las nuevas regulaciones sea muy inferior al ahorro generado con la eliminación de normas existentes. De momento, los números le dan la razón: este segundo año de gobierno, los costes adicionales son de 5.000 millones, frente al ya citado ahorro de 23.000 millones, lo que arroja una mejora neta de 18.000 millones.
Estamos, pues, ante la más ambiciosa agenda de desregulación que ha conocido el mundo desarrollado en las últimas décadas. Solo la provincia de British Columbia, en Canadá, presenta una evolución desregulatoria tan favorable como la que arrojan los dos primeros años de gobierno de Donald Trump. De hecho, si se comparan los números deTrump con los registros del anterior gobierno estadounidense, la diferencia es más que notable. Y es que, como muestran los estudios de la Fundación Heritage, los costes generados por las reglas de la Era Obama encarecieron en 122.000 millones de dólares el coste anual de hacer negocios en Estados Unidos.