Andalucía lleva bajo la batuta del PSOE desde 1978. Las políticas intervencionistas han dominado el panorama regional durante toda la democracia española. Pocos experimentos ideológicos pueden ser evaluados con tanto horizonte temporal como éste, y el resultado es pésimo. El próximo 9 de noviembre El Club de los Viernes presentará en Sevilla su informe Economía y política económica en Andalucía, que demuestra con una claridad meridiana cómo el socialismo es estancamiento económico y, en último término, miseria.
En el entorno de la Unión Europea, la comunidad autónoma de Andalucía es una de las regiones más retrasadas en términos de PIB per cápita y la octava con mayor tasa de paro. Todo ello con uno de los gastos públicos en relación con el PIB más elevados y un nivel de endeudamiento claramente superior.
En 1985, el PIB per cápita andaluz era un 26% inferior a la media española. Con los datos de 2017 en la mano, la distancia se mantiene. Cada habitante genera 18.470 euros en Andalucía, frente a los casi 25.000 euros que se producen a nivel nacional. Extrapolando esta cifra a Europa, la diferencia se agranda: el PIB per cápita andaluz es un 40% inferior a la media regional europea.
El intervencionismo ha generado un sistema económico obsoleto, inflexible y lleno de incentivos perversos que pagan los andaluces. Si comparamos la estructura productiva Andalucía con Madrid, ya observamos algunas diferencias elocuentes. Madrid, con un 22,5% menos de población, cuenta con 539.000 empresas -un 6% más que Andalucía-. Además, el porcentaje de grandes empresas sobre el total es 6 veces mayor.
La desigualdad es injusta. Especialmente la desigualdad por decreto. Estamos ante una región que mantiene un diferencial estructural de cuatro puntos porcentuales en términos de gasto público con respecto a la media española, que se enorgullece de ser líderes en inversión pública y que mantiene una administración paralela que supone más de 7.000 millones de euros al año y 23.800 puestos de trabajo duplicados. Para que se hagan una idea de la barbaridad de esta estructura, con estos recursos se podrían pagar holgadamente una subida de pensiones ligada al IPC -y sobrarían 2.000 millones- o bajar los impuestos sin mermar el Estado de Bienestar.
Todo un éxito de una política social que solamente busca un ejército de yonkis estatales que respondan ante la psicología del miedo: "Si hay cambio de gobierno, el pan de tus hijos queda en entredicho". En eso sí que es campeón el PSOE y sus políticas en Andalucía.
No es de extrañar el decimocuarto puesto logrado por Sevilla en el informe Doing Business de entre las 19 ciudades evaluadas. El elevado grado de burocratización, una fiscalización prohibitiva y un déficit formativo en la población alejan la inversión en la región. Andalucía supone un ínfimo 1,8% sobre la inversión extranjera en el país. En los últimos 3 años, el flujo inversor anual en España ha crecido un 38%. En Andalucía el descenso ha sido del 27,5%.
Para financiar este desproporcionado peso del sector público, los gestores autonómicos acuden al cuento de subir los impuestos. Lo que ellos llaman "asegurar el Estado de Bienestar" en realidad es convertir la región en un infierno fiscal.
Andalucía fue una de las tres regiones que no bajaron impuestos cuando lo hizo el Gobierno de la nación en 2015. Es la cuarta región en términos de presión fiscal -2,3 puntos porcentuales por encima de la media- y la segunda en términos de cuña fiscal para rentas altas. Un contribuyente sin hijos cuyo salario asciende a 30.000 euros en Andalucía soporta un IRPF de casi 5.000 euros anuales, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo de más del 3% frente al contribuyente madrileño.
Esta elevada fiscalidad es uno de los catalizadores más importantes a la hora de explicar el déficit público crónico que arrastra. El año 2017 se cerró con un déficit de 335 millones de euros, un 0,22% sobre el PIB. La región ha salido del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) durante el presente año, tras varios ejercicios cumpliendo sus compromisos de déficit con el Gobierno central.
El gasto público en Andalucía ha crecido 2 puntos porcentuales por encima del crecimiento del PIB y la deuda ya supondrá más del 13% del gasto total de la región en 2018. El Gobierno de España ha asumido casi el 75% de la deuda pública andaluza, 25.000 millones de euros en solamente 6 años. La desvinculación del FLA y posterior salida a los mercados financieros internacionales es una incógnita en el medio plazo.
Andalucía lleva años reclamando más fondos del sistema de financiación autonómica, cuando es la segunda región que más recibe. Los ingresos asociados al sistema de financiación son un 55% de los recursos a su disposición, y casi el 72% del incremento en ingresos desde el año 2014 se corresponde a mayores recursos provenientes de este modelo. Por ello, pedir un nuevo modelo de financiación con estas cifras es un ejercicio de demagogia política que solamente sus gobernantes, acostumbrados a despilfarrar sin asumir ningún coste político ni personal, podrían llevar a cabo.
En definitiva, estamos ante una economía burocratizada, compleja desde el punto de vista jurídico y dominada por el sector público. Andalucía no podrá avanzar bajo este modelo. La renta media por hogar en Andalucía se situó en 23.700 euros en 2017, un 14% por debajo de la media nacional y lejos de los 32.400 euros de Madrid. La tasa de desempleo estructural asciende a un diferencial de 14,5 puntos porcentuales con respecto a Europa.
Aún recuerdo una conversación reciente con un archiconocido economista socialista en la que afirmaba que esta región era la que más empleo había creado en los últimos trimestres, y que la evolución de la tasa de paro y del PIB per cápita es mejor que la de Mezzogiorno en los últimos años. Mostrar con orgullo cómo la región evoluciona mejor que una de las más pobres de toda Europa es un excelente ejemplo de hacia dónde quieren llevar la comunidad. Y yo, personalmente, creo que tanto Andalucía como sus ciudadanos se merecen ser comparados con potencias como Alemania, Irlanda, etc.
En definitiva, estamos ante un modelo que se muestra sobradamente fracasado en Andalucía. Y no ha sido por falta de tiempo para desarrollar el proyecto. Los andaluces tienen la oportunidad de votar por un cambio político que les saque de la servidumbre pública y acerque a la región a los niveles de calidad de vida y bienestar que merecen.
Daniel Rodríguez es consultor estratégico de multinacionales, autor del blog economistadecabecera.es y miembro del Comité de Dirección del Club de los Viernes.