No hay día que el Gobierno de Sánchez no idee un disparate nuevo. Con tal de alargar su estancia en La Moncloa, se ha echado en brazos de populistas e independentistas -los mismos con los que alcanzó la Presidencia mintiendo al decir que la censura era para convocar elecciones- para perpetuarse en el poder. Da igual que los Presupuestos se negocien en una prisión o que se flexibilice la actitud con el intento de golpe de Estado en Cataluña. Parece que todo vale para ganar tiempo.
Entre todas esas cuestiones, el Gobierno se ha atrevido a enviar a Bruselas un presupuesto bolchevique, donde incrementa el gasto de manera brutal e incrementa el déficit en medio punto, del 1,3% al 1,8% del PIB, con unas cuentas de la lechera en forma de potenciales ingresos que nunca llegarán, pues mortificar a los ciudadanos con más impuestos no sólo es inmoral, sino que, además, es ineficiente, porque hundirá la economía y el empleo y, con ello, la recaudación. Tantas veces equivocándose en ello, y la izquierda no aprende que si se suben mucho los impuestos cae lo que se recauda.
Pues bien, en una nueva vuelta de tuerca, ahora pretende incrementar las cotizaciones a la Seguridad Social, sangrando, especialmente, a dos grupos de cotizantes. Por un lado, los autónomos, los cuales, en su mayoría -más del 80%- cotizan por la base mínima, pues saben que lo que van a recibir a cambio de la Seguridad Social no les compensa y, de esta manera, disminuyen un poco la carga impositiva que sufren. A ellos, quiere el Gobierno subirles unos 50 euros la base mínima de cotización, nada menos que cerca del 20%, elemento muy negativo para estos trabajadores que cada día tienen que hacer muchas cuentas para poder salir adelante.
Y el otro colectivo al que pretende masacrar el Gobierno no es otro que el resto de la clase media profesional, quienes tienen un salario que rebasa la base máxima de cotización, a los que ahora quieren elevarles dicha base nada menos que un 12%. ¿Y qué supone eso? Pues que cada trabajador en esas condiciones -un millón y medio, aproximadamente- pagará el impuesto de las cotizaciones a la Seguridad Social sobre una base casi 500 euros mayor. Esto quiere decir que cada uno de estos profesionales pagará 29 euros más al mes a la Seguridad Social directamente, y la empresa pagará, por cuenta del trabajador, otros 144 euros más al mes; es decir, en conjunto, el pago a la Seguridad Social se elevará en 173 euros al mes.
Eso podría suponer un incremento de mayor pago de cotizaciones a la Seguridad Social muy por encima de 1.100 millones anunciados, casi el triple, de manera que, indirectamente, el propio Gobierno reconoce que va a darse una bajada de actividad y empleo que hará reducir ese incremento, pese a subir también las bases mínimas -por el efecto del incremento nocivo para la economía y, por tanto, para los trabajadores, del salario mínimo-. Así pues, una vez más, suben los impuestos para incrementar recaudación y lo que consiguen es acabar con la actividad económica y, a la larga, con los ingresos.
Esta subida de las bases máximas -cualquier día proponen el destope completo, lo que sería ya el acabóse- es una estafa por varias razones. En primer lugar, porque con ello no se soluciona el problema de las pensiones, que requiere de una reforma estructural profunda -de la que ya hablaremos próximamente-, sino que supone una medida que no sólo no servirá de nada, sino que será contraproducente y terminará, por caída del empleo, agrandando el agujero de la Seguridad Social. Además, aunque recaudasen la cifra que repiten de 1.100 millones más al año por la subida de las bases máximas, no compensan el incremento de déficit anual de la Seguridad Social, de 1.403 millones, incremento que ha reconocido el propio Gobierno a Bruselas.
Por tanto, no sólo no enjugará el déficit de la Seguridad, sino que mantendrá moribundo el sistema, enquistando el problema. La previsión de un incremento de más del 5% para el gasto de la Seguridad Social en 2019, motivado por el aumento del efecto sustitución de los salarios, el aumento del número de pensionistas y el IPC al que se va a ligar de nuevo, elevará el déficit de la Seguridad Social por encima de los 20.000 millones de euros, dando un paso más hacia el colapso del sistema, que ya parte de una deuda de casi 35.000 millones de euros.
En segundo lugar, porque el incremento de las bases máximas de cotización -así como del salario mínimo- destruirá actividad económica y, con ello, empleo. La AIReF estima que sólo el incremento de las bases máximas de cotización puede suponer un frenazo a la economía de una décima de PIB y de cerca de 40.000 puestos de trabajo. Con ello, la recaudación caerá, tanto en IRPF como en impuestos indirectos, como en cotizaciones a la Seguridad Social, con lo que, en lugar de paliar el déficit, se incrementará sobre la base de un país empobrecido.
Recordemos que las cotizaciones a la Seguridad Social suponen casi un 40% más del salario del trabajador, de manera que un mileurista, para llevarse 1.000 euros netos a su casa al mes, ha de generar un valor con su trabajo que compense casi el doble del salario, que es el coste que le cuesta a la empresa. Si las cotizaciones aumentan, el desfase será mayor, el coste superior y la contratación será menor.
Y, en tercer lugar, porque ya es escandaloso que los profesionales que tienen la base máxima de cotización coticen por 3.803,57 euros y puedan llegar a conseguir una pensión, la máxima, de sólo 2.580,13 euros brutos, es decir, 1.300 euros menos que el importe por el que cotizan. Pero es que, con la subida de las bases máximas del 12%, que no se dará en las pensiones máximas, esa brecha se ampliará: cotizarán por 4.260 euros, es decir, 486,4 euros más que ahora, y la pensión máxima sólo subirá un 1,6%, es decir, 41 euros, que supone menos de un 10% de lo que subirá la base de cotización máxima.
Eso supone un claro fraude a los contribuyentes y trabajadores que cotizan por la base máxima, puesto que todavía verán cómo la diferencia entre lo que cotizan y lo que recibirán como pensión es mayor, al subir la base y no moverse casi la pensión, de manera que el sistema de reparto se convierte en menos contributivo todavía, en un claro desincentivo al trabajo.
Por último, todos estos incrementos de impuestos harán que la economía sumergida aumente, el fraude se dispare, caiga la actividad económica y aumente el paro, con lo que la recaudación no subirá, sino que bajará, y el gasto se incrementará más, por mayor pago de prestaciones por desempleo. Esta propuesta del Gobierno es nociva, además de ser una auténtica estafa para muchísimos trabajadores y cotizantes, a los que, una vez más, la izquierda pretende dar gato por liebre al grito de igualdad y solidaridad, cuando lo único que traerán será injusticia, paro y pobreza.