La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha anunciado este miércoles que han "dado el paso" parasolventar el colapso de los juzgados de cláusulas suelo con medidas como imponer intereses sancionadores a los bancos que acudan a la vía judicial con el fin de dilatar las devoluciones a los clientes.
Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso, Delgado, que ha mostrado su compromiso por fomentar las reclamaciones extrajudiciales, ha destacado la importancia de esta "medida preventiva", en la que ya se está trabajando y que castigaría a las entidades que incurran en esta maniobra disuasoria, una vez quede probada su mala fe.
También ha reprochado al anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy por impulsar una decisión, la de habilitar sedes uniprovinciales especializadas en litigios hipotecarios, "que no fue debidamente evaluada" y que ha desencadenado una "avalancha" de demandas.
"Se dio café para todo el mundo sin estudiar las diferencias entre los territorios", ha lamentado la ministra, que ha apuntado la puesta en marcha de refuerzos tanto a nivel de jueces con la incorporación de 150 magistrados, como de los 120 nuevos letrados de la Administración. Una estrategia de carácter "paliativo" con el que se persigue, ha dicho, reducir los tiempos de respuesta en expedientes relacionados con cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, hipotecas multidivisas y gastos de formalización de una hipoteca.
Estas sedes comenzaron a funcionar en junio de 2017, cuando entró en vigor el plan de urgencia aprobado por el CGPJ ante el previsible aumento de demandas después de que meses antes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconociera la retroactividad para que los afectados por las cláusulas suelo abusivas recuperaran lo abonado de más desde el inicio de la contratación.
Desde entonces, tanto sindicatos como abogados, plataformas de consumidores y partidos políticos han manifestado su desacuerdo ante un método que, entienden, ha conseguido saturar las cargas de trabajo de los juzgados de primera instancia.
Precisamente el pasado miércoles, el CGPJ, Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas (País Vasco, Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Canaria, Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón y La Rioja) coincidían en la necesidad de mantenerlos a pesar de sus deficiencias.
Para paliarlas, el CGPJ se ha comprometido a elaborar un estudio exhaustivo en aquellas zonas que presentan una menor tasa de resolución, con el fin de adoptar medidas específicas y buscar soluciones para cada caso.
Seguirán reforzándose las secciones de las Audiencias Provinciales que ven este tipo de asuntos en segunda instancia, como ya se ha hecho en Alicante, Valencia, Madrid, Vizcaya, Jaén, Cádiz, Granada, Zaragoza, Barcelona y Badajoz.