El Tribunal Supremo se equivoca, dicho sea con todo el respeto del mundo. Lo ha hecho al fallar que el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) cuando se firma una hipoteca tienen que pagarlo las entidades financieras y no los prestatarios. Con ello, en la enésima intromisión de la Justicia en el sector bancario, se va a paralizar el canal del crédito y la economía se va a resentir de manera muy importante.
Puede que haya habido algunos abusos en el sector financiero, y que se haya engañado a algunas personas, pero no tanto como el populismo dice y como dicta lo políticamente correcto. Obviamente, si hay personas estafadas por recibir información engañosa con preferentes, con préstamos hipotecarios o con cualquier producto, debe denunciarse y restituirse al engañado, pero no es la generalización que se ha tratado de vender en los últimos años. Conozco a personas que llevan décadas invirtiendo en bolsa, en deuda pública, en preferentes y hasta en sellos que han reclamado y recuperado su dinero cuando eran plenamente conscientes de los riesgos que asumían. Insisto, es verdad que hay algunas personas, especialmente mayores, estafadas, a los que hay que proteger, pero lo que no se puede consentir es que se blinde ante una bajada de valor de las inversiones o un contrato de préstamo asumido al firmarlo a quienes eran plenamente conscientes de lo que hacían.
Esa generalización, como la referente a las hipotecas, a las preferentes o, ahora, a la devolución del AJD sólo consigue restringir el crédito, ya que los bancos exigirán más solvencia, elevarán el precio y repercutirán los costes que tengan que asumir a sus clientes, lógicamente. Eso provocará que muchas personas que antes reunían las condiciones para acceder a un préstamo, ahora no puedan hacerlo, y que quienes lo hagan tengan que pagar mucho más.
El crédito, concedido en condiciones ortodoxas, supone el motor que nutre a la economía para incrementar la actividad económica y el empleo. Si cae, con él se reducirá el crecimiento económico y se destruirán puestos de trabajo. Los primeros en perder su empleo serán los menos preparados, y se producirá un empobrecimiento generalizado de la sociedad.
Muchos festejaban la sentencia del Supremo, haciendo cuentas sobre la potencial posibilidad de que les devuelvan los impuestos pagados -retroactividad que no está clara- o de que no tengan que pagar ese impuesto en el futuro -es posible que no lo paguen, pero por el mero hecho de que con estas decisiones no les concederán endeudamiento alguno-. No se dan cuenta de que si el sector financiero se resiente, lo hace toda la economía, y no están los indicadores económicos como para afrontar un impacto negativo adicional de tales dimensiones, porque podríamos entrar de cabeza en una nueva crisis.
Tenemos al proteccionismo instalado en Estados Unidos, en guerra con China y veladamente con la UE; al Reino Unido en su laberinto del Brexit, que nos afecta a todos; a Europa entera con una desaceleración clara, y con unos problemas de inmigración, unidos a los problemas de populistas, nacionalismos y extremismos, y a unos gobiernos de poca talla. Si profundizamos en el caso español, todavía es peor, porque a lo anterior se une un gobierno extremadamente débil, en brazos de la extrema izquierda y de los independentistas, que ha diseñado un presupuesto que, si se aprueba, arruinará a la economía española.
Sólo faltaba deteriorar aun más con esta sentencia la seguridad jurídica de los negocios que se hacen en España, como si fuese una clara invitación, junto a esos presupuestos suicidas, para espantar inversiones, riqueza y puestos de trabajo. Parece que el Supremo, ante la tormenta que ha generado, va a someter al Pleno este asunto; esperemos que no apruebe la decisión de la Sala y que las aguas vuelvan a su cauce.