La sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre los impuestos de las hipotecas ha caído como un jarro de agua fría sobre el sector financiero, pero también tendrá consecuencias negativas sobre el mercado hipotecario.
El TS ha modificado su jurisprudencia y en una nueva sentencia conocida el jueves ha determinado que son las entidades bancarias las que deben abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria y no los clientes, como determinó en una sentencia previa del 28 de febrero de este mismo año.
La sentencia interpreta el texto refundido de la ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) y su reglamento y concluye que no es el prestatario el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de hipotecas (como su jurisprudencia anterior sostenía), sino la entidad financiera en cuestión.
Para ello, tiene en cuenta que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, "que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca". Esta decisión judicial abre la puerta a una nueva avalancha de reclamaciones en los juzgados, tal y como ya sucedió en su día con la anulación de las cláusulas suelo y la devolución de parte de los gastos notariales y registrales a la hora de formalizar una hipoteca.
La agencia de calificación crediticia Moody's calcula que el impacto que tendrá para los bancos la sentencia del Tribunal Supremo que les responsabiliza del pago de los impuestos de las hipotecas será superior a 4.000 millones de euros.
Así lo indicó en un estudio difundido el pasado mes de marzo, en el que estimó que, pese a la dificultad de calcular la magnitud del impacto, el coste excedería el importe total que el sector ha reembolsado a los clientes con motivo de las cláusulas suelo, que en el momento de la publicación de dicho informe ascendía a unos 3.500 ó 4.000 millones de euros, La agencia advertía entonces de que si el Supremo hacía responsables a los bancos y no a los clientes del pago de este tributo, las entidades estarían expuestas a reclamaciones a gran escala en busca de reembolsos de los impuestos hipotecarios abonados.
Desplome bursátil
Los bancos del Ibex 35 se despeñaban en Bolsa tras conocerse la sentencia. Al cierre de la sesión de ayer, las caídas ascendían al 6,69% para Sabadell, seguido de Bankinter, que lo hacía un 6,26% y de Bankia (-5,1%). Se da la circunstancia de que estas tres entidades son las que aglutinan hipotecas medias de importes más elevados, por lo que el riesgo de impacto podría ser mayor.
Por otro lado, CaixaBank se dejó un 4,53%, mientras que Santander (-2,04%) y BBVA (-2,69%) también terminaron en números rojos. Con estos desplomes, los seis bancos del Ibex 35 perdieron en total más de 5.463 millones de capitalización bursátil en una jornada.
Afectará a los futuros hipotecados
Sin embargo, la sentencia también afectará a los futuros hipotecados, ya que podría endurecer la concesión de nuevos préstamos, recuperando las comisiones de apertura, eliminadas ya por muchos bancos, así como incrementando los diferenciales de los tipos de interés para compensar este mayor coste.
Así, si bien beneficiará a los que ya están hipotecados, puesto que podrán reclamar los impuestos abonados, perjudicará a los españoles que, a partir de ahora, tengan que recurrir a un préstamo para comprar una vivienda. A la incertidumbre económica por la desaceleración de la economía y un nuevo escenario de tipos de interés más elevados se une un nuevo elemento que "contribuirá a la ralentización en la concesión de hipotecas", según la Agencia Negociadora
"Aún es pronto para evaluar el impacto en las cuentas de resultados de los bancos, ya que las reclamaciones han de ser individuales y posteriores a la fecha de prescripción del impuesto (cuatro años desde el pago del mismo), pero las entidades trasladarán inmediatamente los efectos de la sentencia a los precios de los préstamos". En 2017, se firmaron 429.082 hipotecas de un importe medio de algo más de 141.455 euros.
Hay que tener en cuenta que es un impuesto que recauda cada comunidad autónoma, que su tipo de aplicación varía entre el 0,5% y el 1,5% y que existen bonificaciones a dicho impuesto. Así se aplica el impuesto de Actos Jurídicos Documentados en función de la comunidad autónoma, lo que representa la base sobre la que se debe reclamar:
