La Cámara de Comercio de EEUU en España (AmChamSpain) ha rechazado el impuesto a los servicios digitales, conocido como la tasa Google, acordado entre el Gobierno y Podemos. En una inusual carta enviada al Gobierno de Sánchez, este organismo deja claro que no se puede cercar la economía digital y que ninguna revisión de los principios tributarios internacionales debería llevarse a cabo de forma unilateral, sino que debe consensuarse entre países.
"Cualquier solución debería aplicarse de forma integral al conjunto de la economía, estar basada en el impuesto de sociedades y, en tercer lugar, respetar los acuerdos fiscales internacionales y las obligaciones internacionales que de estos se desprende", señala la AmChamSpain.
Consecuencias para clientes y empresas
La organización que preside Jaime Malet afirma ser consciente del interés que tienen la OECD y las instituciones europeas en alcanzar una armonización de los principios fiscales internacionales y en la creación de un mercado único digital dentro del sector digital. No obstante, estima que tales objetivos únicamente podrán alcanzarse mediante los consensos adecuados a nivel internacional, en los que todas las partes interesadas puedan sentarse en la misma mesa.
La Cámara de Comercio de EEUU ha advertido de las graves consecuencias para la economía española y para los clientes de empresas como Google, Facebook o Amazon si el Gobierno socialista se empeña en llevar a cabo sus planes. "AmChamSpain entiende que sería razonable pensar que algunas empresas digitales podrían optar por modificar sus modelos de negocio en España e incluso, en última instancia, repercutir los nuevos costes legales, fiscales y de conformidad que representa el impuesto sobre los servicios digitales en los usuarios españoles. Algunas empresas tienen bajos niveles de rentabilidad y, por tanto, se verían obligadas a repercutir en sus clientes el coste de este impuesto propuesto", tal y como ha recogido El Mundo.
Por el lado de las inversiones la "AmChamSpain entiende que sería razonable pensar que la implementación de un impuesto a los servicios digitales no armonizado y unilateral en España podría congelar las inversiones de dichas empresas digitales en el mercado digital español, lo cual tendría un impacto directo en las cifras de crecimiento nacional, en la digitalización y en su ventaja competitiva a nivel internacional".