Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros de la UE, ya debe tener el documento en su bandeja de entrada. El primer Plan Presupuestario del Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado por los pelos. El día 15, la fecha límite que los estados miembros tienen para informar a la Comisión Europea de sus previsiones para el siguiente ejercicio.
Es pronto y todavía no se sabe lo que piensa el francés sobre las tablas, cifras y datos que su amiga Nadia Calviño le explicará en los próximos días. De hecho, probablemente nunca se sabrá cuál es su opinión real. Como mucho podrá intuirse detrás del edulcorado lenguaje diplomático bruselense. Si el comunicado de la Comisión dice que esperan "más esfuerzos" por parte del Gobierno, podremos pensar que mucho no le ha gustado. Si habla de "satisfacción" por la senda emprendida, quizás es que esté más o menos conforme.
También es cierto que nada de lo que se intuye detrás de las cifras dadas a conocer por el Gobierno debería sorprender demasiado a Moscovici: España mantiene las constantes vitales de los últimos años. Reducción del déficit: la mínima exigida y a regañadientes, sin apenas ningún ajuste por el lado del gasto y fiada por completo a una subida de impuestos impulsada por el crecimiento económico. Ninguna reforma de calado detrás de la que se insinúe un cambio sustancial en el modelo productivo: si acaso, podría haber dos contrarreformas en mercado laboral y pensiones que devolverían a la economía española al punto de partida precrisis.
Y eso sí, con una figura respetada en Bruselas (de Luis de Guindos a Nadia Calviño poco ha cambiado en este aspecto) para intentar convencer a los comisarios de que el compromiso es más sustancial de lo que aparentan las grandes cifras. Cuidado, que esto último es importante, política pero también económicamente. En realidad, si no fuera por esta última parte, la del ministro de Economía ortodoxo, que usa lenguaje conciliador y un tono poco guerrero, nada de lo realizado por los gobiernos españoles en los últimos años se diferenciaría demasiado de lo que pide desde Italia el Ejecutivo del Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte: básicamente se trata de estirar la cuerda del déficit al máximo pero sin que se rompa. Seguir pasando años con elevadísimos números rojos pero sin enfrentarse a Bruselas. Vender en casa que se gasta lo que se quiere, pero al mismo tiempo no salir de debajo del paraguas del Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión, que fuera llueve mucho y hace frío.
Déficit, reformas, ingresos…
El primer envite del Gobierno de Sánchez llega con el déficit. España lleva una década incumpliendo con el mínimo establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC): el 3% del PIB. No sólo eso: en ninguno de los últimos años se llegó siquiera al objetivo de déficit pactado con Bruselas a comienzos del ejercicio. Lo máximo que se logró (y en dos de los últimos diez años) es a cumplir con la último de las cifras renegociadas a mitad de año. Es cierto que de esto no se puede culpar al actual presidente del Gobierno, fueron José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy los que decidieron ignorar los compromisos adquiridos. Aunque, eso sí, desde el PSOE de Sánchez siempre se tachó de "austericida" este mínimo ajuste y se pidió más déficit.
Pero lo que sí estaba en la mano de Sánchez es lo que tiene que ver con el Presupuesto para 2019. Para el año que viene, la última cifra que se le había ofrecido a Bruselas era un déficit del 1,3% del PIB. Sigue siendo elevado, más aún tras una década de déficits acumulados y en un país que crece con fuerza desde 2013. Pues bien, no sólo no nos ajustaremos a ese nivel sino que ni nos acercaremos. El Gobierno ya anticipa unos números rojos del 1,8% del PIB. Medio punto más de lo comprometido… si todo sale bien. En realidad, para este mismo año 2018, ya le estamos diciendo a Bruselas que el déficit se irá al 2,7%. Eso con suerte, si se cumplen las previsiones de ingresos del Gobierno y la desaceleración en el último trimestre no ralentiza todavía más la economía. Al más mínimo problema, volveremos a estar rozando el límite del 3%.
Además, un Gobierno español vuelve a enviar a Bruselas un Presupuesto en el que apenas hay ningún ajuste por el lado del gasto, que crece con fuerza (casi 16.000 millones para el conjunto de las administraciones públicas). Como puede verse en el gráfico de la derecha, la corrección del déficit se fía por completo a un incremento de los ingresos histórico, de más de 26.000 millones de euros, un 5,1% más de lo previsto para 2018. Es una cifra burbujística, propia de ejercicios con un crecimiento mucho más intenso que el 2,3% del PIB (4,1% en términos nominales) que el Gobierno anticipa para el próximo año.
¿Es imposible conseguir esa recaudación extra? No, pero tampoco será nada sencillo. Por ejemplo, de 2016 a 2017, creciendo por encima del 3%, la recaudación del conjunto de las administraciones públicas creció en 20.000 millones. Y este año, con un crecimiento también superior al previsto y una recaudación más elevada de la que se pronosticó en los Presupuestos, el Gobierno espera un incremento de 25.000 millones. Para el año que viene, pese a la ralentización, se sube la apuesta en lo que hace referencia a los ingresos. Desde Hacienda se recuerda que hay previstas varias subidas de impuestos y la creación de nuevos tributos que, calculan, pueden incrementar la recaudación en casi 6.000 millones de euros: aunque la historia nos dice que las previsiones de ingresos de los nuevos impuestos casi siempre son mucho más optimistas que las cifras finalmente obtenidas de los mismos.
Además, para completar ese incremento de recaudación, se espera mucho del efecto crecimiento económico. No hay más que ver, por ejemplo, el cuadro de incremento de recaudación previsto para los PGE (deja fuera lo que tiene que ver con comunidades autónomas y municipios). El informe enviado a Bruselas anticipa un crecimiento de 11.724 millones de euros en ingresos: de esta cifra, más de la mitad (6.413 millones) llega por la mejora del ciclo económico, unos 3.800 millones por las nuevas figuras impositivas y 1.500 millones por las tasas e ingresos no tributarios. Casi todo fiado, de nuevo, a que no se tuerza el crecimiento o no haya un shock externo inesperado.
A todo esto se añade un panorama en el que las reformas estructurales, ésas que Bruselas exige cada seis meses a los países miembros de la Eurozona, brillan por su ausencia. El Gobierno de Sánchez no ha presentado nada al respecto. Ni se le espera. Con la mayoría parlamentaria cogida con alfileres, parece muy complicado que haya algún avance ambicioso al respecto. De hecho, lo único que se anticipa es una marcha atrás (en el tiempo y en los criterios que marca Bruselas): dos de las reformas más queridas por la Comisión, al menos según los elogios recibidos en los informes oficiales del organismo, quedarán derogadas si se cumplen los planes del Gobierno. Hablamos de la reforma laboral de 2012 y la de pensiones de 2013.
De Madrid a Roma
Con este panorama, la principal baza que le queda por jugar al Gobierno ante sus socios comunitarios es la comparación. La distancia que va de Madrid a Roma y del lenguaje casi bélico del Gobierno italiano al mucho más contemporizador del español. La carta de Calviño y su credibilidad, ejemplificada en ese escenario macro de los Presupuestos, lo más ortodoxo y conservador de las cuentas públicas para el año que viene.
Cuidado, que aparentar ser el alumno responsable no es una mala jugada. No en Bruselas. La desaceleración de la economía mundial ya se da por hecha. Y Europa llega a ese momento con muchos deberes pendientes y numerosos frentes abiertos. Lo último que le interesa ahora a la Comisión es otro choque con un Estado miembro. Como decíamos antes, España lleva una década ignorando los compromisos adquiridos con el déficit. Por qué no, pensará Sánchez, un par de años más. Política frente a ortodoxia económica y pactos adquiridos: en la capital comunitaria casi siempre gana la primera.
Además, como se han encargado este lunes de recordar en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, al bajar del 3% de déficit en 2018, España sale del brazo correctivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y pasa al procedimiento preventivo. Ni aquel era correctivo (no hay más que ver cómo sale nuestro país de una década de incumplimientos) ni cambia mucho la situación, pero desde un punto de vista político (de nuevo la política) sí habrá más margen de maniobra.
Al final, lo que queda es un Presupuesto en el que, de nuevo, España se la juega a cuadrar la carambola. Si todo sale bien, si los ingresos suben según lo previsto, si los nuevos impuestos recaudan lo pronosticado (algo que casi nunca ocurre), si la desaceleración de la economía mundial se queda en un amago, si no hay ningún shock externo inesperado, si las administraciones públicas no deciden ignorar los requerimientos de Hacienda en un año electoral, si el gasto en intereses no se desboca en la nueva situación de los mercados… Si todo encaja, España acabará el año con un déficit cercano al 2% del PIB, de nuevo entre los más elevados de la Eurozona. ¿Y si algo se tuerce? Para esa pregunta no hay respuesta, ni margen de maniobra. Volvemos a ir al límite de lo que nos concede Bruselas y de la paciencia de nuestros socios comunitarios. En 2010 y 2012, cuando las cosas se torcieron, nuestro país estuvo al borde del precipicio de la quiebra. Hace ya seis años y nadie parece recordarlo.