PSOE y Podemos han preferido no pararse a concretar la subida de impuestos al diésel en el pacto que presentaron ayer jueves para aprobar los Presupuestos. La idea inicial de Pedro Sánchez era igualar la tributación del gasóleo a la de la gasolina con el objetivo de penalizar la capacidad contaminante de este combustible.
Según los cálculos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta medida supondrá un coste de 3,3 euros al mes para el consumidor que realice unos 15.000 kilómetros al año, por lo que se trata de una medida muy impopular que afectará a millones de conductores. El objetivo de los socialistas con este incremento impositivo es recaudar 2.100 millones de euros.
Pero ninguna de estas cifras aparece en el texto de ambas formaciones políticas. De hecho, la única referencia al diésel en sus 50 páginas se produce en el apartado 10.7 titulado Impulso a las energías renovables y a la movilidad eléctrica. En uno de los párrafos explican lo siguiente:
Poner en marcha un plan de ayudas económicas para el vehículo eléctrico, estable e ininterrumpido hasta el año 2020, evitando así que las ventas se concentren en momentos determinados y/o queden paralizadas hasta la aprobación de nuevas ayudas, como sucede actualmente. El plan contará en el año 2020 con al menos el 30% de la mayor recaudación del impuesto del combustible de los vehículos diésel producida por el cambio normativo para dichas actuaciones.
Esto significa que los impuestos que se recauden con la subida del diésel en 2019 tendrán como destino subvencionar al vehículo eléctrico. Estas ayudas serán "estables e ininterrumpidas" hasta 2020.
El efecto directo de esta medida será que los contribuyentes que tengan mayores dificultades para comprar un coche nuevo, es decir, las rentas más bajas, sean los que tengan que costear la compra de coches eléctricos a los conductores de mayor poder adquisitivo.Esta realidad contradice los principios de justicia social que tanto se esfuerzan en proclamar tanto el PSOE como Podemos.