El documento que exhibieron el pasado jueves el ejecutivo de Pedro Sánchez y Podemos constituye un programa de gobierno, cuyo contenido en materia económica y presupuestaria volvería a situar a España al borde de una nueva crisis, tras cinco años de crecimiento y creación de empleo.
Lo primero que evidencian socialistas y podemitas con este particular plan es que no han aprendido ni una sola de las grandes y dolorosas lecciones que dejó tras de sí la llamada Gran Recesión y, en segundo término, que Sánchez está dispuesto a todo, incluso a pactar con el diablo, con tal de mantenerse en el poder, aún a costa del bienestar del conjunto de los españoles.
El acuerdo en cuestión avanza una serie de medidas fiscales y reformas, a cada cual peor, que, en caso de llevarse a cabo truncarían la recuperación económica en curso, especialmente si se tiene en cuenta la creciente incertidumbre y debilidad que atraviesa la actual coyuntura internacional. Para empezar, PSOE y Podemos yerran por completo en su intención de disparar el gasto público. España es, hoy por hoy, el país con más déficit de la UE, al tiempo que acumula una deuda próxima al 100% del PIB, la tasa más alta desde principios del pasado siglo. Así pues, elevar el gasto dañará la ya de por sí delicada solvencia estatal. Pero es que, además, gastar por gastar tampoco mejorará los servicios públicos ni, mucho menos, ayudará a reducir la manida desigualdad de rentas que tanto critica la izquierda. El aumento de la desigualdad en España durante la crisis fue fruto del brutal incremento del paro, siendo la creación de empleo, gracias a una mayor flexibilidad laboral, la única receta verdaderamente eficaz para reducir dicha brecha.
Por otro lado, la histórica subida de impuestos que incluye el citado programa golpeará al conjunto de los contribuyentes y dañará el crecimiento económico. El nuevo hachazo tributario a las empresas se traducirá en un menor margen para invertir, contratar y subir sueldos; el incremento fiscal a las rentas altas ahuyentará el capital; los nuevos impuestos al diésel, a servicios digitales y transacciones financieras afectarán de lleno a las clases medias; y la fuerte subida de cuotas que sufrirán los autónomos incentivará aún más, si cabe, la economía sumergida.
En materia laboral, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros al mes, lejos de beneficiar a los trabajadores, perjudicará a los menos cualificados, a todos aquellos cuya productividad no alcance el nuevo umbral fijado artificialmente por el Gobierno. Asimismo, dificultará la búsqueda de empleo a los más de 3 millones de parados que todavía acumula el país, siendo, por ello, una medida profundamente lesiva y perniciosa. La derogación de la reforma laboral y la subida de las cotizaciones al 80% de los autónomos, al ligar la tributación a los ingresos, lastrará, sin duda, la creación de puestos de trabajo, haciendo crónica así la lacra del paro.
Lo mismo se puede decir de las pensiones, cuya subida en función del IPC tan solo agravará la insostenibilidad financiera del modelo de reparto. El agujero de la Seguridad Social ronda los 20.000 millones de euros al año y este tipo de medidas electoralistas, cargadas de demagogia, agrandarán mucho más este colosal déficit. La idea de limitar los precios del alquiler, por su parte, acabará generando escasez de pisos, especialmente en las zonas de las grandes ciudades donde se requiere un urgente y sustancial incremento de la oferta. Igualmente, la elevación de las primas a las renovables amenaza con hinchar una nueva burbuja verde, cuya factura acabarán pagando todos los consumidores a través de la subida de la luz.
En definitiva, PSOE y Podemos han acordado un programa electoral que cae en todos y cada uno de los graves errores económicos y fiscales cometidos en el pasado, los mismos que condujeron al país al borde del abismo con Zapatero al frente. Ahora no será diferente. A igual receta, idénticos resultados.